Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
05 de agosto del 2021.
Grupo Chedraui cierra verificentros y despide a empleados, gracias a las políticas de Cuitláhuac García
Triste observar que el tema de verificentros en Veracruz ha sido una ilegal pugna entre empresarios, a quienes no se les respetan sus derechos como propietarios de concesiones y el Gobierno Estatal necio, que pretende controlar toda la operatividad de éstos, queriendo colocar a los dueños de verificentros como empleados. Y varios de estos centros eran propiedad del Grupo Chedraui, quienes en lugar de pelear jurídicamente este tema, decidieron cerrar cuatro centros y dejar sin trabajo a decenas de empleados, cuando el estado vive su peor época de parálisis gubernamental y de desarrollo, sin fuentes de trabajo.
Con base a declaraciones a medios de comunicación, por parte de administradores contratados por Grupo Chedraui, aseguraron haber cerrado estos verificentros por ser incosteables y esta decisión fue tomada por los dueños y directores de la familia Chedraui, desmantelando la estructura y aparatos de los centros de Xalapa y están en proceso de cierre en municipios como Veracruz, Coatzacoalcos y Córdoba.
La inversión de estos verificentros, tomando en cuenta cada línea, con un costo de dos millones de pesos y cada centro contaba con tres a cuatro líneas, esto aunado a la infraestructura del lugar, rentas, pago de servicios, salarios, prestaciones, cuotas al seguro social, impuestos y moches, siendo una fuerte inversión hecha por estos empresarios, calculando más de $30 millones de pesos tirados a la basura, por la incapacidad del Gobierno de Cuitláhuac García, al no llevar un programa efectivo de verificación en el estado, por parte de los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente en Veracruz.
Y sobre el tema de moches, es una actividad cotidiana en esta administración estatal, que se autoelogia llamándose “Los Honestos e impolutos”, cuando en realidad, obligan a los dueños de verificentros a pagar sobornos y moches, para seguir operando los centros de verificación. Funcionarios de SEDEMA en esta administración de MORENA, piden sobornos, extorsionando al concesionario y estos moches fueron entregados a la extitular de SEDEMA Roció Pérez Pérez y a la dependencia federal PROFEPA.
Se contabiliza de diez a doce empleados, por cada verificentro, quienes se quedan sin trabajo y muchos no fueron liquidados. Y Grupo Chedraui pudiendo acogerse al Artículo 14 Constitucional, no confían en el recurso de amparo, pues existe el “rumor” de que los jueces federales tienen la encomienda de negarlos.
Grupo Chedraui está perdiendo millones de pesos y prefieren parar las actividades, que seguir perdiendo más dinero, esperando se normalice esta situación, pues desde marzo detuvieron el servicio. Con base a lo expuesto, la intención de esta pugna es quitarles las concesiones a los empresarios y el Gobierno Estatal de MORENA adjudicáselas para sus mismos funcionarios, sin entender por qué no se está aplicando la ley, en evidentes actos de corrupción.
Analizando a profundidad, la corrupción está en la Secretaría de Medio Ambiente, protegida por el Gobierno de Cuitláhuac García. Y la rentabilidad de los verificentros, de acuerdo con las normas oficiales, manejado por particulares sin intervención del gobierno estatal, ha sido un buen negocio, pero desde adentro, también existe corrupción dividiendo a grupos contrarios, unos pagando moches, trabajando en la ilegalidad y otros defendiendo su patrimonio.
Hoy, el programa de verificación está secuestrado por la SEDEMA y el Gobierno de Cuitláhuac García, quien quiere tener el control, sin importarle la afectación a los usuarios de Veracruz. No se está cumpliendo a cabalidad, por la ignorancia de los funcionarios estatales, gracias a su avaricia, siendo el propio gobernador quien pidió la renuncia de Roció Pérez Pérez, por evidentes actos de corrupción y beneficio personal.
Por último, en marzo pasado, dueños de verificentros se manifestaron en Palacio de Gobierno, llevando conos de huevos y regalando estos a personas que pasaban por el lugar y a los propios funcionarios. En esa ocasión se unieron todos los dueños de centros de verificación, para después hubo represalias en contra de ellos. Un grave problema, que los únicos afectados son los usuarios.
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