Cuánta diferencia. El gobierno federal está a punto de dar una severa lección de experiencia y de oficio político al del estado; lo mismo la mesa directiva de la Cámara de Diputados a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local.
Una de las tres grandes reformas constitucionales que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador es la Reforma Política –las otras son la Reforma Eléctrica y que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pero a nivel federal, el operador para tratar de sacarlas adelante en la Cámara de Diputados, veracruzano de Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la nueva LXV Legislatura, acaba de anunciar que para la electoral realizará un amplio análisis nacional, plural, para escuchar todas las voces posibles.
La medida podría allanarle el camino para que alcance la mayoría calificada de votos, 334 de 500, que la diputación de Morena, sola, no tiene y que no logra alcanzar aun con sus satélites el PT y el PVEM. Hasta ahora su mira está puesta en la bancada del PRI para lograrla.
El paso anunciado por Gutiérrez Luna podría dar lugar a una negociación con la oposición e incluso alcanzar consenso con todos los partidos que la integran.
El viernes, en Chihuahua, luego de participar en el Foro Nacional Balance Electoral de 2021, con miras a las elecciones que habrá en 2022, 2023 y 2024, expresó que la ruta para analizar la reforma debe recoger diversas visiones y propiciar un diálogo abierto entre diferentes actores, no solo entre partidos políticos y legisladores.
Dijo que en el análisis deben participar integrantes del Poder Judicial federal y locales, el Instituto Nacional Electoral, litigantes en la materia, así como excandidatos hombres y mujeres, pues “todas las experiencias serán valiosas y entre más pluralidad haya para conformar una norma, más legitimidad, garantía y seguridad prevalecerá”.
“Es importante escuchar las reflexiones más plurales posibles. Si bien hay visiones válidas de la judicatura electoral, es importante nutrirlas con perspectivas de la academia, del Legislativo y litigantes; esa debe ser la ruta en la Cámara para la reforma electoral”, opinó.
Aseguró que el derecho electoral se ha creado en los tribunales, más que en las leyes, que solo dan un parámetro para la interpretación de los órganos jurisdiccionales, y que “las leyes quedan rebasadas frente a la realidad social y política”, por lo que es responsabilidad de las y los diputados hacer adecuaciones para adaptar la norma a la realidad; “por eso, la importancia de la interlocución”.
Pretenden, pues, actuar en forma correcta, no dándole la espalda al pueblo y con el operador adecuado. Bien dice el dicho que para que la cuña apriete debe ser del mismo palo.
El cuitlahuismo hizo todo en lo oscurito
De espaldas al pueblo y a su representación en la llamada más alta tribuna del estado, el 12 de mayo de 2020 el cuitlahuismo presentó, de último momento, una iniciativa de Reforma Electoral que su bancada aprobó al vapor, primero en la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales y luego en el pleno, sin respetar el término mínimo de 48 horas que se requería para que los diputados lo conocieran y analizaran con detenimiento. Se trató de un verdadero albazo legislativo, fuera de la ley, porque se violó el principio de deliberación parlamentaria. La iniciativa no se dio a conocer oportunamente a ningún legislador, ni siquiera a los de Morena.
Desde el palacio de gobierno actuaron como si se tratara de un hecho delictivo porque actuaron en forma subripticia. Era una reforma que no atendía al interés de los veracruzanos y por lo mismo no se les consultó, ni a los partidos políticos ni a sus representaciones legislativas.
Lo pagaron caro. La oposición la impugnó y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la echó abajo. Fue un palo tanto para el gobernador Cuitláhuac García Jiménez como para el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín. Ahora, desde el altiplano, les van a enseñar cómo se hace.
Cuitláhuac destapó a Rocío Nahle ante su equipo
Fuentes internas de la administración estatal comentaron al columnista que recientemente el gobernador Cuitláhuac García Jiménez enfrió a todos los acelerados de su equipo de gobierno que se creen candidateables para la gubernatura, al reunirlos y decirles que el presidente López Obrador ya determinó que la señora Nahle sea la candidata.
El anunció habría desquiciado a varios, quienes dijeron que de todos modos van a seguir trabajando en su aspiración “por si algo se presenta”. Uno de los más rebeldes a aceptarlo sería el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García.
El comentario adentro es que el subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero Pérez, como reacción, tomó la decisión de empezar a acercarse a actores políticos de Morena y de otros partidos con la intención de formar su propio partido político para buscar su postulación a un cargo de elección popular, o, en última instancia, para integrar un grupo con el cual hacer presión para que en el próximo gobierno le den posiciones en la administración pública y en el Congreso local.
De acuerdo a las fuentes, otra determinación tomada desde el altiplano es nombrar a un presidente formal del comité estatal de Morena, que no será Esteban Ramírez Zepeta. El cambio se hará el próximo año.
Pero también fuentes políticas de la Ciudad de México, que merecen crédito, dijeron al columnista que la propia señora Nahle ha comentado en círculos de políticos de Morena que mantiene un acuerdo con el senador con licencia y alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued, pues el presidente habría dicho que si ella no resulta candidata a la gubernatura, entonces será él.
Pero esto apenas empieza. Mucha agua ha de correr bajo el puente todavía. Por lo que hace al gesto de Juan Javier Gómez Cazarín con la alcaldesa electa de Veracruz Paty Lobeira, el martes de la semana pasada, podría inscribirse en la decisión que se habría tomado ya de invitar al gobierno estatal a políticos de otros partidos, como lo hizo el presidente López Obrador con los gobernadores salientes de Sinaloa, Quirino Ordaz Copell, del PRI, y de Nayarit, Antonio Echavarría García, del PAN.
