La venta de las 15 plantas que la empresa española Iberdrola defendió hasta la muerte, como propias, comprando presidentes y legisladores, ahora las malbarata. La empresa que empobreció a miles de españoles con sus tarifas eléctricas ahora huye de México, con injustificada prisa.
La urgencia de salir de México y la necesidad de vender sus plantas es totalmente injustificada, carece de razón lógica a menos que los rumores sobre su complicidad con algunos actores del pasado sean ciertos.
Recordemos que, en 2016, Felipe Calderón se integró a esa empresa como miembro independiente del Consejo de Administración de Avangrif, filial estadounidense de Iberdrola. Tampoco puede olvidarse que durante el sexenio de Calderón, Iberdrola fue una de las empresas más beneficiadas por contratos energéticos en México.
Iberdrola podría salirse del mercado eléctrico mexicano ante una presunta incertidumbre jurídica, que así le llaman al cambio de ministros en la Suprema Corte, donde ya no podrán sostenerse los amparos que les permitía una serie de anomalías, desde los atentados a la naturaleza hasta el uso de materiales prohibidos y exclusividad de contratos de sus acostumbradas fechorías.
Así, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que “hay otras empresas que quieren participar”, y se revisará la situación de la empresa española debido a que saben que aún preparan inversiones en el país.
Seguramente la empresa española tendrá que negociar algunos de sus puntos oscuros con la actual administración para quedarse, mientras discretamente le pone precio a su venta de garaje del 55 por ciento de su negocio, todo por 103 mil millones de pesos. Los tiempos cambian mientras que la voracidad de la empresa española no cede ante las ganancias que intenta obtener. A causa de esta situación fue necesario hacer un poco de historia que explicara la necesidad de Iberdrola de irse de México.
En 1992, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se hizo un cambio en la ley llamada “Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica”, en la que se mencionaba que “no podía haber generación privada de energía eléctrica. Pero para darle la vuelta a esta ley en la Constitución se agregó un artículo que decía “lo que no es servicio público” y una serie de opciones que permitían la inversión privada de energía en México.
Todo con el objetivo de privatizar paulatinamente lo que es del pueblo y adelgazar lo más posible las responsabilidades del Estado, en detrimento de la economía de la población y en favor de las ganancias de particulares, que fue el estilo personal de gobernar de Salinas de Gortari quien disfrazó sus intenciones a través del llamado “autoabasto” que solicita que lo que se consuma en energía eléctrica, sea lo que se genere por su cuenta, que dio origen a un sistema que se llamó “Sociedades de autoabastecimiento”, el cual permitía que una empresa privada generara energía, pero ésta era comprada por otra empresa en otro lugar, lo cual estaba prohibido.
Todavía varias empresas se manejan en el mismo sistema de “Sociedades de autoabasto”, como el caso de Iberdrola, así como de otras compañías y quienes vendían la energía que les “sobraba” a clientes, pero a través del uso de cables de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad sin pagar o pagando muy poco. Es decir, se pagaba con dinero público la producción y ganancias de una empresa privada.
Todo con la aprobación de los funcionarios públicos en turno, desde el presidente hasta el director general de CFE.
La última reforma eléctrica fue durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en la que se propuso a las empresas que no se querían regularizar bajo el mercado eléctrico, tenían la opción de vender sus plantas al Gobierno de México a través de Banobras.
En 2023 el gobierno mexicano adquirió 13 plantas generadoras de energía de la empresa española con el fin de que CFE tuviera el 54% de la generación eléctrica del país. El resto, o sea el 46 por ciento, tiene garantizada la certeza jurídica, lo que no tiene es a los mismos jueces de antes, cambio que no le conviene a Iberdrola, por eso apoyó hasta con dinero, las protestas contra la reforma judicial.
La multinacional eléctrica española vendió a finales de febrero de 2024, trece centrales de generación de ciclo combinado y un parque eólico con el gobierno de México por 6,200 millones de dólares, lo que supone la venta del 55% del negocio en el país, lo que consideró el entonces Presidente, que se trataba de una verdadera expropiación. Serán tiempos en los que todavía Iberdrola imponía precios que se aceptaron para tener autonomía sobre la distribución de energía eléctrica. En esos días la oposición que dice saber todo y nada está bien, en el gobierno, para sus integrantes afirmó que la adquisición tenía un sobreprecio, que asumió, con gusto el gobierno mexicano porque sabía que redituaría una recuperación a corto plazo. Ahora, la empresa española remata sus plantas. Los tiempos cambian, los presidentes también y las condiciones de la inversión extranjera tienen firmeza y certeza.
A pesar de que hay certeza jurídica, ratificada por la propia Presidenta, tanto en su financiamiento como en su producción de gas natural y con energía renovable, Iberdrola no sólo se va, huye.
Ante la posibilidad de la falta de certeza jurídica la Presidenta fue muy clara al decir: “No tendría por qué, porque están muy claras las reglas actuales para que puedan desarrollarse. Lo que sí estamos pidiendo, es que las empresas de autoabasto se pongan en regla y hay una mesa para que lo puedan hacer porque siguen siendo ilegales”, comentó.
Con esto se muestra y demuestra que la verdadera oposición eran las empresas extranjeras que tenían en los funcionarios públicos del pasado a sus gerentes y fieles servidores.
A final de cuentas Iberdrola se quedará en México, sólo venderá la chatarra, pero mientras eso sucede desacreditó la certeza jurídica que tiene México para la inversión extranjera. Aunque tenga ministros imparciales la Suprema Corte, a Iberdrola le sigue siendo atractiva su presencia en México, es decir, gana dinero de los mexicanos.
PEGA Y CORRE.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, autorizada por un juez del Poder Judicial, destinó a los ciudadanos vulnerables los bienes incautados por delincuentes productos asegurados borregos en brazos, costales de alimento, fertilizantes paquetes de carne y pollo marcaron el inicio de la distribución social de los bienes incautados a criminales en la Operación Liberación, esta distribución se inició en el municipio de Ixtapan de la Sal … Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
