- Sin plan de remediación, ni atención a la salud tras emergencia química
- Acusa Greenpeace de irresponsables a autoridades sanitarias y de medio ambiente
Ciudad de México.- A seis meses de la letal explosión registrada en la planta Clorados III del complejo Pajaritos de la firma Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), operada por Mexichem y Pemex, no ha habido sanciones y ninguna autoridad ni las empresas han dado una explicación sobre las causas del siniestro, que además de víctimas mortales y cientos de heridos, liberó sustancias altamente tóxicas en el ambiente.
Pocos días después de la emergencia química ocurrida en abril, Greenpeace realizó un análisis de contaminantes, el primero en su tipo en el país. El reporte Pajaritos, una bomba de tóxicos (1), publicado en junio documenta la presencia en agua de al menos 59 químicos orgánicos aislados (2), entre ellos algunos considerados de alto riesgo y cancerígenos como el Dicloruro de Etileno (EDC) (3), así como la existencia de otras sustancias tóxicas conocidas como dioxinas y furanos sujetas –al menos en el papel- a estrictas regulaciones en México.
La legislación exige a los emisores de dioxinas informar cualquier cantidad de esta sustancia que sea liberada al medio ambiente (4). Sin embargo, en México, no se analiza el impacto en las personas y en los ecosistemas por la exposición a dioxinas y furanos, pese a que son sustancias incluidas en el Convenio de Estocolmo por su peligrosidad (5).
“Las autoridades federales, estatales y las empresas siguen actuando con impunidad y negligencia. ¿Dónde están los resultados del supuesto estudio de salud que en mayo prometió el Secretario de Salud estatal, Fernando Benítez? (6); ¿Dónde están las recomendaciones que daría a la población? ¿Por qué Mexichem, Pemex y la PGR siguen sin dar una explicación de la explosión?; ¿Dónde está la ‘investigación a fondo’ que anunció el director general de Pemex, José Antonio González Anaya? (7); ¿Quiénes son los culpables y cuáles son las sanciones que recibirán?”, cuestionó Miguel Soto Treviño, coordinador de la campaña de Tóxicos de Greenpeace México.
“Es completamente irresponsable que las autoridades de salud estatales y federales y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) mantengan desinformada a la población y a la opinión pública sobre los riesgos a los que están expuestos las personas tras la explosión. Desconocemos las consecuencias que tendrá la exposición a dioxinas y furanos en la gente y el ecosistema. Es por ello que las autoridades de Salud deben dar seguimiento epidemiológico a largo plazo a la población que ha estado expuesta a estas sustancias”, añadió Soto”.
A la opacidad y falta de seriedad de las citadas autoridades, se suman también las omisiones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual aún no ha dado noticias sobre el supuesto plan de remediación que solicitó a Mexichem en junio pasado (8), y tampoco ha hecho público qué empresas fueron las encargadas de retirar los residuos tóxicos que quedaron tras la explosión, quién los caracterizó y cuál fue el destino final de los mismos.
A fin de dar a conocer estos datos, que las autoridades y empresas han ocultado deliberadamente o por omisión, Greenpeace México realizó solicitudes de información mediante el sistema de transparencia Infomex dirigidas a Cofepris (folios 2125100532716 y 1215100533016), Pemex (1857200265716), Semarnat (0001600378416), Secretaría de Salud (0001200367016) y Profepa (1215100533016), respuestas que se harán públicas una vez que las dependencias respondan.
