Incurrieron diputados en actos fraudulentos al proteger al Gobernador: Guzmán Avilés

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Xalapa, Veracruz; 27 de Marzo del 2016

 

 

*Juicio Político no pasó porque diputados del PRI y el Verde protegieron a Duarte

*No hay voluntad de servir a los veracruzanos por parte de los legisladores priístas

La resolución que dictaminó la mayoría de los diputados que integran las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales que desechó la procedencia de Juicio Político contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, incurrió en un acto fraudulento porque no se realizó un verdadero análisis de lo que se denunciaba, indicó el diputado local panista, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés.

Durante las reuniones simplemente se debió determinar: “si el denunciado es servidor público; si la denuncia contiene la descripción de hechos que afecta a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho; y si los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado”.

El también Coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local expuso que dentro de la solicitud se señalaron las omisiones cometidas, la intromisión en procesos electorales, violación a derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos a periodistas, además de una deficiente administración de los recursos públicos.

No obstante los diputados pertenecientes a las fracciones del PRI y del Verde Ecologista -que integran las comisiones- asumieron  facultades del Ministerio Público (MP) que no les correspondían para favorecer que el Ejecutivo no fuera declarado responsable, explicó el diputado albiazul.

De no haber actuado de esta manera se hubiese procedido a quitarle el fuero al Gobernador y dar pie a las investigaciones por parte de la autoridad correspondiente, ya sea la Fiscalía General del Estado  (FGE) o la Procuraduría General de la República (PGR), apuntó.

Guzmán Avilés señaló que el acto fraudulento en el que incidieron las comisiones está reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  y ya en otros casos se ha apelado a este tipo de acciones “porque fueron los propios amigos del gobernador quienes lo exoneraron”.

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