En México miles de niñas se convierten en madres aún contra su voluntad, tan solo en 2024, más de 56 mil niñas entre 10 y 16 años dieron a luz, este dato por sí solo es alarmante, pues nos habla de infancias truncadas, de un sistema que en la ley dice proteger a los menores, pero en su aplicación se queda corto, pues aunque la constitución marca los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, hay zonas en las que aún se permite el matrimonio infantil y muchas de las menores que llegan a una clínica de salud terminan declarando vivir en unión libre.
Detrás de las cifras que indican que alrededor de 22 niñas se convierten en madres cada día, también hay mucha violencia, comenzando por datos de abuso sexual, pues es aberrante pensar que hay diferencias de hasta 75 años entre los padres y las madres que han dado a luz. Datos publicados por la secretaría de salud muestran a niñas desde los 10 años truncando una infancia por tener que convertirse en madres, un gran número aún contra su voluntad y el resto sin siquiera tener la madurez para poder hablar de un consentimiento.
El tema es polémico no solo por las diferencias de edad entre los padres y las madres, lo es porque a esa edad no se tiene ni la madurez física ni emocional para poder hablar de una relación consensuada, claramente estas cifras muestran una violencia estructural donde se cruza también otra realidad latente en el país, la pobreza que muchas veces se disfraza de usos y costumbres para justificar que una niña sea entregada en matrimonio o vendida a alguien de la tercera edad.
Las Entidades con mayor índice de matrimonios infantiles y alumbramientos son Chiapas, Guerrero, Estado de México, Veracruz y Puebla, de los nacimientos reportados solo un 14% corresponde a comunidades indígenas, por lo que las diferencias mostradas y el que tantas menores se vean en la necesidad de convertirse en madres en realidad responde a un abuso sostenido, donde los padres pertenecen incluso a círculos cercanos en la familia o son partícipes de redes de trata de personas y prostitución.
Con la viralización de estos datos surgieron también comentarios activistas que exigen la no normalización de esta información, si bien hay Estados donde los números crecen la realidad no es ajena a lo largo y ancho del país, tampoco está limitada a contextos rurales, pero sí tiene estrecha relación con el abuso sexual, lo que nos exige generar una mayor prevención en los distintos espacios.
No se trata solo de una infancia trunca, sino de los derechos vulnerados de mujeres que ni siquiera tuvieron oportunidad de defender su cuerpo e incluso de decidir si querían o no ser madres. Personas como Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de gobernación, mostraron su inconformidad a través de redes sociales e hicieron un llamado para regular la interrupción legal del embarazo pues en más de un caso además de las secuelas físicas de estas vivencias, quedan daños psicológicos y emocionales.
Estos datos deben conocerse y viralizarse pues son un llamado urgente para que las niñas puedan disfrutar de un desarrollo libre de violencias, como sociedad nos pide no normalizar estos sucesos, tener más atención a comportamientos de violencia dentro del hogar, mantener una educación sexual clara en los distintos niveles educativos, no revictimizar en las distintas dependencias de salud y ofrecer un acompañamiento legal y psicológico a las víctimas de abuso sexual, porque aunque nos cueste nombrarlo cada uno de esos embarazos es producto de un abuso pues se trata de encuentros entre adultos con menores.
De los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México tiene la tasa más alta de natalidad en mujeres adolescentes, no podemos seguir considerando esto como una excepción o problema ajeno, urge poner a las infancias al centro para avanzar hacia una nación más justa, igualitaria y humana.
