- Aprueba el Congreso del Estado la vigilancia del gasto
- Exhiben negocios del diputado Rafael Fararoni Magaña
- Cobra un millón de pesos al mes por recoger la basura
Por Miguel Ángel Cristiani González
Lego de que en la sesión del Congreso del Estado de este jueves se aprobara la intervención a la tesorería del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, con un alcance material de intervención directa y por una temporalidad de dos años, para supervisar y evaluar el gasto que se viene haciendo, la pregunta que queda en el tintero es si también se habrá de cambiar al recién nombrado presidente de la Comisión de Vigilancia el diputado local por ese distrito Rafael Fararoni Magaña.
Todo iba como miel sobre hojuelas para el legislador por San Andrés Tuxtla, quien ya se veía como el próximo presidente municipal.
Hasta que desde el mismo palacio municipal, se filtró a los medios de comunicación, los documentos que exhiben el negocio redondo que estaba haciendo Fararoni Magaña, con el alquiler al ayuntamiento que preside la doctora María Elena Solana Calzada de los camiones para la recolección de la limpia pública que le dejaban una ganancia de un millón de pesos al mes.
Como nunca atendieron a las solicitudes de documentación que les hicieron desde el Congreso del Estado, confiados en que no pasaría nada, porque el presidente de la Comisión de Vigilancia podría parar cualquier acción de vigilancia, cuando se dieron cuenta que les iban a intervenir la tesorería para analizar los gastos que se venían dando, ya era demasiado tarde, y por eso es que se filtró a los medios locales, el acuerdo por un millón de pesos por alquiler de camiones recolectores de basura.
Ahora se asegura también que no solamente es el ayuntamiento de San Andrés Tuxtla en donde el diputado tiene contratado el servicio de los camiones recolectores de basura, sino que también son otros más de la región.
Otro detallito que tendrá que ser aclarado, es por qué el convenio con la radiodifusora de la familia de Fararoni Magaña tiene una tarifa publicitaria de mayor monto que la otra estación que tiene mucho más alcance y penetración.
Por lo pronto ya salió a la luz pública el negocio del presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Rafael Fararoni y la doctora presidente municipal de San Andrés Tuxtla María Elena Solana Calzada, que obviamente no pudo parar la intervención a la tesorería, para vigilar los malos manejos que se vienen haciendo.
Mientras tanto, ya los próximos dos años la tesorería de San Andrés Tuxtla estará bajo la intervención de la Legislatura “para evaluar que el gasto programado cumpla con los objetivos establecidos dentro de los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia, que hasta la fecha no se han cumplido.
En la sesión del pleno se aprobó que de conformidad con el artículo 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, se instruyó a la Secretaría General del Congreso local, para que, de acuerdo con la estructura orgánica y administrativa, designe el interventor correspondiente y cumpla los efectos señalados anteriormente.”
Aunque también es de llamar la atención, el hecho de que el Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado es el ORFIS, que todavía no le ha sido aprobado el Informe de la Cuenta Pública del 2021, luego de que le fuera regresado para su corrección y nueva presentación en un plazo de 90 días, ahora sea la Secretaría General del Congreso local quien se encargue de nombrar un interventor y vigilar la utilización de los recursos públicos.
Pero como diría Pancho López el filósofo xalapeño ateniense, esto no se acaba hasta que se acaba, así que todavía se tendrá que esperar a los resultados de la auditoría integral a la Cuenta Pública, para determinar los casos de omisión y el incumplimiento de las obligaciones en que se haya incurrido y que deberán de ser sancionadas con estricto apego a la legislación vigente.
Por eso es que no se acaba con el nombramiento de un interventor en la tesorería, sino que se tendrá que practicar una auditoría administrativa, para detectar esas irregularidades que ya se están haciendo del conocimiento público por medio de las benditas redes sociales.
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