El caso de José Manuel del Río Virgen deja en claro la crisis de la procuración de justicia en Veracruz, su carácter faccioso y la absoluta falta de autonomía de la institución.
Para el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez este episodio, en el que de lo menos que se le acusa es de autoritario y represor, ha sido muy desgastante para su imagen; calificativos que pueden ser los que marquen el balance de estos años del primer gobierno morenista en Veracruz.
Un gobierno que se anunció distinto a los anteriores y que lo repite como mantra, resultó en la procuración de justicia igual o peor que aquellas administraciones que padecimos en los años recientes los veracruzanos. Con los poderes al servicio del Ejecutivo, sin contrapesos, con una fiscalía sin autonomía y teniendo como meta el agradar en todo al presidente López Obrador, el escenario ideal para la revancha política, el sometimiento de los opositores y el buscar asegurar futuras victorias electorales, por las buenas o como haga falta, está puesto y se ha usado alegremente, porque no pasa nada; el apoyo del primer mandatario todo lo justifica. Amor con amor se paga.
Pero el respaldo presidencial culminará el 30 de septiembre del 2024 al término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y después de esa fecha, ya con presidente electo próximo a asumir el mando, las cosas pueden abrir panoramas hoy impensables en Palacio de Gobierno.
Porque lo que ha quedado en el imaginario colectivo y en el mensaje público es que en el caso de José Manuel del Río Virgen su detención y la prisión preventiva de un año que un juez local le dictó obedeció a una revancha del gobierno de Veracruz en contra del senador Ricardo Monreal, quien hizo público el abuso cometido en contra de un grupo de jóvenes acusados de ultrajes a la autoridad, y que a la postre fueron liberados por orden de un juez federal ante la fabricación de las acusaciones. Pero más allá de ello, queda claro que la ojeriza a Monreal deviene de su carácter del morenista incómodo en el escenario sucesorio ideado por el presidente López Obrador.
Ahora, tras salir de prisión, el secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen declaró que emprenderá acciones legales en contra de las autoridades por haber sido privado de su libertad sin pruebas y por consigna, y alertó de posibles hechos que pudieran sucederle a él, a su familia y a los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado, responsabilizando directamente al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez; a la titular de la fiscalía, Verónica Hernández Giadáns; y al secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos. Pero qué necesidad.
La persecución política no puede ser la pauta en la actuación del las autoridades judiciales o de la Fiscalía. En Veracruz han sido detenidos 24 políticos desde el inicio de la actual administración y no son del todo claras las razones para que ello haya sucedido. Familiares y allegados a estos han señalado que se les tiene en prisión por consigna.
La vulneración de las garantías individuales y de los derechos humanos empañan el estado de derecho. En Veracruz no puede ni debe haber víctimas inocentes en la cárcel, sean políticos o ciudadanos injustamente detenidos.
Todos queremos vivir en un país y un Veracruz donde prevalezca la legalidad. Por más altos que sean o se pretendan los fines de la tan cacareada Cuarta Transformación no pueden admitir el que se tuerza la ley para perseguir opositores. Así no se consigue ni la paz ni la justicia y menos la transformación del estado de cosas.
Hay que robustecer y respetar el marco legal para que haya genuina justicia. Luego de lo visto y expuesto debe reflexionarse, por ejemplo, sobre la pertinencia de revisar las causales para que se ordene la prisión preventiva oficiosa.
Los gobiernos locales no son ínsulas. No se puede imponer la voluntad personal y torcer la ley para revanchas o para demostrar quien es el más lopezobradorista de todos los mandatarios.
Si el mandatario en su defensa aclara que su gobierno, lo mismo que la fiscal Verónica Hernández Giadáns, siempre están del lado de la víctima y es por eso que hoy se investiga a todos, incluidos a los políticos, tiene que ser congruente y hacerlo en todos los casos. Y sobre todo liberar a los inocentes.
¿Ahora qué sigue? ¿Se aceptará la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se repare el daño hecho a Del Río Virgen? ¿Se seguirá a la espera de que tribunales y jueces federales sigan propinando derrotas a la Fiscalía veracruzana? ¿Es inamovible Verónica Hernández Giadans?
Lo fundamental que se reencaucen las cosas y dejemos de ser la entidad en la que el estado de derecho funciona al gusto y capricho de las prioridades político-electorales de la Cuarta Transformación.
