“Mayor es el peligro cuando mayor es el temor.” – Salustio.
El asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, en su domicilio en la colonia Real Vista Hermosa, en la capital de Colima, es el culmen de una muy severa crisis institucional en México.
La atroz ejecución de un profesional de la justicia a manos de criminales, nos obliga a cuestionarnos el estado de barbarie que enfrenta esta nación, sin que la sociedad tome conciencia plena del hecho.
El costumbrismo con que los mexicanos enfrentamos eventos de esta naturaleza a la sazón de la inacción del Estado Mexicano son el reflejo de la manera en como la sociedad misma nos convertimos en comodines de nuestra condición de confort.
Mientras lo que ocurra no me afecte, pues ahí que el Gobierno lo resuelva, y así, evento tras evento, crisis tras crisis, las cosas pasan, avanzan y crecen.
Un acto tan atroz seguramente hubiera escandalizado a la sociedad mexicana de mediados de los 80’s o 90’s del siglo pasado, pero hoy el mexicano acostumbrado a leer y escuchar la guerra contra el crimen organizado, lo asume con una naturalidad que espanta.
Este mismo fenómeno ya ocurrió en otras partes del mundo con catastróficas consecuencias.
La Colombia de principios de los 80’s y 90’s del anterior siglo fue escenario de una circunstancia similar.
Autoridades corrompidas hasta el tuétano, chantajeadas, cooptadas e incluso ejecutadas resultado de su involucramiento en el criminal narcotráfico provocó la postración de la sociedad colombiana.
La ejecución artera de Villegas Ortiz y su esposa, nos recordó la muerte del Ministro de Justicia de esa nación sudamericana Rodrigo Lara Bonilla allá por 1984.
La historia de Lara Bonilla y su muerte ha quedado consignada en cientos de libros, series de televisión e incluso en la historia reciente impartida en las escuelas de esa nación.
Solo nueve meses después de ocupar la cartera de Justicia, la noche del 30 de abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla moría acribillado dentro de su automóvil, un Mercedes-Benz W123 blanco placa FD 5883, en la calle 127, al norte de Bogotá, la cual posteriormente fue nombrada “avenida Rodrigo Lara Bonilla”, en su honor.
El asesinato ocurrió a manos de Iván Darío Guisado, integrante de la red de “Los Priscos”, un grupo de criminales al servicio del cartel de Medellín.
El asesino viajaba como parrillero en una motocicleta Yamaha Calimatic 175cc roja conducida por Byron de Jesús Velázquez alias “Quesito”.
Después de cometido el homicidio se inició la persecución de los asesinos, lo que produjo que el conductor de la moto perdiera el equilibrio y Guisado muriera automáticamente como consecuencia de la caída. Byron Velázquez fue capturado y pagó una pena de once años en prisión.
La reciente declaración del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien calificó como crimen de Estado el vil crimen abre la discusión para cuestionarnos sobre la incapacidad del Gobierno emanado de la 4T para garantizarle a los mexicanos el cumplimiento pleno del Estado de Derecho.
Con ello, garantizar la seguridad que todo gobierno debe otorgarle a su población.
La afirmación del ministro retumba en los oídos de cualquier mexicano bien nacido: “Que no quepa duda que este es un crimen de Estado, y que cuando hay un crimen de Estado todas las instituciones del Estado mexicano estaremos del mismo lado no caben diferencias, políticas ni distracciones, estaremos muy atentos de cómo se desenvuelven las investigaciones”, dijo.
“Este es un hecho que lastima de manera profunda al Poder Judicial de la Federación pero que hiere también al Estado mexicano como tal”, aseguró el propio togado.
Acaso ¿será el momento de plantear en el escenario de la discusión nacional el tema de la participación directa del Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, ante la incapacidad del Estado Mexicano?
¿Será que se debe estudiar a profundidad la aplicación de la inmediata extradición de criminales para que sean juzgados por el Sistema de Justicia Norteamericano para con ello, dar un tremendo acicate a los criminales?
El problema es gravísimo, la indiferencia esgrimida por el Poder Ejecutivo preocupa más a la luz de muchos hechos en los que se presumen actos de complicidad con determinados grupos criminales.
La sociedad tolerará más este estado de guerra, o será acaso que habremos de esperar la escalada de violencia, al punto tal que también comiencen los bombazos a edificios públicos, a oficinas gubernamentales para comenzar a reaccionar.
Los esfuerzos por desviar la atención del presidente López Obrador y su gobierno quedaron de manifiesto al celebrar con bombo y platillo el ingreso de nuestro país de manera temporal al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).
Un Consejo en el que México ha estado representado en cinco ocasiones sin pena, ni gloria, pero antes de que la bomba mediática le reviente en la cara, festinan hasta las fiestas patronales de La Chingada, la cosa es patear la pelota, antes de reconocer la colombianización mexicana.
Al tiempo.
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