El próximo día primero de agosto se realizará la consulta popular que estaba pensada para llevarse a cabo el día de la jornada electoral reciente y con un cuestionamiento expreso respecto de los últimos cinco presidentes de México. La obvia intencionalidad tenía que ver con su incidencia en las elecciones mencionadas. Para conseguirlo se desplegó una militante labor de proselitismo, en reactivación de las bases morenistas u obradoristas, enfocada en las figuras de los expresidentes enumerados. Sin eco social tuvieron serias dificultades para conseguir las firmas requeridas, teniendo que echar mano de acciones corporativas y obligatorias para los empleados públicos; al final, el propio presidente de la República hizo la solicitud correspondiente. La suprema corte fijó una fecha distinta a la solicitada y modificó la pregunta inicial. Es de señalarse el lamentable papel, de sometimiento, de la Suprema Corte, que concluyó con una pregunta tan ambigua que necesita varias explicaciones. Intento alguna.
La pregunta que se someterá a consulta popular es la siguiente: “¿ Estas de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas ?”. Es tan amplía y ambigua esta pregunta que ocasionará respuestas diversas y, probablemente, ineficaces, sin importar el sentido de las respuestas en un sí o en un no. Será necesario, además, una especie de guía para interpretarla. En tanto, hagamos un recorrido directo e integral sobre ese cuestionamiento:
Decir “acciones pertinentes” es totalmente impreciso y deja abierta, en extremo, la interpretación más general que se pueda uno imaginar; es casi imposible definir esa expresión, lo cual lleva a otras preguntas: ¿que acciones y quien determina su pertinencia?. Cuando se habla de un “proceso de esclarecimiento” se pudiera ver cómo algo que tenga que ver con lo jurisdiccional pero inmediatamente surge la duda al incluir la palabra esclarecimiento, que puede ser para una investigación o simplemente su estudio. Una de las claves para ubicar a esta consulta en su verdadera dimensión tiene que ver con la frase “decisiones políticas”, lo cual aleja del terreno propiamente de la justicia a este ejercicio de participación ciudadana para ponerlo en el campo político; es prácticamente inviable invocar a las leyes para asuntos meramente políticos. Cuando se deja la temporalidad en “años pasados”, sin acotamientos, permite irse tan lejos y tan cerca como se quiera; pudiera llegarse, al menos, hasta Miguel Alemán, y, para ser justos, incluir al propio Andrés Manuel Lopez Obrador. Hablar de “actores políticos”, así, sin definición, deja abierta la posibilidad de incluir a quien se quiera. La pregunta concluye con la esencia de la consulta: “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”; como las partes previas de la pregunta están impregnadas de ambigüedad, su conclusión tiene sus mismos rasgos; no se tiene claro quienes y de qué serían víctimas. En fin, es una pregunta que se volvió caricatura por su ligereza.
Hay un debate en curso, por el lado gubernamental se insiste en que se trata de un ejercicio de democracia directa y que se propone enjuiciar a los últimos presidentes, mientras que por la oposición y ciertos sectores sociales se sostiene que estamos ante una ocurrencia que saldrá costosa en términos económicos y que no generará algo nuevo. Se dice, como crítica principal, que la aplicación de la ley no se consulta, como es el caso. Que si hay elementos, las autoridades deberían de proceder. Se cuestiona mucho sus aspectos propagandísticos. Al haber pasado ya las elecciones esta consulta perdió mucho de sus motivaciones. Se prevé un fuerte abstencionismo.
Recadito: a proseguir con el impulso a la participación ciudadana.
