La explosiva Rocío Nahle truena de nuevo

* Mano sucia en las energías limpias  * Mano puerca con Fong y los Quintanilla  * Ataque a Libertad Bajo Palabra  * 1973: orden de aprehensión contra Vasconcelos  * El sospechoso poder notarial de Morales Bustamante

MUSSIO CARDENAS ARELLANO

Publicada en mussiocardenas.com

22 de mayo de 2020

Sin estridencia, Rocío Nahle no sería Rocío Nahle, la pólvora y el fuego de la 4T, la que escandaliza por sainetes de tráfico de influencias o por inducir a Andrés Manuel a embestir al sector de las energías limpias. Y ahí vuelve a resbalar.

Nahle es chispa y explosión, la que hace trizas al presidente moviéndolo a sabotear el desarrollo de las energías solar y eólica, entre otras, y mandar al diablo mínimo 7 mil millones de dólares en inversión extranjera y darse un tiro con Canadá y la Unión Europea por el albazo demencial.

Y al sexto día le tiene que bajar.

Mayo 15. Nahle impone un acuerdo que de entrada es violatorio de la ley. No tiene el aval de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, cuyo presidente, César Hernández, mejor renunció. No se aplicaron consultas públicas previas, como reza la normatividad. Intenta tumbar contratos suscritos bajo un marco legal.

México, en manos de Andrés Manuel y Nahle, es único: cualquier inversión se persigue de oficio.

Su argumento hoy es el abasto seguro de energía eléctrica en tiempos de Covid 19. Primer engaño.

Su pretexto es la intermitencia del suministro realizado por las empresas comercializadoras de energías limpias al conectarse al Sistema Eléctrico Nacional. Segundo engaño.

Si no cumplieran con los parámetros dictados por la Comisión Nacional de Control de Energía, no podrían venir suministrando el servicio.

Y el Dios Peje atizando desde el púlpito de las mañaneras, aduciendo contratos ventajosos y leoninos, avizorando que habría nuevas reglas. Freno total a las energías renovables.

Y al final tuvo que recular.

Una veintena de amparos, varias suspensiones provisionales, el amago de entramparse en litigios internacionales, pago de daños y perjuicios, sanciones por violación a tratados pero, sobre todo, el reclamo de Canadá y la Unión Europea, mostraron que López Obrador es un tigre de papel.

Y la tigresa maulló. Olvidó que había que rugir.

Con Rocío Nahle, México gira al revés. La tendencia mundial son las energías limpias y la Cuarta Trastornación, en cambio, impulsa el uso de combustóleo, altamente contaminante, para mover la industria eléctrica.

Atrás del acuerdo anti energías limpias hay mano sucia. Petróleos Mexicanos pierde clientes, se aferra al mal negocio de las gasolinas y no alcanzará las metas de producción. Y alguien le debe comprar el combustóleo de mala calidad. Y ese alguien es Comisión Federal de Electricidad. Y para eso hay que cerrarle el paso a las energías renovables.

De ello habla el periodista Carlos Loret de Mola, en Historias de Reportero, en El Universal:

“Pemex se las está viendo negras para vender el combustóleo que obtiene al refinar petróleo. Resulta que el crudo pesado mexicano refinado en nuestras muy ineficientes refinerías genera un combustóleo de pésima calidad. Nadie lo quiere. Y mientras más se refina petróleo, más de este producto se obtiene. Imagino la conversación entre Energía, Pemex y CFE: ¿Qué hacemos con todo este combustóleo, ya nadie lo quiere? Pues que lo queme CFE en hacer luz. Pero contamina mucho. No importa”.

Ana Paula Ordorica, en su columna Brújula, en El Universal, advirtió del impacto de los tres strikes lanzados por López Obrador para ponchar a las empresas dedicadas a las energías limpias.

“Al presidente no le gustan ni las energías limpias ni las inversiones privadas. Las primeras quizás porque no las entiende, las segundas porque ve cualquier inversión privada como la mano del cerdo capitalista que abusa del pueblo y se enriquece a su costado.

Y agregó:

“El gobierno quizás no se ha dado cuenta (o no le importa) que se está dando un balazo en el pie porque varias de las empresas que han invertido en energías renovables tienen créditos con la Banca de Desarrollo. Si estas empresas quiebran, no le van a pagar a Banobras; Nafin, etc.”.

Al quinto día, el jueves 21, Nahle varió el discurso. Ya con los juicios de amparo encima, matizó:

“Sobre los privados, ya explicamos que se hicieron tres subastas realizadas en el gobierno anterior, las cuales se están respetando, ya casi el 70 por ciento de la infraestructura está instalada y debería de entrar en funcionamiento el 2020 o 2021, se están respetando los programas”.

Y le entró el sospechosismo:

“He hablado con algunos empresarios, pero hay una campaña de ciertos grupos, están en todo su derecho, nada más que no pueden difamar ni calumniar, porque calumnian y difaman y ahí ya es otra cosa”.

De pronto, otra Rocío Nahle, menos visceral. Ya no dice que CFE recibía energía intermitente. Ya no aludió a la cancelación de certificaciones para el suministro de energías renovables.

La 4T se instaló en el limbo.

Nahle no sale de una cuando entra en otra. Arrancó el sexenio con una charada de antología: la cruzada contra el huachicol, provocando desabasto de gasolina, la compra de centenares de pipas de manera irregular, la tragedia de Tlahuelilpan en que las víctimas se calcinaron por el flamazo justo cuando practicaban la ordeña ilegal. Y a final el huachicol no tienen para cuando parar.

Una más: Dos Bocas, un proyecto refinero condenado al fracaso, inoculado en el ego de Andrés Manuel. Teniendo seis refinerías a medio andar, Nahle impulsa la construcción de un proyecto locuaz. A nivel mundial la tendencia son los automóviles eléctricos. Las gasolinas no tienen futuro.

Y mientras el destino la alcanza, le suelta a Juan Carlos Fong Cortés, socio del compadre incómodo de Rocío Nahle, Arturo Quintanilla Hayek, una fracción de los contratos para erigir la refinería.

Fong Cortés, su empresa, Construcciones y Reparaciones del Sur, fue sancionado por una remediación fraudulenta derivada de un derrame de petróleo en el río Coatzacoalcos.

Marca a Rocío Nahle otro escándalo: el contrato de 114 millones de pesos a los sobrinos de su compadre Arturo Quintanilla Hayek, dos juniors de Coatzacoalcos, Josué y Jaime Quintanilla Ayache, propietarios de la empresa Bidcom Energy, a la que el IMSS le asignó un contrato para el suministro de 100 ventiladores respiratorios.

Lo menos que se les imputó fue tráfico de influencias y el contrato se canceló por incumplimiento del proveedor al entregar producto que no reunía los requisitos. Abogados consultados presumen que se podría configurar homicidio imprudencial, como en el caso del hijo de Manuel Bartlett, también con el IMSS.

Nahle es una contradicción. Su hija se titula como ingeniera en desarrollo sustentable y la secretaria de Energía opera el parón a las empresas e inversiones en energías renovables.

Así es Rocío Nahle. La estridencia, lo sórdido, la ventaja y el privilegio, es lo suyo.

Y embaucar a Andrés Manuel.

Archivo muerto

Serían decenas de puntuales, descarnadas, agudas, demoledoras denuncias, pero la de las empresas fantasma en la SEV de Zenyazen Escobar fue la gota que derramó el vaso. Hacia las 8:30 de la noche, el lunes 18, inició el ataque. Notificaciones a granel llegaban a Armando Ortiz, director del portal Libertad Bajo Palabra (LBP), y en ellas la red social Facebook reportaba quejas por el contenido de las notas de su fan page que supuestamente violaban las normas comunitarias. A lo largo de casi una hora, Armando Ortiz elevó la voz en un video en su cuenta personal de Facebook, detallando el ataque, la acción concertada, imputando la autoría a empleados de la Secretaría de Educación de Veracruz, pues días antes había sido alertado por insiders de la SEV que habría una embestida cibernética contra Libertad Bajo Palabra. Horas antes, LBP había logrado altísima repercusión al difundir la denuncia del senador panista Julen Rementería del Puerto, quien realizó un hallazgo fenomenal, la incongruencia de cifras en la Dirección de Espacios Educativos, obras no realizadas, obras que no corresponden al gobierno del morenista Cuitláhuac García sino al de su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, obras inconclusas, empresas contratistas que cobraron pero no concluyeron los trabajos, cuyos domicilios fiscales son casas abandonadas, ex cantinas y hasta una tienda donde se expende mole. Dicho en breve, empresas fantasma; empresas de papel al estilo Javier Duarte con el esquema usado para saquear el erario de Veracruz. Un atraco con sabor a Morena. Antes, LBP había exhibido el nepotismo de Cuitláhuac García, la operación burda de los dineros y contratos a manos de su primo Eleazar Guerrero, subsecretario de Finanzas; acreditó con actas de nacimiento y defunción, el parentesco vía la abuela común, quien tuvo dos esposos y dio vida a dos familias, que el gobernador niega; las tretas de la familia Ferráez con eventos del gobierno de Veracruz; el sobreprecio en la adquisición de patrullas para la Policia Estatal, y así un sinnúmero de trapacerías más. El ataque en Facebook muestra la vena infame de Cuitláhuac García, un gobernador de pacotilla sin un gramo de talento para el cargo al que no llegó por méritos propios sino por el efecto López Obrador. El episodio es un ataque a la libertad de expresión, al periodismo crítico, a la labor de un gran comunicador, Armando Ortiz, al que ni remotamente habrán de doblegar. Así de infame —y torpe— es la 4T… Una causa penal, la 34/973, contiene un caso delictivo y una orden de aprehensión. En ella se consigna la agresión y amenazas a Edmundo López Velarde, catedrático de la Escuela Secundaria y de Bachilleres Miguel Alemán González, en enero de 1973, y entre sus victimarios un nombre que hoy es clave: Carlos Manuel Vasconcelos Guevara. A tres columnas, destacando la nota, Diario de Sotavento, el emblemático periódico de don Alfonso Grajales que diera cuenta de la vida pública de Coatzacoalcos y el sur a mediados y finales del siglo pasado, reseñó las piruetas delictivas del actual líder de la CTM —que dice que pronto dejará— y autopostulado y adelantado candidato —independiente, pues también afirma que se va del PRI (hay audio como evidencia)— a la presidencia municipal. Con Vasconcelos estuvieron implicados el ya fallecido Moisés Garduza y Ángel Athié, amigo entrañable de “La Amenaza” Vasconcelos y luego agente judicial. La orden de aprehensión les fue girada por el juez Salvador Torres Ferman. La investigación ministerial la integró Celestino Zamora López, entonces agente del Ministerio Público del Fuero Común. Vasconcelos y sus compañeros terminaron gozando de cabal impunidad. Hubo orden de aprehensión y siguieron libres. Y hoy quiere ser alcalde de Coatzacoalcos. Alguien dijo que el expediente de “La Amenaza” es voluminoso y de escándalo. Tiene razón… Bajo sospecha, el poder notarial con el que Carlos de la Rosa López representó y aún representa al ex tesorero municipal, Alfonso Morales Bustamante. Emitido el 11 de marzo pasado, el documento está viciado de origen. Es impugnable. Y es, insisto, sospechoso. Afectado por una cirrosis devastadora, Alfonso Morales murió este 10 de mayo. Para esas fechas, cuando suscribió el poder notarial —número 32,137— su salud se hallaba diezmada, tácitamente su enfermedad se hallaba en grado terminal. ¿Tenía o no capacidad para otorgar el poder? La pregunta bulle entre los cercanos al ex tesorero municipal de Coatzacoalcos. ¿Qué movió a Carlos de la Rosa, ex director jurídico municipal y amigo del ex alcalde Joaquín Caballero Rosiñol a aceptar el poder, sabiendo que el documento es impugnable? ¿O eso no lo aprendió en la universidad? Caballero y Morales Bustamante habían sido citados a comparecer ante la Auditoría Superior de la Federación para solventar por última vez inconsistencias en el ejercicio 2015, poco más de 8 millones de pesos, provenientes de recursos federales. Caballero aún tendrá lidiar con la presión de la ASF; Morales Bustamante ya no. Según versión de integrantes del círculo cercano al ex tesorero, éste firmó documentos “de cuando estábamos en la presidencia” mientras se hallaba muy mermada su salud. Ellos, como ya se ha expuesto —tengo los testimonios—, mantienen el dilema sobre si Morales Bustamante firmó libremente o se sintió obligado o fue obligado. Hay por lo menos dos aseveraciones a este reportero en ese sentido. Carlos de la Rosa sostiene que él no obligó a nadie y que se le difama. Que denuncie y que pruebe en qué línea de texto se le imputó que él obligó a Morales Bustamante a suscribir documentos. ¿Por qué aceptó el poder notarial a sabiendas que por el estado de salud del ex tesorero cualquier acto que realice carecerá de validez? Lo de la ASF es, a fin de cuentas, pecatta minuta. Falta aún ver cómo enfrentarán Caballero y su tropa el enorme peso de las inconsistencias por 142 millones de pesos en el ejercicio 2017. Y hay más: si apareciera algún mandato de Caballero a Morales Bustamante en ese año, que no fue acatado, para corregir las irregularidades financieras, ¿qué reportó el contralor Ignacio Alejandro Montero Álvarez? ¿O no advirtió nada? ¿O lo hizo y Caballero lo desoyó? ¿Y cuál es la responsabilidad del regidor de Hacienda, Felipe Hernández Pulido, hijo del líder moral de la Sección 11 del sindicato petrolero, Ramón Hernández Toledo? Son 142 millones de pesos y no terminan de cuadrar. Y un poder notarial envuelto en la sospecha. ¿Qué uso le dio, qué diligencias realizó Carlos de la Rosa López desde el 11 de marzo, cuando Morales Bustamante lo emitió? ¿Estaba lúcido el ex tesorero municipal al emitirlo? ¿Estaba capacitado para otorgarlo? De no ser así, entonces el documento es nulo. Y la sospecha crece. De la Rosa y Caballero son como el azúcar y el café, como el whisky y el hielo. Juntos en las buenas y en las malas, en el gozo y en la desventura, en la bondad y en la maldad. Otras historias, incluidos los episodios judiciales, los han mantenido unidos. Ya se verá.

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