* Pero a la vez utiliza el testimonio fabricado en el caso contra un presunto inocente
* El gobierno de Cuitláhuac García, en el que más casos de tortura se registraron durante el sexenio anterior
Marco Antonio Aguirre Rodríguez
El gobierno de Cuitlahuac García se destacó por una alta presencia de tortura por parte de autoridades policíacas, sobre todo para fabricar culpables.
Cuitláhuac García buscó desesperadamente disminuir el índice de ineficacia de la procuración de la justicia en Veracruz y para lograrlo permitió (y es probable que hasta alentó) la tortura, como medio para fabricar “culpables” y “resolver” los expedientes acumulados y que nunca fueron investigados.
Un ejemplo es el caso de Diego Fernando Bonilla, un indígena ñuhú de 45 años, originario de la comunidad El Pericón, municipio de Texcatepec, con muy poco dominio del español, quien fue torturado para inculpar a otra personas en el homicidio de un amigo suyo.
Ahora, aún cuando hay elementos que confirman la tortura, la FGE de Veracruz quiere cerrar el caso a pesar de que hay evidencias y del avance en la investigación impulsado por un juicio de amparo.
La intención se corrobora ka determinación de no ejercicio de la acción penal contra los elementos señalados de haber cometido el delito, emitida el 25 de marzo de 2025, aún cuando existen los elementos periciales, testigos e incluso análisis de contexto.
Este no es el único caso en el que la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura busca cerrar las investigaciones y dejar impunes a los culpables de tortura.
Otro ejemplo de como esa instancia en lugar de trabajar para que se castigue a los culpables del delito, lo hace para desestimar los casos, es el de Antonio del Río Argudin quien después de más de 4 años logró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitiera una recomendación para que se aplique la ley por la tortura que sufrió.
Pero ni aún así la Fiscalía ha actuado para procesar al responsable de la tortura ni a quienes lo encubrieron y solaparon.
LA FISCALÍA DE VERACRUZ QUIERE CERRAR UN CASO DE TORTURA PARA NO CASTIGAR A SUS ELEMENTOS
Diego Fernando vive en en la Huasteca Veracruzana, en la comunidad de El Pericón, en el pequeño municipio de Texcatepec, que tiene apenas mil 30 pobladores, de acuerdo con el Censo del 2020.
Ahí, en esa población que está a más de 7 horas de viaje en automóvil saliendo de Xalapa, la capital de Veracruz, el 29 de mayo de 2023, Diego Fernando fue testigo de como asesinaron a un amigo suyo.
Pero había mucha obscuridad y no pudo ver quien cometió el crimen.
Al día siguiente, fue trasladado a la Fiscalía en Huayacocotla, para que rindiera su testimonio.
Pero los elementos de la Policía Ministerial, que está a cargo de la Fiscalía del estado, ya tenían un supuesto culpable, sólo les faltaba que alguien dijera que ese era el asesino.
A Diego Fernando le preguntaron si sabía quien era el culpable y como dijo que no, lo empezaron a torturar, para que incriminase a quien los policías ya habían determinado que presentarían como responsable del asesinato.
Diego Fernando les dijo una y otra vez que no podía reconocer al culpable, porque el homicidio fue en la noche y no había luz.
Pero los elementos de la Fiscalía lograron que el traductor que habían conseguido, aceptase atestiguar que Diego Fernando había identificado al culpable que ellos querían fabricar.
Así, cuando finalmente Diego Fernando declaró ante el fiscal Itinerante, relató en ñuhú su versión.
Después, el Fiscal plasmó lo que los policías ministeriales querían y el interprete avaló que esa había sido la declaración de Diego Fernando.
La historia que ellos escribieron se la presentaron en español, únicamente, a Diego Fernando, quien -lógicamente- por lo mismo no la entendió.
Le dijeron que la firmase y que se podía ir.
Diego Fernando a como pudo, consiguió apoyo jurídico para quejarse por la tortura recibida y los abogados que decidieron apoyarlo le dijeron lo que había firmado y que esa declaración falseada fue usada para solicitar la aprehensión de un culpable fabricado por los policías ministeriales, con la complicidad y el contubernio del fiscal itinerante y del traductor.
Esa persona a la que inculparon, aún hoy sigue en prisión, aunque Diego Fernando ha aclarado que nunca la señaló como responsable, y que no lo hizo, por que no vio quien fue.
Diego Fernando tardó un mes en poner la denuncia por tortura. Lo hizo el 30 de junio de 2023, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz,
La Fiscalía Especializada, a cargo de Cristian Emmanuel Silva Mirón, abrió la carpeta de investigación XAL/FIM/FEIDT/219/2023, pero después de eso, durante más de cuatro meses no se realizó ninguna diligencia sustancial.
Ante la inacción, se presentó una demanda de amparo, que fue admitida nueve meses después, en marzo de 2024 (amparo indirecto 306/2023, Juzgado Primero de Distrito en Veracruz).
Esto llevó a que se realizaran algunas diligencias, como la toma de declaración de Diego Fernando, la ratificación de su denuncia, la inscripción del caso en el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), y que se programase la aplicación del examen médico-psicológico conforme al Protocolo de Estambul.
A pesar de estas evidencias y del avance impulsado por el juicio de amparo, el 25 de marzo de 2025, la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura evidenció su intención de cerrar el caso, al enviar una determinación de no ejercicio de la acción penal a revisión de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales.
El argumento es que que Diego Fernando no fue víctima de tortura, a pesar de la existencia de elementos periciales, testigos e incluso análisis de contexto.
La Fiscalía una vez más busca proteger a los malos elementos que hicieron la tortura y desestimar a la víctima del delito.
LA FGE VEZ UTILIZA EL TESTIMONIO FABRICADO EN EL CASO CONTRA UN PRESUNTO INOCENTE
Aunque el contexto muestra que la intención es que un órgano de la Fiscalía busca encubrir a elementos de la misma Fiscalía, como los policías ministeriales y el fiscal itinerante que aceptó falsear la declaración inicial de Diego Fernando, considerando sin razón la supuesta declaración de Diego Fernando, a la vez, paradójicamente, la Fiscalía quiere utilizar el supuesto testimonio del indígena ñuhu para seguir culpando a una persona contra la que realmente no existe un señalamiento directo.
Tal vez por eso les urge descalificar la demanda de tortura, para que permanezca el testimonio falseado y con ello mantener en prisión a una persona acusada de homicidio.
No les importa que Diego Fernando haya desestimado varias veces esa declaración falseada, que ya reiteró que esa declaración no refleja lo que realmente dijo y que su testimonio fue tergiversado usando la tortura.
Hoy, a casi dos años de los hechos, las organizaciones acompañantes de Diego Fernando exigen que se garantice una investigación seria, imparcial y con enfoque intercultural, que no cierre el caso sin agotar todas las diligencias pendientes, ni sin asegurar justicia para Diego.
VERACRUZ, DONDE MÁS VÍCTIMAS DE TORTURA SE REGISTRARON DURANTE EL SEXENIO DE CUITLÁHUAC GARCÍA
Las cifras más recientes del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), publicadas por la Fiscalía General de la República (FGR) correspondientes al sexenio anterior, de 2018 a diciembre de 2024, colocan a Veracruz como la entidad en que se registraron mayor número de casos de tortura por elementos estatales.
Hubo 3 mil 581 víctimas hombres y 446 mujeres. 4 mil 27 víctimas en total que se atrevieron a presentar sus casos y que estos fueron registrados.
El segundo lugar fue para la Ciudad de México, donde se anotaron 2 mil 539 casos, 2 mil 264 hombres y 275 mujeres.
La policía ministerial es la autoridad más señalada como responsable y las personas indígenas, el segundo grupo más afectado.
Y aún cuando aquí se registró el mayor número de casos de tortura, las carpetas de investigación iniciadas son menores a las de la Ciudad de México.
Aquí con 4 mil 27 víctimas reconocidas, se iniciaron 2,441 carpetas de investigación relacionadas con estos delitos.
Hubo una correlación de atención de 60.61%.
En la Ciudad de México con 2 mil 539 víctimas registradas, se abrieron 2 mil 712 carpetas de investigación.
Más de una carpeta por cada caso.
La diferencia es notoria.
Sobre todo porque la tortura sigue siendo una forma de “resolver” casos para la Fiscalía de Veracruz en su intento por mejorar sus desastrosas estadísticas.
Y quieren que los terrenales crean que están haciendo un buen trabajo.
