Por Miguel Ángel Cristiani
En la Universidad Veracruzana no solo se juega el futuro académico de miles de jóvenes, también se ponen a prueba los límites de la legalidad y el respeto a la institucionalidad. Porque lo que la llamada Junta de Gobierno hizo al concederle una prórroga al exrector Martín Aguilar —cuando su periodo concluyó el último día de agosto— no fue un simple movimiento administrativo: fue un acto que raya en la ilegalidad y que podría derivar en responsabilidades jurídicas.
Platicando con un abogado —de esos que sí saben de derecho y de amparo— surgió la reflexión: en cuanto se resuelvan los juicios promovidos contra Aguilar, la lupa no solo se posará sobre él, sino también sobre los integrantes de la Junta de Gobierno que, en un acto de arrogancia institucional, pretendieron extender un mandato que la propia Ley Orgánica de la Universidad y su reglamento no contemplan.
El Artículo 26 del Reglamento de la Junta de Gobierno es claro: establece el procedimiento para convocar, seleccionar y designar a la persona que ocupará la Rectoría. Ahí se detalla todo: desde los requisitos de los aspirantes, pasando por la inscripción, la consulta a las Juntas Académicas, la presentación pública de planes de trabajo, hasta la publicación del nombre del rector o rectora designada.
No hay, en ninguno de los incisos, una sola línea que faculte a la Junta a otorgar una prórroga. Y si la ley no lo prevé, el acto se convierte en un exceso, un atropello a la norma y, por lo tanto, una decisión susceptible de impugnación.
La Ley Orgánica de la UV, en su artículo 37, tampoco abre resquicio alguno. Ahí se establecen los requisitos para ser rector: ser mexicano por nacimiento, tener entre 30 y 65 años, contar con al menos cinco años de servicio académico en la institución, haberse distinguido en su especialidad y poseer título profesional, preferentemente con estudios de posgrado. Todo ello dirigido a garantizar que quien encabece la universidad cumpla con estándares de idoneidad y compromiso institucional.
Pero la ley no contempla el “favor” de extenderle el mandato a alguien cuyo periodo terminó. Esa omisión no es casual: responde al principio democrático de alternancia y transparencia en los procesos de designación.
En consecuencia, los integrantes de la Junta de Gobierno no podrán escudarse en el vacío legal ni en el argumento de “estabilidad institucional”. La ley no es un menú del que se escojan solo los platillos convenientes: se cumple en su integridad o se incurre en violaciones que tarde o temprano deben sancionarse.
La Junta tiene, además, una responsabilidad histórica: ser garante de la legalidad en los procesos de sucesión rectoral. Si en lugar de ello se convierte en cómplice de una irregularidad, pierde legitimidad y arrastra consigo a la institución. Y lo más grave: envía el mensaje de que la ley universitaria es letra muerta, susceptible de interpretaciones a modo.
El intento de prolongar la gestión de Aguilar no puede leerse de manera aislada. En México, las universidades públicas han sido espacios donde el poder político ha buscado influir para colocar a perfiles afines. No es nuevo: lo hemos visto en otras casas de estudio, donde los rectorados se convierten en trampolines hacia cargos políticos o en enclaves de control partidista.
La UV, por su historia y peso académico, debería ser ejemplo de autonomía y legalidad. Sin embargo, decisiones como la prórroga exhiben que la tentación de manipular procesos institucionales sigue viva. No es un simple error administrativo: es un reflejo de la fragilidad de nuestras instituciones cuando quienes las integran olvidan que su lealtad no es hacia una persona, sino hacia la ley y la comunidad universitaria.
Lo que se dirime no es únicamente la permanencia de un rector. Lo que está en juego es el principio de legalidad dentro de la Universidad Veracruzana. Si se permite que una Junta de Gobierno actúe por encima de la norma, se abre la puerta a que mañana cualquier otro órgano universitario haga lo mismo. Y entonces, la autonomía se vuelve simulacro, y el Estado de derecho, un mero discurso vacío.
Por eso los amparos interpuestos adquieren una importancia capital. No solo son recursos legales, son un recordatorio de que aún existen mecanismos para frenar los abusos de poder, incluso en instituciones académicas que deberían ser ejemplo de respeto a la norma.
La UV no necesita rectores prorrogados ni juntas de gobierno extralimitadas. Necesita legalidad, certeza y legitimidad. El prestigio de una universidad no se construye con favores ni componendas, sino con respeto a la norma y con procesos transparentes.
Cuando los jueces resuelvan los amparos, la responsabilidad no se agotará en Aguilar. También alcanzará a quienes, desde la Junta de Gobierno, se creyeron por encima de la ley. Porque en materia de legalidad universitaria no caben prórrogas: caben procesos claros, respeto a la norma y rendición de cuentas.
Si la Universidad Veracruzana quiere seguir siendo referente, debe empezar por lo elemental: respetar sus propias reglas. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en lo que más debería rechazar: un espacio donde la ley se dobla para favorecer intereses personales.
