* En Veracruz, desdén a la vigilancia de los gastos gubernamentales
* Legislatura miente en su personal, reporta la mitad de su nómina
Marco Antonio Aguirre Rodríguez
El “Informe Legislativo 2023/ El A, B, C, de los congresos y auditorías” elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), acaba de demostrar algo que para los veracruzano ya es sabido:
La Legislatura de Veracruz es cara.
Pero sobre todo es cara por lo ineficiente en sus labores legislativas y en la vigilancia del gasto público del gobierno del estado y los municipios.
La Legislatura de Veracruz es la sexta de mayor presupuesto en el país, con 970 millones 740 mil pesos, de acuerdo con lo mencionado en ese documento.
Eso que dijeron de que se iba a reducir el presupuesto del Congreso del Estado, resulto mentira.
En 2019 el presupuesto aprobado para el órgano legislativo fue de 776 millones 116 mil pesos; es decir, el presupuesto del Congreso de Veracruz se incrementó en 194 millones 464 mil pesos en estos 4 años.
Y aún con eso, la actual Legislatura de Veracruz es la más deficiente que ha existido en la historia del Congreso de Veracruz, y como muestra está el número de veces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les ha tenido que corregir la plana porque están violando la Constitución con los resolutivos que emiten:
En las legislaturas que ha manejado Morena ha sido en 22 ocasiones; es decir, más de 5 veces por año. En un comparativo, durante el bienio de Miguel Ángel Yunes, la SCJN emitió 6 sentencias, mientras que en el desastroso sexenio de Javier Duarte de Ochoa, fueron apenas 4.
(La torpeza de la Legislatura de Veracruz la puede consultar en https://cutt.ly/D8mDuNj).
Paradójicamente el IMCO estima que cada diputado local de Veracruz implica un gasto de 15.52 millones de pesos al año, para éste 2023, lo que representa un incremento sobre el estimado de 15 millones de pesos que hubo en 2022.
Sin embargo, si algún diputado local se atreve a hablar con usted y a decirle realmente como están los gastos que tienen, le dirá que esa cantidad es exagerada.
LEGISLATURA MIENTE EN SU PERSONAL, REPORTA LA MITAD DE SU NÓMINA
Y así es, porque a los diputados en general los tienen con los gastos limitados.
Los únicos que tienen recursos más que suficiente son los que se encuentran en la burbuja de Juan Javier Gómez Cazarin -el presidente de la Junta de Coordinación Política, y uno de los consentidos de Cuitláhuac García-, porque a estos les dan gastos sin contención alguna y elementos de trabajo en igual proporción.
O sea, en la Legislatura de Veracruz se practica la austeridad selectiva.
Como si aplicaran el dicho ese de “a los amigos justicia y gracia, a los no amigos justicia a secas”.
Aunque aquí sería “a los amigos presupuesto y gastos, a los no amigos, austeridad a secas”.
Esto hace que el gasto por diputado en Veracruz de 15.52 millones de pesos al año esté por arriba del promedio nacional, que es de 13 millones 630 mil pesos.
Uno de los privilegios que existen para los diputados favoritos, es que tienen mayor número de personal asignado, tanto en forma directa, en sus oficinas, como distribuidos en otras áreas del Congreso de Veracruz.
Un fenómeno que se encontró en el reporte del IMCO, es que la Legislatura de Veracruz dijo tener sólo a 394 personas en nómina, cuando la misma es de 730 personas, según el reporte de “Remuneraciones bruta y neta de todos los(as) servidores(as) públicos(as) de base y de confianza del Poder Legislativo” validado por la misma instancia al 31 de marzo de este año y colocado en su página de Transparencia.
¿Porqué esconde la Legislatura de Veracruz la existencia de 336 personas en su nómina?
EN VERACRUZ, DESDÉN A LA VIGILANCIA DE LOS GASTOS GUBERNAMENTALES
En cambio a quien si le han reducido el presupuesto es al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
El IMCO en su estudio anota que de 2022 a 2023, al Orfis le quitaron más de 5 pesos por habitante; al bajar el aporte por persona de 27 a 22.5 pesos en el transcurso de un año.
El trabajo del IMCO en buena parte se encamina a detectar el equilibrio que en cada estado existe entre el gasto destinado a los congresos locales y a los órganos de fiscalización, bajo la premisa de que mientras más equilibrado es el presupuesto de ambas entidades, mayor fiscalización existe en los gastos de los gobiernos estatales y demás entes de la entidad.
Ningún estado del país tiene un equilibrio en lo asignado a ambas instancias. De todos el que más se acerca a una paridad es San Luis Potosí, donde el Poder Legislativo tiene un 50.8% de la bolsa compuesta, mientras que el órgano fiscalizador cuenta con el 49.2%.
En Veracruz esa paridad no existe, porque el gobierno de Cuitláhuac García, al igual que el gobierno federal, lo que menos quiere es que se le fiscalice el gasto y se le esté revisando como lo ejerce.
Por eso es que aquí existe una fuerte disparidad, tanto que el estado está entre los que menos equilibrio tienen en el país.
De la bolsa conjunta para ambas entidades, la Legislatura se queda con el 79.9% y el Orfis sólo tiene el 20.1%.
El gobernador Cuitláhuac García le da mano suelta a su alfil, Juan Javier Gómez Cazarin, y contiene al ente que debería revisar los gastos que hace su gobierno y como los ejerce.
No les importa que se haga un buen trabaja legislativo, porque ese no es el fin del actual gobierno.
Tampoco les preocupa porque limitaron las actividades de quienes podrían vigilarlos.
Se creen los grandes místicos que se quedaran en el poder del gobierno del estado para toda su vida y que pueden hacer lo que se les de la gana, sin que tengan que rendirle cuentas a nadie y sin que nadie tenga el derecho de pedirles que transparenten sus acciones.
Así es el actual gobierno de Veracruz.
