La cultura democrática ha crecido en México, pero aún hay renglones sociales donde parece que aún nos cuesta trabajo entender y avanzar.
Y es que, prevalece la disposición de que, quien o quienes incumplan el respeto a la llamada “Ley Seca” – restricción que incluye la venta, promoción, comercialización y el consumo de bebidas en envase cerrado, abierto o al copeo, así como las de producción artesanal durante las veinticuatro horas antes del día de la jornada electoral – se les sancione con multas o, en casos graves, la suspensión de su licencia para la venta de alcohol, y todo eso me lleva a pensar que es una falta de cultura democrática desde la sociedad en su conjunto.
En unas horas, este próximo fin de semana, la medida que prohibe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, estará vigente desde las 00:00 horas del sábado 31 de mayo hasta las 23:59 del domingo 1 de junio, momento en el que propiamente ya habrá resultados por el triunfo o no a los contendientes en lo electoral y judicial, ante la elección concurrente.
La finalidad según se entiende es mantener el orden y la calma durante la jornada electoral, en la cual se seleccionarán en Veracruz a los próximos 212 ayuntamientos así como, a los nuevos miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal.
Y es que en estos casos resulta hasta habitual observar que las autoridades del gobierno de Veracruz y los Ayuntamientos, anuncien y den a conocer todo un operativo de vigilancia en los establecimientos y comercios que asegure el cumplimiento de la Ley Seca – que no existe como tal – o más bien de esa medida.
Cabe decir que en las legislaciones del país, no existe una “ley seca” propiamente dicha, y la regulación del alcohol en jornadas electorales está contemplada en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y consiste en que el día de la elección y el precedente, las autoridades competentes, de acuerdo con la normatividad de cada entidad federativa, y en este caso Veracruz, establecen medidas que limiten el horario de servicio de todos los establecimientos en los que se sirvan bebidas embriagantes.
Dicho de otra forma, es decisión de aplicar o no la prohibición por el gobierno del estado y los municipios o ayuntamientos.
La ley seca es injustificada, pero además pega al comercio formal y estimula el informal. Y resulta un golpe a los pequeños comercios y establecimientos que venden alcohol, pues ese concepto significa 50% en ventas.
DE SOBREMESA
El proceso rectoral sucesorio en la UV como lo establecen la constitución política del estado y la ley orgánica de la máxima casa de estudios, empieza a caminar en la agenda estatal.
Todo hace pensar que la sucesión en la UV se dará dentro de un marco democrático, pero también de transparencia a través de toda la comunidad universitaria que corresponde de acuerdo a la normatividad vigente.
También es verdad que la UV requiere accesar a una revisión profunda de sus estatutos y las normas que le rigen, pues como organismo autónomo se empieza a resagar en una época de modernidad en modelos de instituciones públicas.
En el horizonte universitario se aprecia que es tiempo de mujeres.
UN CAFÉ LECHERO LIGHT
Las modificaciones a una ley orgánica de las universidades públicas autónomas – caso de la UV – tiene origen y razones de una muy diversa naturaleza, pero sobresalen las de carácter financiero, político y académico, y recaen solo y exclusivamente en el poder legislativo o sea, en el H. Congreso del Estado.
El actual cuerpo de gobierno de la UV que encabeza Martin Aguilar, parece que no tiene una buena relación con el poder legislativo, y esta es una impresión personal.
Si bien es cierto que las universidades tienen fronteras, y se mueven con un “autogobierno” a partir de su “autonomía”, en la UV designan con plena libertad a sus autoridades, definen la administración de su patrimonio y elaboran sus planes y programas, pero creo resulta un exceso en sus libertades, de ahí que requieren una revisión más acorde a la transparencia y rendición de cuentas.
Los organismos constitucionales autónomos en Veracruz junto con sus contralorías internas como entes de control interno pasan por una convocatoria, entrevistas, análisis, discusión y aprobación del pleno del congreso del estado, pero no se aplica esta regla con la UV y quién parece se ha venido negando a ello.
No tendría por qué oponerse la Universidad Veracruzana a que su órgano interno de control se someta al Congreso del Estado, y deje de ser una área administrativa más de su estructura cuando que también como todos los organismos autónomos ejercen recursos públicos producto de las aportaciones de la sociedad en su conjunto a través de impuestos y derechos.
¡ES CUANTO!
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