Por Miguel Ángel Cristiani
En Veracruz, el discurso oficial sobre la reestructuración administrativa tiene hoy un rostro muy concreto: los despidos de enfermeras en el Asilo Sayago, el recorte de 32 contratados en Orizaba y 34 en Cosamaloapan, más los reajustes que se vienen en la Secretaría de Educación (SEV) y la Secretaría de Salud (SSA). El argumento del titular de Finanzas, Miguel Santiago Reyes, es tan sencillo como brutal: la nómina estatal está inflada, hay duplicidad de funciones y plazas que nunca debieron existir. El remedio —asegura— es la llamada “nómina única”.
Pero conviene ir más allá de la explicación administrativa para entender lo que realmente está en juego. Porque, aunque la austeridad se vista de orden financiero, en los hechos se traduce en familias sin ingreso, servicios debilitados y una burocracia que percibe el mensaje claro: “sobran”.
Es cierto: Veracruz arrastra desde los tiempos de Javier Duarte un pasivo descomunal con el SAT por no reportar debidamente los impuestos de los trabajadores, un boquete que supera los 22 mil millones de pesos. A eso se suma el crecimiento desordenado de plazas durante sexenios en los que repartir cargos era la forma más eficiente de comprar lealtades políticas. En esa práctica se incubó una nómina desproporcionada, con casos tan absurdos como trabajadores con dos plazas en horarios incompatibles.
El problema es que esa “herencia maldita” se convirtió en el justificante perfecto para aplicar tijera sin matices. Se despide a personal de salud y educación —áreas que la propia autoridad dice querer fortalecer— con el argumento de que “hay plazas de más”. Entonces cabe preguntar: ¿no habría una manera más justa de separar lo legítimo de lo excesivo, lo necesario de lo inútil?
Según Sefiplan, el nuevo esquema permitirá reasignar recursos hacia sectores prioritarios como salud, educación y seguridad pública, además de garantizar salarios más justos. El titular presume que más de mil trabajadores estatales recibían menos del salario mínimo, y que la instrucción de la gobernadora Nahle es corregir esa injusticia y reducir la brecha salarial de género.
El discurso suena impecable. Pero la realidad lo desmiente: ¿cómo hablar de fortalecer la salud pública cuando se prescinde de enfermeras en un asilo de ancianos? ¿Cómo presumir justicia laboral mientras se genera incertidumbre entre trabajadores que, más allá de sus contratos, sostienen el funcionamiento de hospitales, escuelas y oficinas públicas?
Porque el ajuste tiene nombre y apellido: son mujeres y hombres que cada quincena cumplían una función concreta, que atendían a pacientes, limpiaban pasillos, elaboraban documentos, daban clases. Y que de la noche a la mañana descubren que su plaza era “innecesaria”.
La llamada “nómina única” no es una idea nueva. En distintos estados se ha usado como herramienta para centralizar el control del gasto y evitar fugas. Pero también ha servido para disciplinar a la burocracia, adelgazar sindicatos incómodos y, en no pocas ocasiones, abrir espacio para la contratación de cuadros afines al nuevo gobierno.
En Veracruz, el mensaje político no pasa inadvertido: Rocío Nahle hereda una administración marcada por el desorden, pero también se estrena enviando la señal de que pondrá la casa en orden con o sin consenso. La pregunta es si el orden será administrativo o político.
Porque el riesgo es que la purga de plazas se convierta en una limpieza selectiva, donde se recorten a los de abajo para abrir huecos que, al final del día, volverán a llenarse con otros recomendados. La historia veracruzana ofrece demasiados ejemplos de cómo las plazas “ahorradas” reaparecen disfrazadas de asesores, contratistas o personal eventual.
La deuda con el SAT y el abultamiento de la nómina no se resolverán con despidos masivos. Requieren de una estrategia integral que contemple transparencia en el manejo de plazas, rendición de cuentas de los sindicatos, y un rediseño institucional que elimine duplicidades sin sacrificar servicios esenciales.
Si el gobierno de Nahle realmente quiere diferenciarse de sus antecesores, tendrá que demostrar que el reordenamiento administrativo no es simplemente el pretexto para despedir a unos y contratar a otros. Que no se trata de un cambio de nombres, sino de un cambio de prácticas.
Porque de lo contrario, lo único que se logrará será reproducir el ciclo perverso: heredar problemas a la siguiente administración, con la coartada de que la “nómina estaba inflada”.
El control de la nómina estatal es un asunto de legalidad y de justicia, sí. Pero también es, sobre todo, una cuestión de confianza. Si los ciudadanos perciben que los ajustes obedecen a criterios técnicos, los apoyarán. Pero si ven que detrás de cada despido se esconde un cálculo político, entonces el discurso de la austeridad se derrumbará como lo hicieron los de Duarte y de tantos otros.
Al final, lo que se juega en esta “nómina única” no son solo plazas ni presupuestos. Se juega la credibilidad de un gobierno que promete orden y justicia, pero que empieza mostrando tijera antes que transparencia.
