“El respeto de aquellos a quienes tú respetas, es más valioso que el aplauso de la multitud.” – Arnold Glasow.
Una vez más el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín dice ahí les voy.
Y es que, si evaluamos lo sucedido este jueves en la Sexagésima Quinta Legislatura Local, así como no queriendo el legislador de Hueyapan de Ocampo se anotó un 10 en el tejido fino.
Tres iniciativas presentadas de suma importancia para el futuro político de su partido se aprobaron en el Congreso, demostrando que en eso de la operación política termina convenciendo a los más recalcitrantes opositores.
Primero sacó adelante la ampliación presupuestal para Organismo Público Local Electoral del estado (Ople), la Universidad Veracruzana (UV), Fiscalía General del Estado (FGE) y Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que haiga sido como haiga sido diría el michoacano, aceita las estructuras que requerirá el Gobierno del Estado de cara a la jornada electoral del 6 de junio.
De este modo, el Congreso aprueba al Ople una ampliación de recursos presupuestales hasta por 352 millones de pesos (mdp), en virtud de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deriva de la acción de inconstitucionalidad 241/2020 y sus acumulados, que restablece la vigencia de cálculo de la Ley Electoral para los partidos políticos y además para gastos relativos a la instalación de órganos electorales desconcentrados, mecanismos de recolección y traslado de paquetes electorales y material electoral diverso.
Así mismo, el TEV recibirá una ampliación de recursos por un monto de 4 millones 612 mil pesos, sustentado en el incremento en las labores ordinarias, consecuencia del proceso electoral, la necesidad de contratación de personal eventual y gastos de operación.
A la FGE le fue autorizada la ampliación por un monto de 347 millones 147 mil 918 pesos, que fue fundada a partir de que la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Veracruz “I” del Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios en los periodos del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2015 y del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, y por Arrendamientos, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Y por último a la UV le autoriza un monto de mil 682 millones 467 mil 895 pesos que, al igual que la Fiscalía, le fueron determinados los créditos fiscales a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas a cubrir los Impuestos sobre la Renta retenidos por Sueldos y Salarios, a partir del incumplimiento en el pago de las ministraciones destinadas al pago del Impuesto sobre la Renta por sueldos y Salarios en los periodos del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2014 y del 1 de enero al 31 de mayo de 2015, así como las multas y recargos correspondientes.
Como sea, siendo resultado de sentencias o fallos de autoridad, llegan en un momento en el que, con ello, el Gobierno Estatal se congracia con dichos organismos y de alguna manera los favorece, abriendo el camino para poder tender esos puentes que seguramente emplearán de cara a la contienda electoral.
Al menos el OPLE, el TEV y la FGE serán instancias condescendientes con la administración Cuitláhuista.
Sumemos a ello, que el Congreso también aprobó nueva Ley de Comunicación Social para el Estado de Veracruz, que sutilmente llega de cara al proceso electoral.
Y por último la joyita de las iniciativas, en donde la LXV Legislatura autoriza la prórroga solicitada por el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) para la entrega de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2019, de acuerdo con el Proyecto de Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con la que pondrán en jaque a los ayuntamientos veracruzanos que no más no se alineen a los designios de Palacio de Gobierno en materia electoral.
La operación Cazarín confirma nuevamente que va por todas las canicas.
Al tiempo.
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