– De esta presa se suministra agua a más de medio millón de habitantes de los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y algunas comunidades de Cosoleacaque
– El agua es un bien público, es propiedad de la nación, no de ninguna organización o grupo
– Recibir agua para su uso y consumo es un derecho humano consagrado por la Constitución
– Las autoridades estamos obligadas a respetar este derecho humano y a hacerlo valer frente a cualquier intento de limitarlo
Esta madrugada un grupo de personas cerraron las válvulas de la presa Yuribia y dejó de abastecerse agua a los habitantes de las poblaciones citadas.
Esto implica poner en grave riesgo a cientos de miles de veracruzanas y veracruzanos que dejarán de recibir agua en sus hogares.
También se afectarán servicios básicos, fundamentalmente de cuidados de la salud, toda vez que quedarán sin agua los hospitales y clínicas de esa zona.
Las actividades industriales y comerciales se verán igualmente dañadas.
Me comprometo con los habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, y todos los que a partir del día de hoy han sido afectados por este acto vandálico, a que vamos a resolver el problema y aplicar la ley a quienes lo provocaron.
Quienes encabezan este movimiento han recibido en los últimos dos años casi 60 millones de pesos en efectivo, en entregas mensuales de 2 y medio millones de pesos que fueron puestos en manos de uno de los dirigentes por el Gobierno del Estado de Veracruz, que cedió a la amenaza de cerrar la presa si no se entregaban estos recursos.
Es una forma de extorsión absolutamente inaceptable.
El convenio que suscribieron representantes del Gobierno del Estado de Veracruz con los dirigentes de esa comunidad, es el más claro ejemplo de cómo durante el Gobierno de Javier Duarte no se respetó la Ley, no hubo Estado de Derecho, por el contrario, se negoció la Ley, llegándose al extremo de disponerse en el convenio suscrito que “las autoridades del Gobierno del Estado no tomarán medidas penales o realizarán denuncias civiles o penales tanto del fuero común y fuero federal para los autores de dicha liberación”, (liberación le denominan al cierre de las válvulas de la presa Yuribia).
Este convenio fue suscrito el 28 de diciembre de 2014 por los entonces secretarios de Gobierno, Erick Lagos Hernández; de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo; el entonces Procurador de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, e incluso por la diputada Anilú Ingram Vallines, que era presidenta del Congreso del Estado.
Desde el día que tomé posesión anuncié que haría respetar la Ley y restablecería el Estado de Derecho en Veracruz.
No hay otra vía para que comencemos a vivir una nueva etapa, en la que tengamos seguridad, desarrollo económico, empleo, combate a la pobreza y plena honestidad en el actuar de los servidores públicos.
Sería muy fácil ceder al chantaje y comprometerme a usar recursos de todos, en beneficio de un grupo que reclama un derecho que no tiene, porque el agua es de todos los veracruzanos, de todos los mexicanos y no de unos cuantos.
Todo el mes de diciembre convocamos al diálogo y a la negociación.
Funcionarios de mi gobierno sostuvieron diversas reuniones con los representantes del grupo que venía recibiendo dinero en efectivo y dejamos muy claro que no aportaríamos más recursos de esa manera, pero que estábamos dispuestos a implementar en esa zona, como en las demás regiones marginadas del Estado, programas de desarrollo social, de empleo temporal, de vivienda, de mejoramiento de los servicios de salud, de rehabilitación de la infraestructura educativa y de caminos, incluso de apoyo alimentario a los que lo requieran.
Eso sí puede y debe hacer el Gobierno del Estado de Veracruz.
Lo que no podemos, ni debemos hacer, es desviar recursos en beneficio de un grupo que hace uso del chantaje como arma.
Fui electo Gobernador del Estado de Veracruz para lograr un cambio de fondo, no para continuar en el camino del desastre al que nos llevaron las últimas dos administraciones.
Si para lograr el cambio y restablecer el Estado de Derecho debo correr riesgos, voy a enfrentar y a correr estos riesgos, pero no permitiré que un grupo violento que sólo busca satisfacer intereses económicos particulares, se imponga al gobierno que debe representar y representa el interés de más de 8 millones de veracruzanos.
Si cediéramos a este chantaje, tendríamos que ceder en cualquier otro caso similar; cualquier río, cualquier presa, cualquier instalación hidráulica, podría ser tomada como propiedad de un grupo y afectar el interés de la mayoría de los veracruzanos.
Se sentaría un precedente funesto para todos los sistemas de agua potable del estado.
Lo reitero, me comprometo con los habitantes de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y todos los que han sido afectados por este acto vandálico, a que vamos a resolver el problema y aplicar la ley a quienes lo cometieron.
