Cuando vi ayer desquiciada Xalapa, la capital del estado, a causa de una protesta de integrantes de colectivos dedicados a la búsqueda de sus familiares desaparecidos y con reclamos al gobierno del estado, me pareció que habíamos retrocedido siete años atrás.
De pronto, se me reveló como que estábamos viviendo el último año del gobierno de Javier Duarte, cuando se desató una ola de protestas y reclamos por el incumplimiento sobre todo de pagos lo mismo a pensionados y jubilados que a empresarios y comerciantes.
En 2016 ya habían colapsado las finanzas del gobierno del estado y no había salida. El mismo secretario de Hacienda de entonces, Luis Videgaray, había comentado en una reunión con Miguel Ángel Osorio Chong, Manlio Fabio Beltrones y Pepe Yunes que no había forma de hallarle la cuadratura al círculo en Veracruz.
Aún recuerdo que en forma insólita empresarios prendieron fuego a un vehículo frente a la secretaría de Finanzas y Planeación y que la policía estatal agredió a adultos mayores pensionados y jubilados que reclamaban pagos que se les debían. Era una verdadera situación de escándalo con la que terminaba el último gobierno del PRI luego de que por 86 años ese partido había mantenido el poder en forma ininterrumpida.
No estoy diciendo que se esté presentando la misma situación con el actual gobierno de Morena por cuanto hace al manejo de las finanzas, pues, lo que sea de cada quien, el secretario de Finanzas José Luis Lima Franco ha sabido administrar la escasez y va sacando de problemas al gobernador Cuitláhuac García Jiménez; a lo que me refiero es a la inconformidad ciudadana que cada día aflora y se expresa más.
Pero sí veo una significativa diferencia entre el gobierno duartista y el de Cuitláhuac García Jiménez: que la protesta, hace siete años, a veces con violencia, explotó cuando se acercaba el fin del sexenio, mientras que con el gobierno actual ha salido a la calle, sin temor al desalojo y la represión. cuando falta todavía un año para concluir.
El gobierno de Cuitláhuac carga ya con notas reprobatorias
Es muy pronto para hacer un balance del gobierno cuitlahuista, el primero de Morena, pues primero hay que dejar que concluya y luego dejar que el tiempo dé la mejor perspectiva para analizarlo y calificarlo, sin embargo, expresiones como las de ayer nos dan indicios de que a 12 meses de concluir ya carga con notas reprobatorias.
El tiempo ya prácticamente se les fue. Si en cinco años no pudieron cumplir promesas y ofrecimientos ni resolver problemas y carencias, ya no les queda tiempo ni recursos para intentar algún remedio. En lo que les queda en activo, tendrán que dedicarse a cuidar el cierre, a limpiar cuentas y a tratar de justificarlas, luego entonces no tendrán otra prioridad.
La acción de ayer, por demás justificada, de los familiares de los desaparecidos, víctimas indirectas también, no ha de tardar en ser secundada por otros grupos sociales que se quedaron esperando todo lo que les prometieron y que se puede reducir a una frase: un Veracruz mejor, mejor en todos los sentidos, con más y mejor justicia, con menos o cero impunidad, con puertas abiertas y diálogo, con más fuentes de trabajo, con suficientes medicamentos para los enfermos de los hospitales públicos, con más médicos y mejores servicios médicos, con menos o cero corrupción de los cuerpos policíacos y de tránsito, con trato digno y humano para los empleados del propio gobierno a los que han reducido a objeto del que pueden disponer a su antojo. En fin.
La manifestación de ayer deslava por anticipado cualquier anuncio triunfalista que pretenda hacer dentro de una semana el gobernador cuando rinda su quinto informe de gobierno.
Piensa “mucho” en sus muertos; ¿y en los de sus representados?
El pasado día 2, Día de Muertos, vi las fotografías que Cuitláhuac compartió en Facebook. Las imágenes lo muestran en un cementerio. Comentó: “También vine a Córdoba a recordar, y pensar mucho en ellos, en su última morada a mi abuelo Marcelino, mi abuela Reyna Luz, bisabuela, tía abuela y tías”. Sus sentimientos y expresiones personales merecen todo el respeto.
Pero resulta que aparte de nieto y sobrino, también es figura pública: es nada más y nada menos que el gobernador del estado y por lo mismo tiene un compromiso y una responsabilidad que cumplir con sus representados, y lo menos que pudo haber hecho fue enviar un mensaje público de solidaridad a los dolientes de las víctimas de la inseguridad y de la violencia, hombres y mujeres, que hoy ya no están con vida o que permanecen desaparecidos.
¿Le costaba algo reunirse ese día, recibir en el palacio de gobierno a los representantes de los colectivos, a su vez familiares de las víctimas, para diseñar juntos acciones que los ayuden a que se haga justicia y se castigue a victimarios y a que se encuentre a los desaparecidos? ¿Le costaba, por lo menos, ofrecerles una disculpa porque no se tienen los resultados deseables pese a que su gobierno pudiera haber hecho o está haciendo algo? ¿Le pesaba dirigirles unas palabras de aliento para reconfortarlos por las pérdidas que sufren? ¿Dónde quedó el “humanismo” que ha presumido? ¿No pudo dedicarle también un pensamiento a las víctimas que su gobierno no pudo proteger?
En septiembre, AMLO le dio la razón a los colectivos
Las protestas de ayer tienen razón de ser. En este espacio comenté en septiembre pasado cómo ante el fracaso del gobierno estatal el propio presidente López Obrador encargó al entonces delegado de Bienestar, Manuel Huerta, que se dedicara también a buscar desaparecidos.
Al tomar posesión prometió mucho; no ha cumplido
El 1 de diciembre de 2018, tan pronto como asumió el cargo, con mucha alharaca presumió que su primer acto de gobierno era hacer la “Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas”.
En su primer mensaje en esa ceremonia dijo en forma textual: “Nuestro gobierno acepta y reconoce que a las víctimas no se les ha hecho justicia y que lo más importante y urgente es brindar a las personas justicia, verdad y reparación, y en este contexto localizar a todas las personas desaparecidas”.
Anunció entonces que a través del Mecanismo Estatal de Coordinación se promoverían acuerdos y convenios institucionales con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos “para dar seguimiento a los hallazgos y peritajes realizados en las fosas clandestinas localizadas hasta el momento en el Estado, con la participación de familiares y colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales”.
Dijo que se dotaría, con el apoyo del Congreso del Estado, de recursos suficientes al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) y se asignarían mayores recursos operativos y presupuestales a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV).
Anunció una Iniciativa de Ley para crear un Centro o Instituto forense y de procesamiento de restos humanos, así como la implementación de un programa estatal e integral de medidas de prevención en materia de desaparición de personas, y un programa de capacitación.
Ofreció que la Comisión Estatal de Búsqueda contaría con una policía especializada en búsqueda de personas desaparecidas, y que la Dirección General de Desarrollo Político, “que solo servía para control político y clientelar”, se convertiría en Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos.
A los familiares de desaparecidas les dijo: “Ahí donde hay dolor, hoy se fortalece la esperanza de la verdad; ahí donde quiere habitar la tristeza para siempre, hoy nace una nueva luz por quienes físicamente no están; no estemos solo tristes por su desaparición, no olvidemos que el cobijo de su amor los hace presentes. También abriguemos la esperanza, porque los vamos a buscar hasta encontrarlos”.
¿Cuánto cumplió de eso? Ahora, incluso, les cierra las puertas del palacio a familiares de los desaparecidos.
