En la historia reciente del país nunca se había vivido una relación tan tensa entre el presidente de la República y el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya cereza en el pastel se dará seguramente en el momento en que Andrés Manuel López Obrador mande al Congreso su propuesta de reforma electoral.
Desde hace varios meses, el Primer Mandatario anunció que ésta será, junto con la reforma eléctrica y la de la Guardia Nacional, las que consoliden su proceso de transformación del país.
El argumento central esgrimido por López Obrador para justificar la reforma electoral es disminuir los gastos excesivos del Instituto Nacional Electoral, que las elecciones no cuesten tanto dinero y al mismo tiempo sean democráticas y libres para evitar los fraudes en los comicios.
El mandatario federal defiende su propuesta argumentando que busca dar autonomía total a las autoridades y procesos electorales y asegurar que quienes coordinen los procesos sean personas de inobjetable honestidad, rectos y auténticos demócratas; así como reducir costos, pues actualmente el gasto electoral ronda los 20 mil millones de pesos. Una suma exorbitante que, desde luego, debe disminuirse en cuanto al gasto operacional del INE, pero especialmente en cuanto a las prerrogativas que reciben los partidos políticos. Durante 2022, los partidos en su conjunto recibirán un monto de 5 mil 822 millones de pesos.
A través de la filtración de un borrador, se dio a conocer que con la reforma electoral se pretende desaparecer todos los órganos electorales locales del país y los tribunales estatales en la materia, a fin de que todas sus funciones estén centralizadas en el INE o en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, respectivamente; así como hacer una renovación de la mayoría de los consejeros del instituto y de los magistrados del Tribunal Electoral, y ajustar el número de sus integrantes.
Además, se busca reducir el número de diputados de representación proporcional en la Cámara que pasarían de 500 a 400, así como de senadores, de 128 a 96.
De igual manera, se plantea el reconocimiento del derecho al voto a las personas en prisión procesadas que aún no han recibido una sentencia, el acceso a un cargo público a quienes tienen doble nacionalidad y que se impulse el sistema de voto electrónico.
Siempre que se habla reformas electorales o que se han llevado a cabo adecuaciones al marco normativo tras procesos electorales federales se cuestiona que estos cambios han tenido su base en propuestas formuladas por los institutos políticos, por lo que se les considera reformas orientadas a beneficiar a los propios partidos políticos y que surgen de acuerdos cupulares entre las diferentes fuerzas políticas en donde, además, se reparten las propuestas que toca hacer a cada partido de los consejeros electorales. Con ello, se arraiga la percepción de que existe una conformación sesgada y a modo de los órganos electorales. Ello siempre ha ocurrido así y en esta reforma electoral no será la excepción.
No obstante, muchos se preguntan cuál es en realidad el propósito, más allá del ahorro de recursos en la organización de las elecciones. No hay que ir muy lejos por la respuesta: de lo que se trata es de cambiar a los actuales consejeros del INE, destacadamente el presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, que sostienen una fuerte confrontación con el presidente de la República, y de paso aprovechar el viaje para poner gente a modo.
Ex consejeros electorales y analistas advirtieron de los riesgos que podría traer una eventual aprobación de una reforma que afecte el equilibrio del sistema electoral. De acuerdo a expertos en la materia ninguna reforma electoral debe buscar vulnerar o implicar un retroceso del sistema nacional de elecciones o caer en la tentación de “fusionar” al Instituto Nacional Electoral (INE) con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como se ha comentado que se pretende también.
No obstante, si en verdad se quiere llevar a cabo una reforma de fondo, que realmente le sirva al país, sería obligado revisar temas tales como establecer la segunda vuelta electoral, erradicar las prácticas de compra de votos que persisten; el poner un freno definitivo a la participación de la delincuencia organizada en las campañas y brindar plena seguridad a candidatos y ciudadanos y que se erradique el amedrentamiento de grupos delincuenciales; el que se ponga un alto al clientelismo corporativista desde los gobiernos y que se revise la forma de sancionar en verdad el uso de programas sociales con fines electorales; que se ponga un alto al encarcelamiento de adversarios políticos a través del uso faccioso de la fiscalías estatales, como se ha visto recurrentemente en las elecciones más recientes y en donde Veracruz ha dado la nota.
De lo que se trata es frenar la intervención gubernamental en las elecciones a través del uso de recursos públicos que ha sido la constante, donde se obliga a empleados públicos, so pena de ser despedidos, a trabajar en labores de promoción (tal y como hemos visto en la recolección de firmas para la consulta de revocación de mandato), a asistir a eventos de campaña, a entre otras formas de utilización el aparato de gobierno en favor del partido en el poder.
Todas estas prácticas presentes en nuestro país y que no son nuevas, desde luego, pero que hoy utilizan alegremente los gobiernos de la Cuarta Transformación, hacen nugatorios los principios de equidad e imparcialidad de la competencia electoral y con ello dañan la calidad de nuestra democracia.
Una genuina reforma electoral deberá sin duda abordar todos los temas citados y trascender visiones de coyuntura y orientadas, dígase lo que se diga, a tener el control de las instituciones electorales.
Ya veremos cómo se pone la cosa en la Cámara de Diputados donde la oposición se alista para defender al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante una eventual iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que acote las funciones de ambos organismos autónomos en la arena política nacional.
Para ello, el frente opositor busca el desahogo de las 142 iniciativas en la materia que se han presentado desde 2018 a la fecha y evitar que la iniciativa presidencial que se avecina las desplace de inmediato, así como a un par de propuestas que las bancadas del PRI y del PAN arman por separado.
Lo que busca la oposición es presionar a la bancada morenista y a sus aliados para que la reforma político-electoral del presidente no pase en sus términos y se incluyan los puntos de vista de todos los grupos parlamentarios.
Será sin duda, la de la reforma electoral, una discusión fuerte que se desarrollará teniendo como telón de fondo la enorme polarización que vive el país. Por el bien de México esperemos que haya altura de miras en los adversarios en este sensible tema que es fundamental para el futuro de todos.
