A la Sociedad Veracruzana.
La simulación institucional no puede seguir siendo la regla
Lo que ocurre hoy en la Universidad Veracruzana no es un tema interno ni exclusivo del ámbito académico. Es un asunto público, ético y político. Esta institución, financiada con recursos de toda la sociedad veracruzana, debería ser un referente de justicia, conocimiento y profesionalismo. Sin embargo, su deterioro es cada día más evidente.
La actual administración ha instalado una lógica perversa en la que las plazas académicas se otorgan por lealtades, no por méritos. Hay facultades donde hasta tres integrantes de una misma familia ocupan cargos académicos, muchos sin cumplir los requisitos profesionales. Lo más preocupante es que esas plazas se diseñan a la medida, como favores personales dentro de una red de relaciones clientelares.
Más allá del favoritismo, se ha institucionalizado el castigo. Las consecuencias para quienes alzan la voz o son asociados con la disidencia han sido claras y sistemáticas: exclusión de comisiones, marginación de tareas docentes, silenciamiento estructural. Tras las recientes manifestaciones, esto se ha hecho aún más visible en la vida cotidiana académica.
La represión no termina ahí. La estabilidad laboral de quienes no cuentan con base se ha vuelto frágil y amenazada. Para muchos trabajadores contratados por honorarios o en condiciones precarias, haber participado en una marcha o haber expresado una crítica representa ahora un riesgo. El mensaje es claro: pensar distinto puede costarte el empleo.
A esto se suma una estructura de poder autoritaria que impone directores sin tomar en cuenta la decisión de las Juntas Académicas, desconociendo procesos democráticos internos. El poder universitario se ejerce hoy desde el silencio, la exclusión y la imposición.
Se habla mucho de la “autonomía universitaria”, pero esa autonomía se ha convertido en un escudo para proteger los abusos de quienes detentan el poder. Mientras tanto, actores políticos estatales guardan silencio. No hay posicionamientos claros, no hay llamados a la rendición de cuentas. Se optó por la indiferencia ante una comunidad académica agraviada.
Ese silencio es político. Es una forma de complicidad.
Ex rectores como Sara Ladrón de Guevara y Raúl Arias Lovillo han denunciado que la Junta de Gobierno ha sido capturada por presiones externas, y que la institucionalidad ha sido gravemente vulnerada. Organismos estudiantiles también han señalado la ausencia de posturas firmes ante reformas judiciales o decisiones arbitrarias internas. Se guarda silencio para proteger intereses. Se evita incomodar al poder.
La Universidad Veracruzana no puede continuar siendo utilizada como refugio para premiar lealtades políticas, castigar posturas críticas o mantener privilegios familiares. Lo que está en juego es su legitimidad como institución pública.
La UV debe pertenecer a quienes la hacen día a día: estudiantes, docentes y trabajadores que creen en el valor de la educación como bien común. Lo que hoy vemos es un modelo de simulación institucional que debe ser denunciado, confrontado y superado.
Seamos una sociedad que decida a sus gobernantes y no a figuras políticas encumbrados por palabras y o por hechos, esos que hablan, prometiendo en campaña y cuando están encumbrados desconozcan a la población.
La Universidad debe ser faro, no sombra
