¿Hay algo que celebrar este 15 de septiembre? Sí. Este año hemos sido testigos en el estado de la evolución y el grado de madurez cívica que ha alcanzado la sociedad veracruzana.
En menos de quince días, entre el día primero y el día catorce, familiares de desaparecidos, un grupo de menores de edad y sus padres, así como abogados que siguen creyendo en el sistema de leyes y normas como reguladoras de la vida en sociedad, propinaron dos serios reveses al gobierno del estado.
Frenaron la imposición de una recomendada sin experiencia y que no cumplía los requisitos para asumir la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral de Víctimas (CEAIV), y con la ley en la mano lograron que doce menores de edad recibieran la vacuna contra el Covid-19, que se les negaba, no obstante que habían obtenido un amparo que los protegía para que se las aplicara.
En el primer caso, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió una terna de candidatos al Congreso local para que se designara al presidente de la CEAIV, pero los diputados de Morena ocultaron los nombres en forma sospechosa.
Sin embargo, los familiares de las víctimas se enteraron que pretendían imponer a una mujer, Yuliana Aguilar Rodríguez, que, dijeron, era recomendada del secretario de Gobierno Eric Cisneros, quien no tenía experiencia en la atención a víctimas, apenas cuatro meses antes había recibido su cédula profesional y no cumplía con los requisitos que se habían fijado en la convocatoria respectiva.
Representantes e integrantes de los 15 colectivos de familiares que hay en Veracruz tomaron el centro de Xalapa, realizaron bloqueos durante todo el día 1 de septiembre hasta que lograron que se diera marcha atrás en la imposición o lo que comúnmente se conoce como madruguete.
Finalmente, el Congreso desechó la terna indeseada delegando la facultad de designar al gobernador, quien nombró al abogado Christian Carrillo Díaz, quien también estaba propuesto, tiene once años acompañando a los familiares de los desaparecidos, aunque como es característico en el actual gobierno, habían ignorado la experiencia para favorecer a una bisoña, pero recomendada y manipulable.
Jueces de Distrito echaron abajo argumentos oficiales
En el otro caso, niños decididos, sus padres y abogados profesionales, lucharon con la ley en la mano para que se les atendiera porque las vidas de los menores corrían peligro, como la de muchos o todos los niños y adolescentes veracruzanos, pero se toparon con la cerrazón oficial, con un gobierno que también se caracteriza por su violación al Derecho, a la Ley de Amparo, no respetándolo, como sucede también en el Legislativo y en el Judicial.
Más por imprudencia, por ignorancia e invasión de áreas que no son de su competencia ni conocimiento, que por mala fe –eso quiero creer, porque no creo que lo haga por un afán de maldad–, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se puso al frente y a la cabeza del rechazo para que se protegiera a los menores, ignorando los amparos ya emitidos para que niños recibieran la vacuna, lo que finalmente, amparados en el imperio de la ley, lograron ayer.
La niña Zulma González García se convirtió en la figura emblemática de la lucha porque se viralizó un video en el que reclamaba al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, que la vacunaran por el riesgo que corría ya que padece diabetes tipo 1.
El gobernador dijo reiteradamente que no se aplicaría la vacuna a menores, aunque tuvieran amparos, a menos que la farmacéutica (Pfizer) enviara el medicamento etiquetado específicamente para niños y una autoridad federal se hiciera responsable.
Como si fuera autoridad en la materia, afirmó que no había evidencias científicas de que las vacunas funcionaran para menores de edad, por lo que sería riesgoso aplicarlas sin que hubiera alguna responsiva por parte de alguna autoridad.
El abogado Amilcar Hamar Reyes Guerrero, uno de los defensores de los menores, que tienen entre 12 y 15 años de edad, expresó ayer su contento porque los jueces de Distrito emitieron criterios “muy certeros” que obligaron a la vacunación. Informó que tiene pendiente de tramitar otros quince amparos e hizo saber que en Poza Rica se presentaron veinte más. En el gobierno guardaron silencio ayer.
Sobre todo mujeres, ya no se dejan
En ambos casos se evidenció el grado de evolución de la sociedad veracruzana, cada día más inconforme, muy informada, conocedora de sus derechos, valiente, con mucha madurez cívica y dispuesta a no permitir más que se atente desde el poder contra sus intereses; una lucha que, debe destacarse, encabezan sobre todo mujeres.
Una vez más en el gobierno se vieron mal. Sigue sin haber quien asesore legalmente al gobernador para que no cometa más “osos”, quien le diga que no se puede violar un amparo, quien cabildee con grupos interesados o afectados antes de tomar una decisión para que no les echen abajo sus propuestas y permee la idea de que quienes están en el poder son autoridades con falta de firmeza, titubeantes, que reculan porque no hacen las cosas en forma debida.
Fiscalía saca culpables “de la nada”
Si algo caracteriza al diputado local Jorge Moreno Salinas es su mesura y su prudencia. Ajeno a los reflectores y a la estridencia, de los pocos legisladores con una sólida formación académica, con experiencia legislativa, conocedor del Derecho, creo que ayer por primera vez en tres años, ya a punto de irse, salió del clóset del silencio para hacer un señalamiento que no se puede ignorar: la Fiscalía General del Estado sacó “de la nada” un culpable en el caso del asesinato de su compañero de partido el diputado Juan Carlos Molina Palacios.
Luego de que un juez federal exoneró a quien se culpaba del crimen, Itiel “N”, porque se probó que agentes ministeriales fabricaron una prueba para inculparlo, el diputado pidió la “aplicación objetiva de la ley”. “Que comprueben bien que él es el responsable y que se le castigue conforme a la ley si hay indicios, no que nada más apareció de la nada su culpabilidad”. Demandó que al verdadero responsable se le lleve a juicio.
Chairiza calla ante la invitación a Quirino Ordaz y a Antonio Echavarría
Antipriistas hasta el fanatismo, la llamada “chairiza”, que no baja de corruptos a los tricolores, que los acusa de todos los males que padece el país hasta de los que ya son responsabilidad del gobierno de la 4T, han guardado un ominoso silencio ante la invitación que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al todavía gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Copell, para que se integre a su gobierno como embajador en España.
Salvo una crítica que hizo en su cuenta de tuit Gerardo Fernández Noroña, quien en agosto había arremetido contra la Secretaría de Relaciones Exteriores por haber designado a la escritora Brenda Lozano, a la que calificó de “derechosa” y que ahora, el 11 de septiembre, dijo que le parece mucho peor la designación de Quirino, nadie más ha dicho nada.
Con la invitación a un priista, AMLO prácticamente les escupe en la cara. Ante el amado líder, todos agachan la cabeza. Tampoco han dicho ni pío ante la invitación también al gobernador panista saliente de Nayarit, Antonio Echavarría. ¿No qué conservadores? ¿No que, igual, corruptos? ¿No que son diferentes? Están todos alineaditos, como seditas. ¿¡Viva México, cabrones!?
Lector, ten el mejor desayuno, la mejor comida o cena “patria” dentro de tus posibilidades, en familia o con quien desees. Que no se pierda el fervor patrio. Te dejo descansar; nos reencontraremos el viernes.
