Dos escándalos sacuden los cimientos de morena, por un lado, el caso de huachicol fiscal que involucra al ex titular de marina Rafael Ojeda Durán, este caso no es menor, pues salpica gravemente a las fuerzas armadas en un caso de corrupción profunda. En la otra cara de la moneda tenemos la detención de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad de Adán Augusto López, mientras fue gobernador de Tabasco.
El segundo caso hace cuestionar las decisiones de una transformación fallida pues fue como secretario de seguridad en Tabasco que Hernán Bermúdez Requena operaba la organización criminal, “La barredora”, mientras tanto el ahora líder del senado ha tratado de deslindarse y declarado que está dispuesto a participar en la investigación y que él mismo pidió que se investigara a su ex colaborador.
Y si lo anterior no fuese suficiente para opacar los números positivos en materia de seguridad de la actual gestión presidencial, tenemos los gastos desmedidos de miembros del partido que se presenta como el defensor de los pobres, desde los viajes con cenas de más de 40 mil pesos a Tokio, hasta quienes dicen que la austeridad es solo para el gobierno y no para gastos personales.
El problema nunca ha sido el partido político en turno. El verdadero enemigo es la corrupción estructural de México. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 126 de 180 países, con una calificación de 31 puntos sobre 100, por debajo de naciones como Colombia, Etiopía o Gambia. Es decir, la percepción de corrupción en el país sigue siendo altísima pese a las promesas de transformación.
El costo tampoco es menor. El Banco Mundial estima que la corrupción en México representa entre el 2% y el 10% del PIB anual, lo que equivale a billones de pesos que podrían invertirse en salud, educación o infraestructura. La ASF (Auditoría Superior de la Federación) reportó en su informe de 2022 irregularidades por más de 64 mil millones de pesos en el ejercicio del gasto público.
En cuanto al caso de huachicol fiscal, las cifras son alarmantes: solo en 2023, el SAT detectó pérdidas por más de 64 mil millones de pesos debido a la facturación falsa y contrabando de combustibles. La violencia asociada no es menor. En los últimos dos años han fallecido al menos cinco personas relacionadas con aduanas y procesos de ingreso de hidrocarburos y fentanilo; la última, Adrián Omar del Ángel, murió durante una práctica de tiro real en circunstancias cuestionables.
Los hechos anteriores además de develar que la transformación no alcanzó para combatir la corrupción, develan que las fuerzas armadas están llevadas por personas que son igual de corruptibles que quienes se han desempeñado en otros cargos, por lo que sin importar quien está al frente seguimos sin poder confiar en las distintas redes de seguridad.
Llega entonces el cuestionamiento constante ¿cómo combatir el cáncer de la corrupción en el país? No basta con el combate como discurso, se requiere de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, transparentar los procesos no solo en las reformas y propuestas fiscales, sino también establecer mecanismos de vigilancia al interior de las diversas dependencias.
La corrupción es el mayor obstáculo para cualquier proyecto de nación, pero no es invencible. Si algo han demostrado los primeros resultados en materia de seguridad es que, con estrategias claras y consistentes, sí es posible transformar realidades. El desafío ahora es trasladar esa misma voluntad al combate de la impunidad y la influencia del crimen organizado, con instituciones sólidas y con una ciudadanía vigilante que no permita retrocesos. Ahí se juega la verdadera transformación.
