“Es necesario decir la verdad y no ser locuaz”. – . Demócrito.
El asesinato de Irma Hernández Cruz, profesora jubilada y taxista en Álamo, Veracruz, estremeció a la opinión pública. Su muerte, en apariencia cruel y despiadada, fue aprovechada por ciertos sectores políticos y mediáticos para intentar construir un nuevo relato de ingobernabilidad en la entidad.
Sin embargo, los hechos –como siempre– son más complejos de lo que se quiere aparentar, y merecen un análisis objetivo que no re victimice a la persona asesinada, pero que tampoco encubra el trasfondo del caso.
Irma Hernández, según diversas investigaciones, mantenía una relación conflictiva con sus compañeros del gremio de taxistas. De acuerdo con versiones recabadas en medios locales y testimonios de transportistas de la zona, su actuar generó fricciones crecientes. En un principio, se habría encargado de cobrar extorsiones en nombre de un grupo criminal asentado en la región; sin embargo, con el tiempo, optó por cambiar de bando, generando una peligrosa ruptura en una estructura criminal que no suele perdonar ese tipo de traiciones.
En México nadie es asesinado por los grupos delictivos “nada más porque sí”. Quién ha osado moverse entre cárteles, aunque sea como engranaje menor, suele terminar pagando con la vida. Es una realidad incómoda que no exime al Estado de garantizar la seguridad, pero sí nos obliga a no caer en lecturas simplistas o condescendientes.
Ante este hecho, el actuar inmediato de la gobernadora Rocío Nahle García fue determinante. Desde el primer momento, instruyó a las corporaciones de seguridad para dar con los presuntos responsables, logrando su detención en tiempo récord. La respuesta fue contundente y reveló que, pese a la narrativa pesimista que algunos buscan imponer, en Veracruz sí hay un gobierno que atiende con firmeza cada hecho violento.
Es innegable que existe una campaña bien orquestada que busca maximizar cualquier evento en Veracruz, pretendiendo empañar la imagen de un gobierno que, a diferencia de otros en el país, ha optado por enfrentar de frente la inseguridad y la corrupción. Esta campaña se da en paralelo a la crisis ética y política que viven figuras opositoras a nivel nacional, algunas vinculadas con el crimen organizado y otras distraídas en costosos viajes por Europa, intentando evadir los reflectores del escándalo.
El caso de Álamo no debe tomarse a la ligera, pero tampoco utilizarse con mezquindad política. La ciudadanía merece conocer la verdad completa, no la que conviene a intereses de corto plazo.
Al tiempo.
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