- Posible daño patrimonial superior a los mil 880 millones de pesos
- Se emitieron mil 994 observaciones de presunto daño patrimonial
- Un largo y tortuoso camino para librar responsabilidades
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Ahora sí que como dicen los abogados, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), Delia González Cobos entregó en tiempo y forma, los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior derivados de las auditorías practicadas a las cuentas públicas del ejercicio 2020, a los entes fiscalizables estatales y municipales de la entidad.
Aunque para decirlo en términos llanos, se trata de los resultados de las auditorías practicadas a los 212 ayuntamientos y a los llamados entes públicos, para ver la forma en que aplicaron los millonarios presupuestos del ejercicio del año 2020.
El resultado más significativo es que se estableció un posible daño patrimonial superior a los mil 880 millones de pesos.
Y eso que no se auditaron la totalidad de los recursos y las obras supuestamente realizadas, solo fue una parte del total reportado.
A estas alturas del partido, cuando ya los ayuntamientos están a unos días de dejar el poder, no pueden argumentar que no sabía que no estaban haciendo bien las cosas.
Las cuentas públicas auditadas son las del penúltimo año de las administraciones municipales corresponden al año 2020, falta ver como salen las cuentas del último año, de este 2021, en que como es bien sabido, muchos funcionarios que ya se van, se llevan todo lo que pueden.
Hay que reconocer que se trató de un trabajo intenso, ya que, en este proceso, fueron practicadas 863 auditorías, revisiones y evaluaciones, de las cuales 314 auditorías fueron en materia financiera-presupuestal, 226 técnicas a la obra pública, 62 de deuda pública y obligaciones, 5 integrales de legalidad y una sobre el desempeño, así como 88 evaluaciones de participación ciudadana y 167 revisiones en materia de deuda pública y obligaciones municipales.
Al entregar las cuentas públicas del año 2020, la Auditora General del ORFIS informó en el Congreso del Estado que, con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, se emitieron mil 994 observaciones de presunto daño patrimonial, siendo el desglose: 159 observaciones a entes estatales, mil 814 a entes municipales, 21 observaciones a entidades Paramunicipales; en las cuales se determinó un posible daño patrimonial superior a mil 880 millones de pesos.
Como también hay que apuntar que este es el primer paso de un largo y sinuoso proceso, que lleva la intervención de distintas instancias administrativas, en las que pareciera que más de tratar de castigar los malos manejos y corrupción de los funcionarios responsables del manejo de los presupuestos, se les brindan todas las facilidades, para que puedan diluir y eliminar todo lo que se detectó en las auditorías.
Por lo pronto, ahora la Comisión Dictaminadora del Congreso dará inicio al nuevo proceso de estudio y análisis; posteriormente, el dictamen será sometido a consideración del Pleno a más tardar el último día del mes de octubre de acuerdo a la ley.
Luego con los resultados que hayan acordado en la Legislatura, se enviarán de regreso al ORFIS para que ahora sí los envié a las instancias de impartición de justicia, en donde nuevamente podrán llegar a una negociación para evitar tener que devolver lo desviado o hasta ir a parar a la cárcel.
Aunque en la actual legislación hay un plazo de hasta siete años, en que pueden ser llamados a rendir cuentas del posible daño patrimonial -así le llaman al saqueo en las finanzas públicas- hasta dentro de los próximos siete años.
Entonces habrá que dar seguimiento a ver al final de este largo y tortuoso camino, cuantos son los funcionarios municipales y de los entes fiscalizables que no logran solventar los señalamientos encontrados y terminan finalmente en la cárcel.
Porque precisamente en el Informe General y en los Informes Individuales, hay mucha información interesante de cada uno de los entes, que merecen su análisis detallado para poder evaluar las administraciones municipales y de los entes como son los Institutos Tecnológicos, la Universidad Veracruzana, los sistemas de agua potable, el IPAX, entre otros muchos.
Por lo pronto, gracias a la transparencia en la información, nosotros ya contamos con los archivos de los resultados de la Cuenta Pública 2020 que se entregó el Congreso y que nos permitirán hacer un desglose de los más significativos en próximas entregas de la Bitácora Política Veracruzana.
Porque como bien dice Pancho López el filósofo ateniense xalapeño, “de todo hay en la viña del señor” y aquí también en las Cuentas Públicas hay de todo.
Porque, además, no hay que olvidar que los resultados del año 2020, se deberán agregar a los detectados en las auditorias de los años anteriores y que, a estas alturas del partido, ya deben de estar en las carpetas de la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General, y la Fiscalía Anticorrupción.
Ahí se puede encontrar también la explicación de cómo funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, ahora son propietarios de lujosas mansiones en los nuevos fraccionamientos que se han venido construyendo en la capital de los veracruzanos y no precisamente con créditos bancarios, sino con esos presuntos desvíos millonarios.
Sería también saludable para la transparencia, que la Contraloría General del Estado, rindiera un informe de los casos que se han detectado de inconsistencias -mentirotas- que han detectado entre lo que los funcionarios públicos declaran en sus bienes patrimoniales y lo que en realidad tienen, aunque estén a nombre de sus esposas, hijas o prestanombres.
Nada más hay que ir a comprobar, los domicilios que dan en su declaración patrimonial, para ver si las residencias donde viven corresponden a los ingresos que legalmente reciben o si con el tiempo que tienen en el gobierno, pueden ahorrar para adquirir una propiedad de esas dimensiones y características.
Pero como diría la Nana Goya: esa es otra historia.
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