La ciudadanía tiene derecho a la libre expresión de sus ideas como una de las principales garantías individuales amparada por la Constitución General de la República. En esa libertad cabe la crítica a los poderes públicos como parte del ejercicio de la condición ciudadana. No es un favor ni acto gracioso que otorguen las autoridades aunque, paradójicamente, en tiempos de auto llamada transformación la crítica se ha vuelto incomoda. La indispensable participación ciudadana en la vida pública, clave en una democracia real, debería ser respetada y estimulada desde los Gobiernos y las representaciones legislativas en términos de cercanía, transparencia y la rendición de cuentas. Sin eso, consolidado y con efectos, no hay cambio alguno que se respete.
No estaría completa la crítica social a los políticos sin la parte correspondiente a las oposiciones. Desde la ciudadanía la crítica y exigencias debe ser pareja aunque el acento se dirija a quienes ejercen poder. Las oposiciones son parte insustituible de la vida democrática donde, entre otros elementos, coexisten mayorías y minorías; la uniformidad es propia de dictaduras. El punto a considerar es el papel que juegan o deben jugar las oposiciones en la coyuntura actual, al menos en Veracruz.
Es desolador para los veracruzanos observar unas oposiciones que tienen importantes espacios municipales y legislativos pero que se desenvuelve en la irrelevancia, con un sentido patrimonial y de auto consumo. Ocurren hechos cuya gravedad ameritaría la fuerte opinión y movilización de las oposiciones. Sin embargo, brillan por su ausencia a la hora de hacer denuncias fundadas y acompañar a sectores sociales golpeados por malas autoridades. Si las representaciones legislativas se ausentan del debate, si forman parte de acuerdos facciosos, si no se ponen al frente de los grupos que los necesitan, si no investigan asuntos fundamentales para la veracruzanos, dejan de tener sentido y nos colocan en la indefensión. Igual que los partidos opositores que no se oponen más allá de aisladas declaraciones las diputaciones apenas cumplen con las formalidades de su función sin ir más allá. En ese sentido hay un déficit opositor, dejando a la ciudadanía sin canales de expresión para hacer oír su voz en los asuntos públicos.
Las poblaciones asoladas por la violencia oficial y delincuencial, los sectores golpeados por la pandemia del covid-19, los grupos sin atención a demandas de servicios, los estudiantes sin acceso a escuelas, los movimientos feministas, la defensa del medio ambiente, las reivindicaciones de las comunidades indígenas, los enfermos sin medicinas, los ediles presionados para alinearse, la falta de rendición de cuentas del Ejecutivo, los despropósitos legislativos, la represión a opositores, la manipulación electorera de los programas sociales, etcétera, exigen la participación efectiva, documentada, firme y comprometida de las oposiciones. Mientras no lo hagan estarán lejos de cumplir con su función política en la democracia, siendo parte pasiva, conformista y cómplice de un sistema que obstruye la participación y el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Debe advertirse que las oposiciones partidistas reciben jugoso financiamiento público para realizar sus labores que, lamentablemente, muchas veces se reduce al sostenimiento de una burocracia y al ejercicio palaciego. Las oposiciones, todas, deben renovarse abriéndose a la sociedad y cumpliendo con su misión de oponerse constructiva y lealmente a los Gobiernos. Si no se opone y alienta la expresión ciudadana, se vuelve irrelevante y prescindible. Vienen tiempos de prueba para todos los partidos, gobernantes y opositores: vuelven a ser medios y recolectores de demandas sociales, así como reivindican un mínimo ideario, no rollos ni propaganda, o se pudren en el vil pragmatismo y el mercantilismo político.
Recadito: hay que seguir buscando opciones de participación política que no dependan de los partidos.
