Cartas a la redacción:
La ahora electa magistrada, en la materia penal del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, no conforme con haber implementado una reforma exprés a la Ley de Medios Alternativos en enero del presente año, misma, que no fue estudiada a fondo, ahora se entiende por la poca capacidad de razonamiento de esta servidora pública, quien nunca contó con lo mínimo para poder desempeñar un cargo de esa envergadura y provocó un notorio retroceso para los medios alternativos de solución de conflictos.
Pero sin importarle el impacto negativo que traería como consecuencia desaparecer al CEJAV de un día para otro, la nueva ley se utilizó en realidad como un movimiento efectuado para sacar de la titularidad del centro al ahora exdirector Fernando Valerio Gutiérrez y a su mano derecha, Rafael Zavaleta Ramos, para así evidenciarlos como los encargados de hacer malos movimientos con los recursos del citado y ahora extinto centro estatal.
Sobra decir que aquí los más perjudicados fueron, como siempre, los trabajadores. En el mejor de los casos, los que permanecieron se vieron seriamente afectados no solo en sus retribuciones salariales, las cuales, fueron reducidas hasta en un 50 por ciento, sino también por el incremento de la carga laboral, al haber sido distribuidos, sin herramientas necesarias para cumplir su labor, por varios puntos del estado, además de exigirles resultados inalcanzables con los pocos recursos materiales y humanos con los que cuentan.
Lo que aquí extraña es que ninguno de ellos, siendo abogados y conociendo sus derechos, haya puesto resistencia. Otros más fueron despedidos sin consideración ni finiquito alguno, y cuando varios de ellos se acercaron a la Dirección de Recursos Humanos para solicitar constancia de sueldos y hojas de servicios, con el fin de solicitar las devoluciones de retenciones al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, documentos que se encuentran en los expedientes del Poder Judicial del Estado y tomando en consideración el transitorio de la nueva Ley de Medios, donde dice textualmente que todos los recursos humanos, financieros y materiales serán transferidos al Poder Judicial, simplemente se niegan a otorgarles dicha documentación.
Esto se debe a que la subdirectora de Recursos Humanos, la Lic. Karla Yareni Galán Sánchez, afirma que eso es imposible. En pocas palabras, que debería ser el exdirector Fernando Valerio Gutiérrez quien debe entregárselos, dejando en un total estado de indefensión a dichos trabajadores, que el mismo poder despidió a la entrada en vigor de la ley citada.
Se espera que, con la nueva presidencia del Poder Judicial, se terminen las injusticias y venganzas políticas que a quien más afecta, es a los trabajadores.
