En las postrimerías del gobierno de Javier Duarte, cuando Veracruz estaba hecho pedazos, se realizó la enésima manifestación de jubilados en la Plaza Lerdo que exigían el dinero de sus pensiones.
La nota periodística que rescaté aquella mañana fue la de una ancianita que se desprendió del grueso del grupo, se paró bajo el balcón de Palacio de Gobierno por donde se asomaba de vez en cuando Javier Duarte y dijo con voz apenas audible: “Esta infamia que nos haces la vas a pagar con Dios, señor gobernador”.
Ignoro si con la prisión que está purgando Javier el Señor le esté pasando la factura por el dinero que les birló a los jubilados, pero de que algo está pagando de eso no hay duda.
Esta semana el portal de noticias NV Periodismo de Investigación, sacó a la luz un reportaje sobre los políticos que han enviado a la cárcel el gobernador Cuitláhuac García, el secretario de Gobierno Eric Cisneros y la Fiscal Verónica Hernández Giadáns y que no son otra cosa que presos políticos.
La lista la encabeza Rogelio Franco y le siguen al menos media docena. Todos acusados injustamente, todos con delitos inventados que han echado legalmente para abajo, pero (a excepción de José Manuel del Río Virgen) todos siguen en prisión.
“La persecución política en Veracruz utiliza las mismas herramientas del poder, algunas más temidas que otras: la fuerza, la cárcel, la amenaza, el acoso, el exilio y el ostracismo. Y en la mayoría de los casos los presuntos culpables resultan ser las víctimas”, dice el reportaje firmado por el periodista Luis Domínguez Rangel.
Domínguez agrega: “La verdad ante los ojos de la sociedad es ineludible; el Ejecutivo usa el poder para controlar, contener, acusar y encarcelar sin pruebas, pero también sin existir ningún delito. Esto además ha dado paso a la destrucción de carreras profesionales y políticas, vida social, separación de familias y dolor”.
A José Manuel del Río Virgen el gobierno le fabricó la autoría intelectual de un asesinato cuando no hubo siquiera un testigo de oídas que lo señalara. Tito Delfín Cano, que se aprestaba a ser dirigente estatal del PAN, fue acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y fraude.
Fabián Cárdenas, alcalde electo de Lerdo de Tejada por el partido Morena, fue detenido por el delito de secuestro a pesar de que la presunta víctima declaró que nunca fue privado de su libertad.
Gregorio Gómez Martínez que fuera candidato de la alianza PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Tihuatlán, fue detenido por posesión de arma de fuego, posesión de un vehículo robado y ultrajes a la autoridad, cuando una cámara de video grabó que las autoridades presuntamente ultrajadas lo subieron a golpes a una camioneta.
Sin duda el caso más grave por lo arbitrario (aunque las arriba mencionadas también han sido detenciones arbitrarias)), fue la aprehensión de la periodista y ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón Feito y cuatro líderes cafetaleros acusados de quemar un beneficio del Café en enero del 2022.
La lista de presos políticos es larga lector, las pruebas endebles o inventadas, pero para el gobierno estatal son culpables y punto.
Este fin de semana Cuitláhuac y sus “justicieros” cometieron un ultraje más al ordenar la detención de la juez de control Angélica Sánchez Hernández, acusada por el gobernador de dejar en libertad a Itiel Palacios García alias el Compa Playa, presunto asesino del diputado local Juan Carlos Molina.
Para ello, Cuitláhuac contó con la complicidad de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, Aurelia Jiménez Aguirre, que traicionó a la juez y la entregó al Ejecutivo estatal.
Los abogados del acusado demostraron que el día del asesinato Itiel estaba en una fiesta infantil en León Guanajuato y así lo atestiguaron al menos veinte asistentes al evento. Por esa y otras inconsistencias en el proceso, un juez ordenó su inmediata libertad.
Cuando Itiel salía de la prisión de Ramos Arizpe, Coahuila (porque hasta allá lo mandaron), agentes de la Fiscalía veracruzana lo acusaron de un par de asesinatos en Playa Vicente y lo regresaron a su celda.
Nuevamente los abogados hicieron su chamba y un togado federal ordenó a Angélica Sánchez su inmediata libertad. Y la juez acató la orden.
La ahora detenida dijo a través de su hija que ordenó la libertad de Itiel Palacios “por los defectos en la investigación de la Fiscalía de Veracruz”. Pero admitió que “su pecado” fue no informarle a la magistrada presidenta Aurelia Jiménez sobre la decisión que había tomado.
Y la encarcelaron.
No sé si te has dado cuenta lector, pero cada vez que la Fiscalía de Verónica Hernández Giadáns mete la pata (lo que sucede con alarmante frecuencia), Cuitláhuac García le echa la culpa a los jueces.
¿Angélica Sánchez es una presa política? No. Es una funcionaria que por cumplir con su deber está injustamente encarcelada.
Estos son solo unos ejemplos de la represión que ejerce el gobierno estatal contra opositores, adversarios, políticos, funcionarios que cumplen con su trabajo y hasta contra cualquier hijo de vecino.
¿Será que alguna vez Cuitláhuac, Eric y Verónica paguen ante Dios por su ignominiosa represión, crueldad y abuso de autoridad? Quién sabe. Pero con que paguen ante la justicia, hasta el mismo Creador se dará por bien servido.
