v Pueden afectar el entorno de negocios y gobernabilidad en el país
v El presidente recrudece su política de movilización y polarización
v Aumenta los riesgos de concentración de poder
Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Ahora que estamos en el principio de año, en que se acostumbra hacer listas de buenos propósitos, resulta interesante el reporte que acaba de dar a conocer la firma de Integalia Consultores, en el que analiza los diez principales riesgos políticos para este 2022, que pueden afectar el entorno de negocios y gobernabilidad en el país.
El análisis se basa en una metodología de Integralia Consultores que cuantifica el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia1 de cada riesgo, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos.
Cabe señalar que riesgo no es predicción y el nivel de probabilidad puede cambiar durante el año.
Estos son los diez puntos sobre los que se consideran los principales riesgos que se pueden registrar en nuestro país a lo largo del año:
- El presidente recrudece su política de movilización y polarización en torno a temas prioritarios de su agenda de gobierno, incluyendo consulta de revocación de mandato, reforma energética y reforma político-electoral, entre otros. Esto aumenta los riesgos de concentración de poder, incertidumbre jurídica e ineficacia gubernamental.
- Se agudizan embates contra el Instituto Nacional Electoral, sobre todo en tres momentos álgidos: a) consulta de revocación de mandato, b) campañas y elecciones 2022, y c) propuesta de reforma en materia político-electoral, lo cual aumenta los riesgos de concentración de poder e incertidumbre jurídica.
- El crimen organizado interfiere activamente en el proceso electoral de 2022. Esto aumenta los riesgos de incertidumbre jurídica e inseguridad pública y, a mediano plazo, es una de las amenazas más grandes para la gobernabilidad y el sistema democrático de México.
- Aumenta el riesgo de concentración de poder por el triunfo de Morena en la mayoría de las gubernaturas en disputa en 2022. Posiblemente, Morena se lleve cinco de seis gubernaturas, consolidando el dominio territorial de la coalición oficialista.
- Se extiende la discusión de la reforma eléctrica, lo que genera un clima de desconfianza empresarial y desincentiva la inversión privada en el sector. Esto aumenta los riesgos de deterioro económico e incertidumbre jurídica.
- Se mantienen tasas altas de homicidio, extorsión y robo, y se siguen fortaleciendo grupos del crimen organizado, dado un entorno delictivo complejo y la falta de una estrategia de seguridad federal integral. Esto aumenta el riesgo de inseguridad pública.
- Sigue aumentando el número de facultades, responsabilidades y presupuesto (ajenos a la seguridad nacional) asignados a las Fuerzas Armadas. Esto desequilibra las relaciones cívico-militares, aumenta las probabilidades de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas e incrementa el riesgo de ineficacia gubernamental.
- Prevalecen finanzas públicas frágiles, por: a) ingresos menores a los estimados, b) mayores costos de obras de infraestructura insignia, y c) Media ampliación de programas sociales prioritarios, por lo que se incrementan los riesgos de deterioro económico e ineficacia gubernamental.
- La inexperiencia de la nueva titular del Banco de México pone en duda la capacidad de respuesta de la institución ante un panorama inflacionario y Media
externo complejo, por lo que se incrementa el riesgo de deterioro económico.
- Se incrementa probabilidad de cooptación de integrantes de la SCJN y aumentan la presión y los ataques reputacionales sobre el Poder Judicial de la Federación, sobre todo en torno a asuntos clave para el proyecto de gobierno del presidente López Obrador, incluyendo temas de militarización de la seguridad, políticas de “austeridad”, desaparición de fideicomisos, magisterio educativo, electricidad, hidrocarburos y otros. Esto aumenta los riesgos de concentración de poder e incertidumbre jurídica.
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