Los bienes incautados son de los mexicanos

La población debe decidir el destino de los bienes incautados para que haya mayor equidad en la distribución de dinero que de una u otra manera le fue arrebatado por los malos gobernantes.

Ya sea que se vendan esos inmuebles o bienes, o se trasladen a otras instancias sociales, debería ser el pueblo quien señale su destino. Desde luego que esto nunca había sucedido y haría falta una legislación al respecto.

Anteriormente las pocas incautaciones a los delincuentes eran regalos para los familiares, amigos, compadres, novias, etc. La actualización de las leyes se ha detenido por una negativa sistemática de un grupo de legisladores que se opone a todo, de tal suerte que la lentitud de los diputados y senadores impide poner al día las leyes.

Los tiempos de los legisladores van a la saga de otras instancias políticas del país a causa de una oposición que sufre por no poder regresar el tiempo y, en su nostalgia por el pasado, se muestra reacia a vivir el presente. Ante esta realidad, deben ponerse a discusión los destinos de los bienes que le son asegurados a los delincuentes de cuello blanco, a los narcos, a los delincuentes comunes, etcétera.

Un caso típico es el del rancho de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, capturado en abril de 2017 con apoyo de las autoridades de Guatemala, llamado Las Mesas, una de sus propiedades expropiadas, cuyo destino se decidió desde junio de este año, para formar parte del patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El rancho está ubicado en Valle de Bravo, Estado de México, y los diputados locales aprobaron el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, el cual autoriza al gobierno estatal la enajenación a título gratuito del 66 por ciento de la superficie del rancho, de 922 mil 319.30 metros cuadrados, a favor del gobierno federal, con destino a la Sedena, para el desarrollo de actividades que le son propias.

El rancho cuenta con caballerizas, cabañas, un lienzo charro y espacios de alojamiento de lujo, según un avalúo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, la propiedad rebasaba los 200 millones de pesos.

Aquí debe hacerse un alto en cuanto al destino de esta propiedad porque los veracruzanos aseguran que el dinero mal habido o legítimo les fue arrebatado; es decir, los beneficios de su venta, comodato, cesión, préstamos o lo que sea, deben arrojar un regreso del dinero a las arcas de la entidad.

Por otro lado está la postura del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien, en su afán por quedar bien con el presidente de la república, ordenó al Congreso local de su estado, donde no se mueve una hoja sin la voluntad del gobernador, que ese terreno fuera donado a la Secretaría de la Defensa Nacional, ocasionando una inconformidad que se acumula entre los veracruzanos contra las decisiones unilaterales de su virrey.

Sin embargo, trascendió que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, solicitó al mandatario estatal la donación del inmueble denominado “El Eterno” o “Las Mesas”.

De acuerdo con lo aprobado por el Pleno del Congreso de Veracruz, en caso de que no se cumpliera con la finalidad establecida, la enajenación se entenderá por revocada y sin necesidad de declaración judicial, revertiéndose al patrimonio del gobierno de Veracruz.

«El predio es producto de los malos manejos, desvío, robo y peculado de los caudales públicos y de la corrupción de una administración pública anterior que no merece repetirse jamás, ya que los delitos graves que causó a la hacienda pública estatal ofenden y agravian a todas las veracruzanas y veracruzanos”, comentó la presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, diputada Rosalinda Galindo Silva.

Después de que Javier Duarte recibiera sentencia de nueve años de prisión, un juez ordenó que se le devolvieran la mayoría de los bienes decomisados, excepto la parte del rancho Las Mesas que le aseguraron, la cual continuó siendo propiedad del gobierno estatal; sin embargo, el 31 de marzo del presente año el gobernador de Veracruz solicitó que fuera aprobada dicha donación, pues argumentó que la Sedena es una dependencia cuya misión es defender la integridad, independencia y la soberanía de la nación.

Aquí se combinan varias percepciones sobre la donación, la primera es que el gobernador sugirió al Congreso local donar ese terreno a la Sedena; la otra, que no choca, sino que se complementa es el hecho de que los militares necesitan este extenso predio para realizar sus actividades.

Las donaciones y canonjías que ha recibido paulatinamente el Ejército mexicano y la Marina crean una presión social contra los propietarios de terrenos y espacios que requieren dichas dependencias. Nadie desconoce su papel protagónico en el desarrollo de México ni su valentía en la noble tarea de salvaguardar la integridad de afectados por los fenómenos naturales, pero debe tomarse en cuenta que las propiedades de los ciudadanos son sagradas y nadie puede presionar para que se venda, done, enajene o se preste ni un centímetro del territorio nacional a las fuerzas armadas, a menos que estemos en tiempos de guerra.

El destino de bienes que se consideraban perdidos para el gobierno y la población debe ser puesto a debate, discusión o consulta para hacer lo que el pueblo desee y valore lo que es más necesario ante una realidad saturada de emergencias donde la población requiere cada día más espacios.

PEGA Y CORRE. – La intolerancia de los detractores que amenaza con castigos para cuando vuelvan al poder anuncia represión y un retroceso de 500 años, nostalgia por los viejos tiempos de autoritarismo y segregación. No cabe duda, los conservadores quieren hacer perdurar en naftalina el pasado… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

 

angelalvarop@hotmail.com

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