“¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia.” – Epicuro de Samos.
Vaya escándalo el que se ha desatado con la que fuera otrora poderosa funcionaria del Poder Judicial del Estado de Veracruz.
La historia de Joana Marlen Bautista Flores quien fungía como Administradora General del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, comienza a tomar tintes de telenovela mexicana.
Y es que los recientes señalamientos vertidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en donde se concluye que el Poder Judicial de Veracruz no logró solventar una observación más por el probable mal manejo de 82 millones de pesos detectados en la cuenta pública de 2021, parecen que son apenas la punta de la madeja de un tremendo culebrón.
De acuerdo con un documento de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la ASF, el Poder Judicial de Veracruz reconoció haber utilizado recursos federales etiquetados en los capítulos 2000, 3000 y 5000 con tal de poder hacer frente a obligaciones laborales en el ejercicio fiscal 2021.
Sin embargo, la administración del Poder Judicial, cuando aún estaba al frente Joana Marlen Bautista Flores, no contempló el pago de servicios personales en el ejercicio fiscal de 2021 (salarios, bonos y prestaciones). En consecuencia, habría empleado indebidamente recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia para hacer esos pagos, considerados en la acción 2021-E-30004-19-1870-03-001.
En consecuencia, concluye la auditoría de la ASF, el Poder Judicial de Veracruz no fue capaz de aclarar o justificar “el haber incrementado durante el ejercicio fiscal 2021 la asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y registrar un monto pagado superior al originalmente aprobado”. Por ello, enfatiza, subsiste el monto observado por 82 millones 4 mil 811 pesos que no ha sido solventado.
Las acciones emprendidas por el Poder Judicial de Veracruz, durante la administración de la magistrada presidenta Isabel Romero Cruz, violentaron disposiciones de la Ley de la disciplina financiera. La ASF dio por “No solventado el Pliego de Observaciones que se identifica con la clave 2021-E-30004-19-1870-06-001” y advierte que procederá penalmente conforme a los términos establecidos en el Título Quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás ordenamientos legales aplicables.
Hasta ahí todo parece estar soportado dentro de los términos y plazos legales de la ASF.
Pero se sabe que son varios los frentes abiertos para dar a fondo con una serie de hechos y acciones por parte de la joven funcionaria a la que han señalado de mil cosas desde el ámbito de su vida personal –misma que aquí no juzgamos porque no es nuestro papel y mucho menos interesa- lo cierto es que en su actuar público las verdades apenas comienzan a salir.
Se sabe que la actual presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, desde el pasado 9 de febrero, habría confirmado la existencia de 4 denuncias penales por presuntos actos de corrupción cometidos al interior del organismo. Aunque dichas querellas se presentaron contra quienes resulten responsables, los hechos corresponden al año 2023, el último año que Joana Marlen Bautista Flores fungió como administradora del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
Más aún se sabe que existe ya la consigna de exigir cuentas a la Fiscal General del Estado (FGE), Veronica Hernández Giandáns para que ejecute las órdenes de aprehensión en contra de Joana Marlen Bautista que correspondan, ante la indiferencia de la dependencia a su cargo, el mensaje salido desde la Presidencia del mismo Poder Judicial es que no se otorgarían más órdenes de aprehensión a modo a solicitud de la FGE, por su proceder –en aparente complicidad con la señalada-.
De igual modo, se ha confirmado que la presunta imputada, habría solicitado una audiencia con la candidata a la Gubernatura Rocío Nahle García, en la que habría pretendido ir a dejar en mal al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Juan Javier Gómez Cazarín bajo el falas argumento de que a él le habrían transferido un monto importante de recursos del dichoso Fondo Auxiliar.
Ese mismo fondo del que hoy no puede la mozuela acreditar su destino. Como dice el refrán popular “tizna que alguna mancha quedará.”
Cabe recordar que la damisela en apuros se había unido al clan de funcionarias que le respondían al anterior Secretario de Gobierno, defensor de la tercera raíz poblacional de Veracruz, y que hoy está desaparecido abiertamente de la vida política veracruzana, aun cuando se sabe trabaja para el candidato de la oposición Pepe Yunes, con quien se continúa reuniendo, al igual que con conocido legislador local priista.
Al tiempo.
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