Por: Zaira Rosas
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En México la justicia no siempre se aplica por igual, hay personas que por sus delitos contra la nación son trasladadas en camionetas de lujo, con los policías escoltándoles mientras caminan, mientras que otras, aún sin saber de qué se les acusa son trasladadas con golpes, apiladas en bateas de las camionetas o arrastradas por los mismos elementos policiales.
Desgraciadamente en nuestro país la justicia se aplica según el color de piel, el nivel socioeconómico o por relaciones públicas. Si hacemos una encuesta de opinión, gran parte de la población no siente seguridad al ver a los policías, al contrario, siente temor y amenaza. Algunos expertos relacionan lo anterior con la falta de capacitación que se incrementa con los años.
Los bajos salarios también vuelven a los miembros policiales un blanco fácil del crimen organizado, volviéndolos sus aliados en lugar de defensores de la sociedad. Si bien lo anterior no aplica a todas y cada una de las personas que integran la policía local o federal, si es algo que cada día se vuelve más general. Los abusos y atropellos contra la integridad de las personas se han incrementado.
El caso más reciente fue el de José Eduardo Ravelo, un joven veracruzano de 23 años que llegó a Mérida buscando oportunidades laborales y en su lugar se topó con la muerte de forma tortuosa y violenta. Él fue detenido el 21 de julio por elementos municipales en el centro de Mérida, un día después se comunicó con su mamá Dora María Ravelo.
A ella le dijo que había sido golpeado y abusado sexualmente por los agentes. El 24 de julio su madre llega a Mérida y los trasladan al hospital, ese mismo día levantan una denuncia ante la Fiscalía y al ser revisado por los médicos confirman que sí fue violado por lo que lo ingresan al hospital. El 3 de agosto José Eduardo muere en el hospital, el acta de defunción dice que el joven murió por un politraumatismo que le causó Síndrome de Disfunción Orgánica Múltiple.
Ante lo sucedido su madre exigió justicia, tanto al alcalde de Mérida, Renán Barrera; como al gobernador, Mauricio Vila Dosal. El 7 de agosto detienen a los policías acusados del homicidio, pero son puestos en libertad el 13 de agosto, porque según el juez Antonio Bonilla, no se encontraron elementos suficientes para decretar su vinculación a proceso.
La defensa de los policías presentó como testigo a un taxista que fue presuntamente agredido por el joven, también declaró que José Eduardo estaba bajo los efectos de drogas y alcohol. Sin embargo, existen videos donde se ve al joven dentro de los separos con golpes y el brutal trato que recibe en su detención, donde es golpeado consecutivamente.
Tristemente este no es el primer caso donde la justicia parece no existir, de acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán, en dos años se han documentado 22 fallecimientos de personas detenidas por autoridades policíacas. A nivel nacional también tenemos múltiples historias de horror, en las que los policías se vuelven criminales y no protectores de la justicia.
Ya sean secuestros, arrestos violentos o desapariciones forzadas, todos estos crímenes piden a gritos la atención del gobierno federal, pues es un problema creciente que amenaza la seguridad de los mexicanos. La justicia no debería tener distinción alguna, es un derecho que desgraciadamente a la fecha no se otorga a todos.
