*Palacios de los 3 poderes, como si fueran bunker de guerra
*Evitan pena perpetua y dan 293 años a asesino de Sicilia Jr
DICE LA Gobernadora Rocío Nahle, y dice bien, que en Veracruz algunos Centros de Readaptación Social se encuentran saturados, esto es, con sobrepoblación, además de que algunos CeReSos requieren ser reubicados, pues se localizan en los centros poblacionales, y por ello anuncia, acaso sin revisar las finanzas del Estado, la construcción de dos nuevos penales para internos de bajo impacto y personas de alta seguridad, y la intensión no es mala, pero soltar una noticia de semejante envergadura sin un análisis socioeconómico previo, podría ser lo más cercano a una ocurrencia. Y que, si bien no hay un costo específico para construir un penal de mediana seguridad digamos que, para 2 mil internos, ya que el monto depende de muchos factores como el diseño, tecnología, ubicación y costos de los materiales, basta saber que los penales federales de alta seguridad han costado millones de dólares en el pasado, y es de esperar que un penal para 2 mil reos represente una inversión considerable que podría fluctuar entre los cientos o miles de millones de pesos, dependiendo del tamaño y diseño. Un CeReSo de mayor capacidad implica más extensión de terreno y un diseño arquitectónico más complejo, ambos elevando el costo, ya que debe contar con sistemas de vigilancia, control y seguridad avanzados, lo que tendría un impacto significativo en el presupuesto. El costo del terreno en las regiones donde se construyen esos centros puede variar, como también los precios de materiales de construcción y mano de obra especializada, aunado a que la corrupción –que nunca faltan en los procesos de licitación y construcción tanto por parte del Gobierno como de la Iniciativa Privada- puede incrementar los costos del proyecto. Y si lo anterior no fuera suficiente, el mantenimiento de un penal implica gastos diarios muy abultados en alimentación, medicinas, uniformes, energía eléctrica, combustibles, salarios de custodios y preservación de las instalaciones. Los centros penitenciarios requieren mantenimiento constante, lo que se refleja en el presupuesto operativo. En resumen, el costo de un penal de mediana seguridad para 2 mil internos es una inversión millonaria que varía según las circunstancias del proyecto, y si en México y Veracruz no hay dinero para dotar a los hospitales de medicamentos, sobre todo para niños y adultos con cáncer, o retrovirales para personas afectadas por el VIH/Sida, menos, seguramente, lo habrá, para construir reclusorios donde se tiene a cientos, miles de personas sin sentenciar que le cuestan a la sociedad mediante el pago de impuestos y otras contribuciones.
AHORA BIEN, construir reclusorios que garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que promuevan la reinserción social a través de la educación, el trabajo y la capacitación, aseguren condiciones de estancia digna con buena infraestructura, higiene y alimentación, y cuente con un régimen progresivo y técnico que incluya atención médica y psicológica, amén de que evite la corrupción de autoridades y reclusos e impida la fuga de estos últimos, definitivamente no es asunto fácil, ni puede ser producto de una ingeniosidad. Y es que los nuevos CeReSos deben hacer honor a su nombre, y no solo recluir a delincuentes como si se les metiera en una licuadora, esto es, juntar delincuentes organizados con ladrones o asaltantes comunes, o infractores de delitos sexuales con secuestradores, o presos políticos con asesinos consumados y feminicidas. No, definitivamente las nuevas cárceles deben separar a los infractores menores sin mezclarlos con reos de alta peligrosidad, o de lo contrario se estaría fomentando, como hasta ahora, las universidades del crimen, un tema de nunca acabar. Por ello, ordenar la construcción de dos nuevos Centros de Readaptación Social para abatir la sobrepoblación no es la solución al problema, más bien se debería pensar en una iniciativa de reforma al código penal que derogue la prisión preventiva oficiosa para delitos menores, considerando que las cárceles están repletas de primo-delincuentes o infractores que bien podrían pagar con servicios a la sociedad. Sin embargo, ya que existe el proyecto de dos nuevos CeReSos, ojalá no sea solo un pretexto para beneficiar a ciertos constructores aliados, sino que, en realidad, se instituya un marco normativo legal y administrativo, se cuente con la aprobación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y se concrete un diseño arquitectónico que cumpla con estándares de seguridad, salubridad y derechos humanos, y la asignación de un presupuesto considerable para su construcción y operación, y no terminen esas cárceles operadas por la delincuencia organizado o autorizada, convirtiéndose en la caja chica de funcionarios de prevención y readaptación social, o en un negocio de constructores y autoridades.
ESTA CLARO que muchos delitos, actualmente, se cometen desde las cárceles, y esto es debido a la permisidad de directores y custodios para que los internos, mediante una cuota, puedan contar con teléfonos celulares, armas de fuego y punzocortantes que deberían estar prohibidos y que, sin embargo, son cosa común en celdas de ciertos delincuentes que suelen ponerse a mano. Aquel viejo proyecto de los inhibidores de señal en los Centros de Readaptación Social quedó solo en buenas intenciones, lo mismo que los talleres para que los reclusos se ocupen en algo y puedan aportar recursos a su familia mediante el trabajo que realicen. Las cárceles deberían tener espacios para que muchos internos terminen la secundaria, el bachillerato o, incluso, una carrera, como sucedía en los años cincuenta y sesentas, y un ejemplo, sin duda, fue Gregorio Cárdenas Hernández, también conocido como el Estrangulador de Tacuba, asesino en serie y necrófilo que se volvió una celebridad mediática debido a su presunta rehabilitación social, ya que tiempo después de salir de prisión, el 8 de septiembre de 1976, ingresó a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón (hoy FES Aragón) de la UNAM, donde se tituló de Licenciado en Derecho en 1982, con la tesis Insuficiencia de nuestra legislación en la inimputabilidad por ausencia o disminución de capacidad mental. En fin, construir un reclusorio apegado a la modernidad, no es asunto fácil, cuando la pobreza –aunque se diga lo contrario- provoca deserciones familiares para engrosar las filas de la delincuencia, pues en México, aunque los gobiernos de la Cuarta Transformación dicen combatir los factores de la pobreza, en realidad ni siquiera implementan soluciones multidimensionales que aborden las causas como la falta de acceso a educación, salud, vivienda digna, empleo y protección social, así como promover la distribución equitativa de recursos, ya que solo se concretan a regalar dinero y comprar voluntades mediante programas sociales. Así las cosas…
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ANTES VISITAR Palacio de Gobierno, Legislativo o Judicial era, incluso, un regocijo para visitantes de otros Estados o naciones. Los turistas podían disfrutar de la construcción o pasajes, e incluso de sus obras de arte, pero actualmente, aunque se dice que son casas del pueblo, el ingreso es casi imposible, como si las autoridades escondieran algo. Por ejemplo, el legislativo tiene policías por todas partes, incluso en los pasillos de la planta alta, como si se trata de francotiradores, lo que demuestra que una cosa es lo que dicen, y otra, muy distinta la hipocresía y simulación. En el Legislativo debes pasar, incluso, un detectar de metales, lo que no habla bien del legislador guerrillero Esteban Bautista Hernández que se dice de apertura y cercano al pueblo, cuando sus actos dicen todo lo contrario…
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CAUSA RISA la condena de 293 años de prisión a José Luis Luquin, alias “El Jabón”, por el asesinato del hijo de Javier Sicilia hace 15 años, cuando lo prudente seria instaurar en México la prisión perpetua y dejarse de tanta pose que solo evidencia comedia y simulación. OPINA carjesus30@hotmail.com
