Héctor Yunes Landa
En menos de un año, México tendrá un nuevo Presidente. Por ello, la última obsesión de López Obrador es mutilar al Poder Judicial mediante el recorte de más de 15 mil millones de pesos a su presupuesto y el desvarío de una reforma para elegir a jueces y ministros mediante el voto popular.
Ambas iniciativas desnudan el espíritu autoritario de la 4T. El Presidente y quien aspira a sucederlo en el cargo, desean a un Poder Judicial -la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral federal- acotado y sometido, al tiempo de poner la justicia en manos de sus militantes y no de especialistas en Derecho.
La politización de la justicia sería una herencia perversa del gobierno de López Obrador. La austeridad selectiva en contra del Poder Judicial provocará el rompimiento del Estado de Derecho.
Primero. Mientras estados como Veracruz sub ejercen más de diez mil millones de pesos en lo que va de la administración de Cuitláhuac García, el Presidente ha ordenado a su bancada en el Congreso federal tomar venganza del Poder Judicial y desaparecer 13 de los 14 fideicomisos para financiar el gasto del gobierno.
Pero el problema no es el dinero sino el funcionamiento del sistema de justicia, en un país debilitado por la violencia y lastimado por la impunidad. Hoy, la realidad es gravísima: solo el 1% de los delitos se persigue y se castiga.
En agosto, Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte presentó al Ejecutivo Federal la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 del Poder Judicial de la Federación (PJF), en la que propuso un aumento del 4% respecto a los recursos asignados para este año.
¿Es mucho o es poco? Muy poco. El Proyecto de Presupuesto del PJF para 2024, equivale al 0.26% del PIB, mientras que el gasto de la Pensión del Bienestar equivaldría a 1.4%. Es decir, nuestro país gasta 26 centavos de cada 100 pesos de su presupuesto para garantizar el acceso a la justicia a más de 120 millones de mexicanos.
De hecho, entre los años 2018 y 2023, durante el gobierno de López Obrador, el PJF ha disminuido el presupuesto en el 15.4%. Esa es una de las razones por las que México vive una crisis de impunidad en el momento más violento de su historia.
Y segundo. Recientemente fueron presentadas diversas iniciativas de reforma a la Constitución para que los ministros, magistrados y jueces, integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) sean elegidos mediante voto popular.
Esto es un contrasentido. El Poder Judicial no representa a los ciudadanos, los defiende. Por ello, ministros, magistrados y jueces no pueden ser los más populares, surgidos de acuerdos políticos, sino los más preparados en materia de derecho, sin ningún sesgo o interés que determine sus decisiones y sentencias.
Hace cinco años, durante su toma de protesta como Presidente, López Obrador hizo el compromiso de que no intervendría en las decisiones que sólo corresponden al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia. Hoy busca desaparecer su autonomía a toda costa.
La puntita
¡Libertad inmediata para Tito Delfín, Viridiana Bretón y Crisanto Valiente! Ha sido un sábado histórico donde la justicia ha prevalecido sobre la venganza y la persecución del gobierno de Cuitláhuac García. En Veracruz revivirán la justicia, la gobernabilidad y el Estado de Derecho. La verdadera justicia alcanzará a quienes la prostituyeron para consumar una infamia.
