*Introducirse a una vivienda sin una orden judicial es delito
*Cazarín corre a protegidos de Huerta; división de partidos
LOS DECÁLOGOS modernos, inspirados en los diez mandamientos que Dios reveló al profeta Moisés, según el Antiguo Testamento, son parte de los compromisos que algunos políticos asumen ahora como normas o consejos que, aunque no sean diez, son básicos para el desarrollo de cualquier actividad. Es evidente que cada persona le da su propio sentido y lo moldea en función de su manera de entender la vida, y en ese tenor, la Gobernadora Rocío Nahle García asumió el suyo, lo difundió y ordenó a su gabinete acatarlo, exigiéndoles, entre otros puntos, no incurrir en actos de corrupción y cerrar el ciclo a su lado, en seis años (los que aguanten todo el sexenio). En ese sentido, en el décimo estatuto de sus mandamientos, la mandataria instruye a todos los integrantes del gabinete, a “respetar y hacer respetar la ley. Esta no es negociable” e, incluso les demanda que si se llega a equivocar en la toma de decisiones, se lo hagan saber, “es malo equivocarse, pero es peor no corregir”, y vaya que tiene razón la titular del Poder Ejecutivo Estatal, y por ello el motivo de este comentario, porque consideramos que la gobernante se equivocó, y tal vez, de no enmendar su resbalón, Veracruz corre el riesgo de convertirse en un pueblo sin ley donde la policía -que de por si hace lo que quiere solo porque pueden-, alentados por la postura oficial se conviertan en un verdadero verdugo del pueblo. Y es que hace unos días nos llegó un video en donde cierto activista de Tuxpan, acompañado de su familia, aborda a Rocío Nahle para denunciar que elementos de la Secretaría de Marina y Seguridad Pública del Estado entraron a su casa sin orden judicial y trataron a su familia, incluyendo niñas, como delincuentes, golpeándolos y amenazándoles, ante lo cual la mandataria pone cara de extrañeza para enseguida preguntar si dio permiso a los elementos de entrar, y ante la negativa del denunciante responde: “a ver, este es un caso. ¿Que estamos haciendo?, es muy importante. En este caso me extraña que usted no haya dado permiso. Me extraña que no haya dado permiso a los elementos. Ellos tocan a la puerta, piden permiso de entrar y si no tiene nada o no debe nada, no pasa nada, se deja que pasen. Se filma todo, todo se filma, precisamente para que no vaya a haber violaciones”.
NAHLE CUESTIONA al interlocutor en torno a, ¿cuál fue el motivo de la presencia policiaca en su hogar?, y el hombre que lejos de obtener respaldo salió regañado, dice que se metieron a su casa sin orden de cateo, supuestamente porque les habían dicho que ahí se habían cometido ilícitos y que había restos humanos, lo cual no era cierto, como pudieron corroborarlo los agresivos uniformados que, sin orden judicial, incurrieron en el delito de allanamiento de morada. La ley establece que un funcionario público o agente de la autoridad que allana una vivienda sin orden judicial, comete ese delito, el que consiste en entrar o permanecer en una vivienda sin autorización. Los correctivos que establece el Código Penal para ello son: prisión de 6 meses a 2 años, pena que aumenta de 1 a 4 años de prisión y multa de 6 a 12 meses si se comete con violencia o intimidación, como es el caso de la persona agraviada en Tuxpan junto con su familia.
PERMITIR QUE la policía Estatal, Marina o Ejercito entren por la fuerza a un hogar sin una orden judicial que les respalde (y solo porque lo faculta la gobernadora en turno), es otorgarles patente de corso para que cometan toda suerte de ilícitos como si viviéramos inmersos en una dictadura similar a que encabezan Nicolás Maduro, en Venezuela; Miguel Díaz-Canel, en Cuba o Daniel Ortega, Nicaragua, por solo citar algunos. Si ya de por si nuestros garantes del orden y la seguridad carecen de vocación en materia de respeto a los derechos humanos y garantías individuales de la sociedad, respaldar sus abusos sería como darles un cheque en blanco para que sobajen y violenten a los gobernados, solo por la sospecha de que podrían ser delincuentes o criminales, algo que México critica al Gobierno de Estados Unidos pero que, sin embargo, aquí es válido. Por ello, apelando al décimo ordenamiento del decálogo de la Gobernadora que exige: “respetar y hacer respetar la ley” puesto que, “esta no es negociable”, e incluso, cuando demanda que, si ella se llega a equivocar en la toma de decisiones, se lo hagan saber, “es malo equivocarse, pero es peor no corregir”, nos atrevemos a decirle que, al dar vara alta a los uniformados para que se introduzcan por la fuerza en una vivienda, sin una orden judicial y sin el permiso de sus habitantes, es un flagrante delito estipulado en el Código Penal que amerita cárcel e inhabilitación a quien lo comete.
EN MÉXICO, nadie puede entrar a tu vivienda sin orden judicial, a menos que sea en flagrante delito. Esto se debe a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el domicilio es inviolable. Si la policía o agentes judiciales o de migración llegan a tu casa, puedes pedirles que te muestren la orden judicial. La orden debe tener tu nombre, dirección y la firma de un juez, pero si no lo hacen, incurren en allanamiento de morada, ilícito que se diferencia de la usurpación de un inmueble, que es el delito de apropiarse de este con violencia o intimidación. Ambos casos están tipificados en el Código Penal Federal y los códigos penales estatales. Los códigos establecen que las sanciones pueden agravarse si el allanamiento incluye violencia, abuso de autoridad o fines delictivos adicionales. No se considera allanamiento en casos de flagrancia o con una orden de cateo válida emitida por la autoridad judicial, por lo que, la legítima defensa puede aplicarse contra quien intente ingresar ilegalmente a un domicilio, incluso causando daño al invasor sin que ello sea un delito. Y es que el allanamiento puede combinarse con otros delitos, como asalto o abuso de autoridad, agravando las penas aplicables. No es secreto que, en México, el derecho a la inviolabilidad del domicilio está consagrado en la Constitución. Este precepto establece que ninguna persona puede ser molestada en su casa sin una orden judicial, salvo en los casos ya mencionados. Le tomamos la palabra Gobernadora y le decimos lo que está mal y que puede convertirse en un alud para los gobernados.
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EN PLENO proceso electoral para definir a las futuras autoridades en los 212 municipios del Estado, las venganzas palaciegas no cesan, y menos los caprichos partidistas que echan por la borda cualquier intento de triunfo. Pero más allá de otros institutos, algunos morenistas son como termitas propensos al canibalismo político, y en ese tenor, el delegado de Bienestar en la Entidad, Juan Javier Gómez Cazarín dio de baja a por lo menos 45 trabajadores de esa dependencia que llegaron con Manuel Huerta Ladrón de Guevara, a quien buscan desarmar desde ahora para evitar que crezca para cuando llegue la renovación de la Gubernatura dentro de poco más de cinco años. Dice Cazarín en descargo que, algunos “no estaban acostumbrados a trabajar”, y que cuando les asignó tareas no les gustó. Asume que ciertos empleados presentaron su renuncia, mientras que otros fueron removidos porque llegaron con la administración anterior, esto es, con Huerta Ladrón de Guevara, y él, Juan Javier requiere esos espacios para acomodar a los suyos, incluida a su familia como suele acostumbrarlo. Estos modernos caníbales, en su ambición desmedida, terminarán por devorar a MoReNa. Al tiempo. OPINA carjesus30@hotmail.com
