Grave esquema de corrupción, desvío de recursos y violación de derechos humanos en el Comité Estatal del PRI en Veracruz de parte de Adolfo Ramírez Arana
En opinión pública
A los militantes del Partido Revolucionario Institucional
A los órganos de fiscalización electoral
Al Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas
A los medios de comunicación
En ejercicio de la libertad de expresión, de análisis jurídico y de la defensa de los derechos humanos laborales; derivado de la asesoría legal de un cuerpo colegiado integrado por especialistas en derecho constitucional, derecho administrativo, penal y fiscalización de recursos públicos, se emite el presente pronunciamiento, considerando de los graves hechos que se presentan actualmente en el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, en donde el Presidente Adolfo Ramírez Arana ha decidido no pagar.
1. Negativa ilegal de pago de sueldos a trabajadores del PRI Veracruz
El actual presidente estatal provisional del PRI en Veracruz, Adolfo Ramírez Arana , ha comunicado de manera unilateral y autoritaria a los trabajadores del partido que no les serán pagados sus sueldos durante los próximos seis meses, bajo el pretexto de que las prerrogativas entregadas por la autoridad electoral (por un monto aproximado de $3,500,000 MXN mensuales) se encuentran “comprometidas” por gastos de operación electoral, publicidad, estructura de campaña y utilitarios.
Este argumento es profundamente falso, inmoral e ilegal. Fuentes verificadas revelan que no existe documentación que respalde compromisos financieros pendientes de pago que justifiquen la suspensión de salarios. Por el contrario, se configura un claro esquema de retención indebida de salarios , lo cual constituye una violación a los derechos laborales, humanos y patrimoniales de los trabajadores, quienes dependen de dicho ingreso para el sustento propio y de sus familias.
2. El contrato irregular de prestación de servicios financieros
Se ha identificado la existencia de un contrato de prestación de servicios profesionales firmado entre el Secretario de Finanzas del Comité Estatal, Sergio Lajud Aburto , y el contador externo Daniel Espinoza Guzmán . En dicho contrato, del cual se tiene copia y que se anexa a este comunicado, se establecen las siguientes cláusulas:
- El contador externo elaborará los informes financieros trimestrales y anuales.
- El contador externo generará la documentación financiera obligatoria que debe entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
- El contador externo brindará asesoría en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Este contrato fue firmado por Sergio Lajud Aburto como representante del Comité Estatal, y comparecen como testigos la Tesorera Ingrid Yareli Huerta Rubio y la Contralora estatal Esperanza Ivet Leyva Eufrasio .
3. Graves implicaciones jurídicas y éticas
Este contrato constituye una delegación ilegal y opaca de funciones que, conforme al marco normativo y estatutario del PRI, corresponden exclusivamente a:
- El Secretario de Finanzas.
- La Tesorera.
- La Contralora, en su calidad de órgano de supervisión y control interno.
Los artículos violados de los Estatutos del PRI aplicados textualmente y por analogía son el 62 fracción X, 96, 114 y demás aplicables.
Al suscribirte a dicho contrato:
- Sergio Lajud e Ingrid Rubio evaden sus responsabilidades estatutarias de realizar directamente la gestión, documentación y rendición de cuentas financieras (artículo 96 de los Estatutos).
- Esperanza Leyva, Contralora , incurre en un evidente conflicto de intereses, pues siendo la responsable de supervisar el manejo de los recursos, aparece paradójicamente avalando el contrato que transfiere las responsabilidades que le corresponde auditar (artículo 114 de los Estatutos).
Esta actuación implica responsabilidad solidaria de los firmantes ante cualquier envío de recursos, falsificación documental, simulación de gastos, emisión de facturas falsas, o indebida aplicación de las prerrogativas otorgadas por la autoridad electoral.
4. Configuración de posibles delitos de orden penal
Del análisis especializado en materia penal, se advierte que los hechos descritos podrían configurar:
- Delitos de abuso de funciones (art. 220 Código Penal Federal y correlativos en Veracruz).
- Desvío de recursos públicos con fines de lucro personal .
- Asociación delictuosa o delincuencia organizada en virtud de la existencia de un plan concertado para sustraer recursos ordinarios mediante:
- Simulación de deudas.
- Negativa de pago a empleados.
- Contratación de terceros para diluir responsabilidades.
- Participación de diversos actores administrativos que facilitan el esquema de despacho.
- Retención ilegal de salarios , violando los derechos laborales y humanos de los trabajadores.
En este sentido, el presidente Adolfo Ramírez Arana podría estar encabezando un esquema organizado de saqueo de los recursos partidistas, bajo el pretexto de gastos de campaña adeudados, pero con el objetivo final de acumular recursos líquidos a su favor previo a su eventual salida del cargo.
5. Daño a los derechos humanos de los trabajadores
No debe olvidarse que esta operación fraudulenta afecta directamente a decenas de trabajadores y sus familias , quienes dependen del pago puntual de su salario y prestaciones, los cuales han sido suspendidos de forma arbitraria e ilegal.
Esta violación a los derechos humanos laborales amerita la intervención de organismos de defensa de derechos humanos a nivel estatal, nacional e incluso internacional.
6. Exigencias y llamado urgente a las autoridades competentes
Por todo lo anterior, se solicita:
- La intervención inmediata del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Organismo Público Local Electoral (OPLE Veracruz) , para practicar una auditoría integral al manejo de prerrogativas federales y locales en el PRI Veracruz.
- La intervención urgente del Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas , quien tiene el deber estatutario de ordenar una auditoría inmediata, remover a los responsables y transparentar el uso de los recursos.
- La intervención de las autoridades fiscales y penales correspondientes para investigar los posibles delitos configurados.
- La restitución inmediata de los salarios retenidos ilegalmente a los trabajadores afectados.
NO PUEDE EL PRI DE VERACRUZ SER REHÉN DE UN GRUPO MINORITARIO DE FUNCIONARIOS CORRUPTOS Y SIN ESCRÚPULOS QUE HAN CONVERTIDO LAS PRERROGATIVAS PÚBLICAS EN BOTÍN PERSONAL.
EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DISPONIBLE EN EL ENLACE https://drive.google.com/file/d/1-2_gacAajrcU4Zzk-onx30XJddSd0DJa/view
Con respeto y esperanza en la justicia,
Trabajadores afectados del PRI Veracruz
“Unidos en la dignidad, fuertes en la verdad”
