·         El Super Delegado entrega donde quiere y a quien quiere

·         No se ha transparentado el padrón de beneficiarios

·          Tampoco se coordina con los ayuntamientos en el estado

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Como el llamado Super Delegado del gobierno federal en el estado de Veracruz en la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se ha negado a transparentar la entrega de beneficios de los programas federales, así como a coordinarse con los distintos ayuntamientos, se va a proponer ante el Poder Legislativo para que le haga un exhorto preciso y aplique correctamente las normas de operación.

Son varios ya los presidentes municipales que se están organizando también para hacer pública su inconformidad ante la forma en que viene aplicando los programas sociales de bienestar en la entidad.

Con el pretexto de que anda supervisando la entrega de apoyos, se ha presentado en distintos municipios, para hacer proselitismo con su persona, al entrevistar directamente a quienes otorga los beneficios económicos y en especie.

Pero además de promover su imagen en los noticieros de televisión, lo cual constituye también una violación fragante a las leyes electorales, se ha negado a transparentar el padrón de beneficiarios, que se supone debería de coordinar con las autoridades respectivas de cada municipio, que son quienes tienen la información correcta.

Pero como no lo ha hecho así, ya en la pasada sesión del Congreso del Estado, el diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó un punto de acuerdo “por el que se exhorta al Delegado en Veracruz de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, para que aplique políticas de coordinación con los H. Ayuntamientos del Estado, específicamente, en lo referente a la entrega de los programas sociales a su cargo”.

El diputado Guízar Valladares señaló en la tribuna que uno de los grandes logros del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, consistió en establecer que a partir del 8 de mayo del presente año, los programas sociales impulsados por su administración se elevaran a rango Constitucional.

Muestra de lo anterior, son las reglas de operación de los diversos programas sociales implementados en nuestro país; así, encontramos, por ejemplo, que en lo relativo a las pensiones para el bienestar de las personas adultas, se busca una recomposición demográfica tendiente al envejecimiento.

Sin embargo, resulta lamentable que no sea así para todos los servidores públicos, en especial, para quienes deben contar, cuando menos, con un mínimo de conocimiento para ejercer su función ajustándose al campo del derecho.

“Me refiero al Delegado de la Secretaría de Bienestar del Gobierno federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien amparándose en la figura de “Súper Delegado”, al momento de entregar los diversos programas sociales a sus beneficiarios, desconoce y hace a un lado el Estado de Derecho, en especial, su obligación constitucional y legal de coordinarse con las diversas autoridades municipales.”

Debemos recordarle a este funcionario que, el máximo tribunal electoral del país, ya lo sancionó por no respetar el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ahora, pretende desconocer a los municipios como base de la organización política del Estado Mexicano.

Sobre todo, debemos partir de que la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su artículo 60, fracción V, faculta a los ayuntamientos, a través de la respectiva Comisión de Población, a coordinarse de forma interinstitucional para la participación en programas estatales, federales e interinstitucionales que impacten en el desarrollo y bienestar de la población.

Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 32, fracción VI, señala como atribución, precisamente de la Secretaría de Bienestar, la de: “Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado”. Es decir, que la coordinación no es una concesión graciosa, sino un mandato legal a cargo, justamente de la Secretaría de Bienestar.”

Situación que cobra relevancia en estos momentos de grave situación económica, social y sanitaria que está atravesando el país. En la cual, se requiere no solamente de acciones encaminadas a satisfacer las necesidades más urgentes de la población de escasos recursos económicos, sino que, además, se exige que tales acciones se realicen de manera coordinada entre la federación, el Estado y los municipios, de quienes hay que aprovechar su experiencia y conocimiento pleno de su propio territorio y población.

Tratándose de estos últimos (municipios), es evidente que al constituir la célula básica de la organización política y administrativa, tienen de manera inmediata, el conocimiento, diagnóstico y perspectiva para la eficaz atención de los grupos y sectores más vulnerables, por lo que, relegarlos de la forma en cómo se ejecutan los programas sociales a cargo de la Secretaría de Bienestar, no solamente constituye una afrenta política, sino también, una actuación al margen de la Ley, que podría llevar a la ilegalidad.

Dicha circunstancia, no debe permitirse, pues implicaría traspasar los límites del Pacto Federal, que demandan coordinación y no sumisión, colaboración y no relegación, apoyo mutuo y no discriminación.

Por todo eso es que se exhorta al Delegado en Veracruz de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para que aplique políticas de coordinación con los H. Ayuntamientos del Estado, específicamente, en lo referente a la entrega de los programas sociales a su cargo.

Además se solicita, a la brevedad, a la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal que informe las medidas adoptadas en relación con la participación de los Ayuntamientos en la ejecución de los programas de apoyo federales dentro del Estado de Veracruz.

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