Terceros inocentes pagaron ayer en Xalapa la inconsecuencia de las autoridades policíacas y ministeriales, que no esclarecen atropellos cometidos por policías, presuntamente constitutivos de delitos. Se trata de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a los que no se les ha aplicado ninguna sanción administrativa y penal ni por parte de su dependencia ni de la Fiscalía General del Estado, lo que mantiene en la impunidad muchos hechos, tolerancia que lastima a la sociedad veracruzana.
Con ese buen y hasta justificado pretexto, un grupo de familiares y amigos, más seguramente espontáneos que se les sumaron, salieron ayer a protestar exigiendo que se haga justicia y acusando que la Fiscalía no muestra avances en la investigación del caso, luego de que se cumplió un mes de la muerte de Carlos Andrés Navarro Landa, de 33 años, quien murió en los separos del Cuartel San José en condiciones no esclarecidas totalmente y cuya versión de su deceso despierta muchas sospechas.
El caso cobró notoriedad porque el día de los hechos, 2 de mayo pasado, se difundió un video en el que se le ve vivo, en aparente completo estado de salud, defendiéndose verbalmente, rodeado de unos diez uniformados, uno de los cuales toma un madero-garrote y en un descuido se le echan todos encima y lo tiran al piso, como se ve claramente en la grabación.
A los familiares nunca se les explicó por qué fue detenido ese sábado poco después del medio día, tampoco les entregaron las pertenencias que llevaba (su cartera y su teléfono celular), en cambio solo les devolvieron su cadáver pues falleció la madrugada del domingo. Narraron que solo les dieron “un papel” donde decía que había muerto por un infarto fulminante, pero aseguran que presentaba múltiples golpes en la cabeza.
Desde entonces, aunque con mucho miedo, pues dijeron a los medios que temían represalias policíacas, exigían justicia y que los responsables fueran castigados. Dejó en la orfandad a cinco niños, uno con una semana de nacido. Comentaron que su familiar era una persona trabajadora que buscaba jóvenes para tratar de salvarlos de las drogas por medio de su religión.
Su viuda, Alitzeth Cuevas Campos, denunció ayer que no tenían respuesta de la Fiscalía, y los manifestantes que partieron de la avenida Lázaro Cárdenas acusaban los atropellos policíacos.
Hasta que la protesta se salió de control y pasó al vandalismo y destrozos y daños a locales comerciales, bancarios y de algunas instituciones como la Catedral, el Palacio de Gobierno, las propias oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, el Diario de Xalapa, sin que ninguna autoridad interviniera para evitar la agresión.
Tanto la Canaco como la Canacintra de la capital del Estado consideraron injusto que atacaran sus instalaciones, que sufrieron daños millonarios, y se deslindaron totalmente de cualquier cuerpo policíaco.
En efecto, los comerciantes no tienen ninguna culpa ni responsabilidad y al final resultaron unas víctimas más de los atropellos de la policía estatal, pero también de la inacción de la Fiscalía General del Estado.
Muchos atropellos, impunes
Son múltiples los atropellos que han cometido policías de la Secretaría de Seguridad Pública, pero su mismo titular, Hugo Gutiérrez Maldonado, los protege, ofrece que va a actuar pero no lo hace, mientras que la Fiscalía, desde septiembre pasado bajo la responsabilidad de Verónica Hernández Giadáns, tampoco actúa.
Por ejemplo, en enero de 2019 una familia mexicana-estadounidense fue privada de su libertad y golpeada cuando habían venido a visitar a familiares de Actopan. Aparte los trataron de extorsionar y solo los salvó que intervino el gobierno norteamericano. Los policías quedaron impunes.
En enero de este año, el señor Berllarmino Cardeña Cortés, de 70 años, y su nieta María Magdalena, de 11 años, fueron abatidos a balazos en el interior de su vivienda, en el municipio de Atzalan, durante un operativo de la policía estatal. A ella le dieron un tiro en la cabeza. Cursaba el sexto año de primaria. Los vecinos dijeron que fue una verdadera ejecución sin motivo. Nunca investigó la Fiscalía y nunca la SSP castigó a nadie. El caso quedó impune.
En febrero pasado, cinco reporteros que cubrían un presunto enfrentamiento en Isla fueron amenazados, golpeados, violentados y detenidos por policías cuando transmitían lo que en realidad fue una agresión contra un grupo de personas que protestaban contra la brutalidad policíaca.
Ante el escándalo nacional e internacional que provocó la agresión, el propio Gutiérrez Maldonado hizo venir a Xalapa a los reporteros, les ofreció que se castigaría a los responsables, les tiró todo un cuento y hasta la fecha no se ha procedido. Prevalece la impunidad.
El gobernador da la cara, pero lo embarcan
Ante los hechos de ayer, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez salió a leer un mensaje, que transmitió por las redes sociales.
Lamentó que la marcha, “a la que se le dio todas las garantías” haya sido utilizada por “provocadores” para causar daños.
Dijo entonces que “no es posible que por un hecho suscitado en otro Estado se actúe causando daños a terceros”, lo que evidencia que quienes le redactaron el texto lo engañan, pues no le aclararon que la manifestación de protesta fue por la muerte, acaso el asesinato, de Navarro Landa, hecho ocurrido en el Cuartel San José de Xalapa.
Leyó, sin embargo, que “como gobierno nos anticiparemos para corregir excesos policiales y reforzaremos la formación de la policía de proximidad”.
Covid en la policía, aunque pagan para que no los aíslen
Con otra agravante para la sociedad. Los mismos policías informan que hay muchos casos de enfermos de covid-19 entre sus compañeros, pero que pagan a sus superiores para que no los aíslen.
Señalan que la policía está fuera de control y que los que pagan es para no ver afectada su economía ya que si no trabajan y no salen a patrullar no pueden asaltar a nadie, así lo dicen.
Es tendencia nacional
No solo es en Veracruz donde a un año de las elecciones Morena puntea en la preferencia electoral, de acuerdo a una primera encuesta que se ha dado a conocer.
De acuerdo a lo que acaba de publicar otra, esta Demoscopia Digital, de Monterrey, que encuesta a usuarios de WhatsApp, de las 15 gubernaturas que se disputarán el próximo año, salvo una, las 14 restantes las ganaría el partido de Andrés Manuel López Obrador.
La empresa encuestadora hizo una medición los días 1 y 2 de este mes y el resultado fue el siguiente:
Baja California, Morena 37.92, PAN, 11.90; Baja California Sur, Morena 36.20, PAN 20.10; Campeche, Morena 36.20, PAN 17.90; Chihuahua, Morena 29.20, PAN 19.10; Colima, Morena 33.70, PRI 16.20; Guerrero, Morena 42.47, PRI 15.30; Michoacán, Morena 32.79, PRI 12.36; Nayarit, Morena 36.20, PRI 12.10; Nuevo León, Morena 20.60, PRI 18.70, PAN 17-90; Querétaro, PAN 35.20, Morena 25.80; San Luis Potosí, Morena 26.90, PAN 19.20; Sinaloa, Morena 29.30, PRI 28.70; Sonora, Morena 30.19, PRI 25.40; Tlaxcala, Morena 37.90, PRI 15.60; Zacatecas, Morena 33.82, PRI 22.40.
Llama la atención que en Campeche, de donde es originario el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Morena, su partido se ubica en tercer lugar con un porcentaje de 16.35%, muy lejos de Morena, que lo supera con más del doble, 36.20%, mientras que en el caso de Marko Cortés, líder nacional del PAN, en su estado Michoacán, su partido solo tiene 9.71% frente a 32.79 que registra Morena.
