Pide el diputado Jesús Velázquez legislar la depuración de cuerpos policiacos

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  • Considera que esta acción contribuiría a frenar delitos de alto impacto, como las desapariciones forzadas

 

 

Xalapa, Ver., a 18 de enero del 2016.

 

 

En el país falta mucho por legislar respecto a la depuración de cuerpos policiacos para frenar delitos de alto impacto, como las desapariciones forzadas, opinó el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, vocal de la Comisión Permanente  de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura local.

 

Lamentó la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, aunque confía que autoridades de la Fiscalía General de Estado (FGE) los localice pronto y con vida, aunque por ahora  ya están detenidos cinco policías como probables responsables de ese lamentable hecho.

 

No obstante, el legislador advierte que en el tema de las desapariciones forzadas falta mucho por hacer y de entrada considera que hay que adecuar las leyes de acuerdo a lo que va sucediendo en la sociedad, porque las formas de delinquir también se modifican y en últimas fechas las desapariciones forzadas han incrementado su incidencia.

 

“En esta tarea  tiene mucho que hacer el Estado, faltan filtros más eficaces para selección de policías, ir debilitando bandas organizadas y ver hasta qué punto llega la corrupción en las altas esferas, y permitan que delincuentes disfrazados de policías tengan  acceso a armas, uniformes, vehículos, y que de eso se valgan para infringir la ley”.

 

En entrevista, Velázquez Flores se pronunció por endurecer sanciones, completar leyes, estudiar o buscar otros mecanismos que contribuyan a frenar este tipo de prácticas que laceran a la sociedad.

 

“Aunque no sólo se trata de leyes y capacitación o de que esté tipificado el delito en el Código Penal, lo realmente urgente es que la población, tenga certeza de que tiene policías confiables, de nada va a servir capacitar a un elemento que ya es delincuente, aunque se le adiestre mil horas, seguirá siendo delincuente”.

 

En ese sentido, es obligación de los poderes legislativos, federal y estatal, tomar cartas en el asunto y dotar a la entidad de buenas leyes, proceder en contra de malos servidores públicos a quienes se les encomienda  garantizar la seguridad de la población, que lejos de cumplir su responsabilidad, la ponen en riesgo.

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