* Rocío Nahle quiere quedarse con el negocio de las grúas en Veracruz
Marco Antonio Aguirre Rodríguez
En el gobierno de Cuitláhuac García cada día incrementan los pleitos entre su gabinete, tanto por el poder como por el manejo de los negocios.
Ahora el diputado Juan Javier Gómez Cazarin, uno de los más “cercanos” al gobernador, quien además se dice “operador” estrella de Rocío Nahle, le quiere quitar el gran negocio de las grúas al secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, o por lo menos una parte del mismo.
Gómez Cazarin no está sólo en esta arremetida, si no que tiene el respaldo de Rocío Nahle, pues también se involucraron ya públicamente otros diputados locales, como Cheva, Eusebia Cortés Pérez, de Coatzacoalcos, identificada plenamente con la cuadra de la secretaria de Energía.
Gutiérrez Cazarin ha mostrado una voracidad tremenda para todo lo que huela a dinero, desde el principio que Cuitláhuac García lo puso como coordinador de los diputados de Morena en el congreso local.
En el 2020, cuando se estaban dando cursos a los alcaldes electos de como llevar la gestión de los ayuntamientos, se presentaba en todos los lugares, pero sólo para promover que contrataran a los despachos que les proponía.
Eso fue parte de lo que le provocó conflictos con otros funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García, porque estaban en la disputa del negocio, no en la forma de dar un buen servicio as la ciudadanía.
En ese sentido es público y notorio como hace poco mandó a la diputada del PAN, Nora Jessica Lagunes Jáuregui (la cual es señalada de haber extorsionado a varios ayuntamientos de la zona de Huatusco para que contrataran los despachos contables que ella les “recomendaba”) a una confrontación con Joana Marlen Bautista Flores, la administradora del Poder Judicial del estado, en un pleito por el manejo de los contratos en esa instancia, la cual tiene un presupuesto de más de mil 200 millones de pesos en este año.
Ese fue llamado “La pelea de las favoritas”, porque a Nora Jessica le atribuyen una relación “más que cercana” con Gómez Cazarin, mientras que a Joana Marlen le adjudican una relación similar con Eleazar Guerrero Pérez, el primo de Cuitláhuac García, que se dice controla todos los departamentos administrativos de las dependencias del gobierno de Veracruz.
De hecho, en la Secretaría de Seguridad Pública está en la unidad administrativa un peón de Eleazar Guerrero, Ulises Rodríguez Landa, quien se hizo famoso porque fue dirigente de la organización estudiantil de carácter porril que tenía las siglas de CEEFUV (que significaban algo así como “Consejo Estudiantil de Escuelas y Facultades de la Universidad Veracruzana”).
Ulises Rodríguez es uno de los usufructuarios del gran negocio de las grúas en el estado, porque es quien lleva los contratos con las empresas.
Por cierto, en Coatzacoalcos se menciona con insistencia, porque además es una versión que dicen partió de la diputada Cheva, que las grúas Gatza son propiedad del titular de la SSP de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado.
Hoy Gómez Cazarin disfraza la embestida contra Hugo Gutiérrez de reclamo para que se presente un reglamento para la operación de las grúas en el estado.
Pero eso no es realmente lo que les importa, porque como Poder Legislativo podrían hacerlo los mismos diputados.
Incluso, hay elementos que podrían reclamar que se pongan en práctica y con eso se resolverían muchos problemas.
Si a Gómez Cazarin realmente le interesase resolver el problema, podría comenzar por hacer que se aplique un paquete de modificaciones a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial aprobado el 31 de julio de 2017, con la intención precisamente de regular los cobros que hacen las grúas por el arrastre y “resguardo” de vehículos.
Para comenzar, el artículo 159 de esa Ley menciona que se exceptúa del pago a los conductores que cometan infracción o algún delito.
Pero a los grueros eso les vale cacahuate y le cobran de todos modos.
Y ni con quien quejarse.
Por ahí puede comenzar Gómez Cazarin si realmente quiere regular a las grúas.
Y puede reclamar que se aplique lo que dice el mismo artículo en el sentido de que los cobros “no deben exceder de las (tarifas) establecidas por el Código de Derechos vigente en el Estado”.
¿Y qué dice el Código de Derechos?.
En su “Capítulo Segundo, De los Derechos por Servicios Prestados por la Secretaría de Seguridad Pública” se anota que “Por la utilización de grúas oficiales para el retiro de vehículos” el monto debe ser de 5.3013 UMA.
De acuerdo con el INEGI, el costo de las UMA’s para el 2022 es de $96.22, entonces lo máximo que podría cobrar una grúa por el arrastre de un vehículo debería ser de 510 pesos con 9 centavos.
Pero los grueros le cobran a las personas hasta 5 mil pesos por llevarse los vehículos a sus corralones, alegando la “distancia” hasta estos lugares.
Ese mismo Código apunta que “Por la utilización del servicio social de depósito y custodia de vehículos” el cobro debe ser de 0.5301 UMA, es decir 51 pesos, pero cada empresa pone el precio que quiere y el mínimo es de 500 pesos por dia, 10 veces más de lo que debería de ser.
Y en la Secretaría de Seguridad Pública no se preocupan por imponer estos costos, si no que por el contrario, ante cualquier reclamo presionan a los usuarios para entreguen el dinero que se les pide.
Así es que, si Gómez Cazarin, y los demás diputados ligados a Rocío Nahle, realmente quisieran regular las tarifas por las grúas, podrían haberlo hecho ya.
Porque además, ni para que digan que no conocían esto.
Y si alegan desconocimiento, ¿qué clase de diputados son que no pueden investigar los antecedentes de los casos que toman?.
Y Gómez Cazarin todavía menos podría decirse ignorante del tema, porque la última modificación a los montos se publicó el 17 de noviembre de 2020, cuando era diputado ya.
Lo peor es que en estos abusos incontrolados, ni siquiera hay un sólo diputado local de oposición que defienda a la población, que realmente reclame que se detengan los abusos.
Ni uno.
Así que esta inactividad de Juanja (como le dicen sus “muy cercanos”) es muestra de que no le interesa resolver el problema, si no que lo suyo es un nuevo capítulo de enfrentamiento por el poder con Elezar Guerrero, y con el secretario de Seguridad Pública, y que se atreve a hacerlo porque tiene el apoyo de Rocío Nahle, el cual se refleja vía -por lo menos- una de sus diputadas cercanas, la diputada Cheva, mientras que otro diputado “aliado”, Juan Enrique Santos Mendoza del casi extinto Fuerza por México, le hace el juego, mientras se tiende con una supuesta iniciativa para que se expida el reglamento de “servicios auxiliares” de seguridad vial.
Si no conoce lo que hay, ¿cómo puede proponer lo que desconoce?.
Los que se creen los grandes místicos de Veracruz hacen la simulación de que buscan el bienestar de los veracruzanos, pero la realidad es que sólo se disputan el poder y los negocios que se pueden hacer al amparo del poder.
Los terrenales no les interesan en lo más mínimo.
