¡Lagunas mentales y ataques de ira de Isabel Inés Romero Cruz!
Prostituido y abusado en sus deberes legales, el Poder Judicial en Veracruz se ha convertido en una cueva de bandidos.
Y es que si el breve paso de Sofía Martínez Huerta, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, al arranque del sexenio, registra el desvío de 600 millones de pesos -reserva bajo resguardo del Consejo de la Judicatura- con la actual Inés Isabel Romero Cruz, la famosa Chabela del cuento de las locas, el extravío, distracción, robo o subejercicio del dinero público asciende hasta el momento a 900 millones de pesos.
Son 900 millones de pesos más lo que se acumule del Fondo de Pensiones de la institución que nadie sabe dónde están, de acuerdo a la magistrada Concepción Flores Saviaga, quien ha prometido “ir hasta el fondo” en este asunto.
A ello se suma la escalada persecutoria contra la propia magistrada Concepción Flores Saviaga, así como Cecilia Yolanda Castañeda Palmeros y Beatriz Rivera -una despojada de la “Sala de lo Familiar” bajo su responsabilidad, la otra jubilada y echada de su oficina de manera ilegal y la tercera advertida de despido- por no cooperar con la reducción de sus salarios en un 30 por ciento para ajustar el gasto presupuestal junio diciembre por 500 millones de pesos.
El caso de Yolanda Cecilia se recrudeció al despojar a su madre, de 103 años de edad, de su pensión alimentaria y advertirle que de persistir con sus denuncias sería llevada a prisión.
¿Dónde quedaron esos 500 millones faltantes?
Nadie sabe, nadie supo.
De pronto al aproximarse junio, mes de elecciones, el dinero tomó otro rumbo y las sospechas se acrecentaron.
¿Acaso se distrajo el dinero público en la compra del voto?
Los siguientes cuatro meses serían de predicamento, pero fundamentalmente de una escalada de agresiones en contra de los magistrados disidentes que exigieron al portal de transparencia se clarificara el destino presupuestal al observar que de la noche a la mañana las arcas del Poder Judicial estaban vacías.
Y las sospechas se hicieron públicas lo cual provocó airadas reacciones de “Chabela”, titular del Poder Judicial quien a cada denuncia respondía con agresiones y despidos.
No dejaron, sin embargo, de hacerse públicos sus excesos de poder.
De entrada la venta al mejor postor de 55 plazas que entran en función el primero de octubre con motivo de la creación de juzgados en materia laboral, así como los sospechosos manejos de la directora de Administración del TSJ, Joana Marlén bautista Flores -amiguita del Eleazar Guerrero, Subsecretario de Finanzas y primo hermano del gobernador- que dieron lugar a un subejercicio de 500 millones de pesos.
A ello se suman los 100 aviadores que metió el diputado Juan Javier Gómez Cazarín al Tribunal cobrando salarios superiores a los 70 mil pesos, así como el nepotismo que llegó para quedarse.
La propia presidenta del TSJ ha metido a su familia a importantes cargos con jugosos salarios, particularmente a su hijo Marlon a quien literalmente le regaló el juzgado de Martínez de la Torre sin reunir el mínimo perfil.
En días pasados se hizo pública una fotografía donde se observa a Rocío Nahle charlando con Chabela, gráfica que dio lugar a la interpretación de respaldo de la “próxima gobernadora” a la magistrada.
La foto, sin embargo, no ayudó en nada ya que sigue saliendo el estiércol a flote.
Con la carpeta de investigación 49/2021, a cargo de la Fiscalía Segunda, adscrita a la Dirección de Investigaciones Ministeriales, fue ratificada la denuncia en contra de Isabel Inés Romero Cruz, por el delito de homicidio en grado de tentativa, en contra del abogado Mario Santés Álvarez, al dejarlo sin la atención y medicamentos idóneos, la consecuencia deviene fatal”.
Su asesor jurídico, el doctor Tomás Mundo Arriasa, requirió por tanto, a la Fiscalía General de Veracruz, para que se le practique a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, una tomografía computarizada “con la finalidad de determinar si padece algún problema en la corteza cerebral”.
Y es que hay versiones debidamente documentadas de que a la magistrada Inés Romero le han detectado síntomas que podrían significar la existencia de un caso de prosopagnosia, esto es: un trastorno vascular cerebral caracterizado por la incapacidad para reconocer caras conocidas.
“De confirmarse algún problema de carácter cerebral, se tendría que abrir un debate para definir si está en condiciones de atender la responsabilidad que le fue conferida”, declara Mundo Arriasa.
El asunto pues, no está tan sencillo ya que de confirmarse la “prosopagnosia” de Chabela se abriría la puerta para que al menos a medio gobierno -empezando por Cuitláhuac- se les revise la corteza cerebral que en los hechos se observa no les funciona.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
