Policías de Cuitláhuac García torturan, secuestran y roban a víctimas; caso José Antonio May (Videos)

’28/03/2024’
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Entre lo utópico y lo verdadero

Por Claudia Guerrero Martínez

12 de enero del 2022

 

Policías de Cuitláhuac García torturan, secuestran y roban a víctimas; caso José Antonio May

*** Dos víctimas llevan siete meses en la cárcel injustamente y con comprobada inocencia por el delito de ultrajes a la autoridad.

***La FGE se rehúsa a entregar bodega tratando de sostener fabricados delitos en contra del dueño de la empresa y hay pérdidas millonarias.

***Afectaciones al patrimonio de May González, sólo por la venganza electoral y política.

 

José Antonio May González es un empresario de la zona centro de Veracruz. En el 2018 apoyó a Cuitláhuac García Jiménez, a MORENA y a sus candidatos para que ganaran la gubernatura de Veracruz y escaños en el Congreso Local. Y nunca pensó que este patrocinio le costaría disgustos, injusticias, afectación a su patrimonio, robo agravado, tortura y encarcelamiento de sus trabajadores, así como denigración a él y a su familia por órdenes del gobernador de Veracruz, cuando May González apoyó al presunto cambio en el estado y después se convertiría en el peor enemigo del sistema, por no cumplir con los intereses electorales de MORENA en la elección del pasado 2021.

Cuando Cuitláhuac García llega a la silla estatal, cambiaron los intereses, los amigos, los aliados y hasta los enemigos, uno de ellos José Antonio May, quien al igual que el desaforado diputado local por el Distrito de Misantla y preso en el penal de Coatzacoalcos, Erik Iván Aguilar, se convirtieron en blancos de los traumas de resentidos sociales, como el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos y su empleado, aunque ustedes no lo crean, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por no apoyar a una 4ª. Transformación.

 

En los medios de comunicación se ha dado pormenores de aquel 19 de junio del 2021, cuando elementos ministeriales de la FGE y de Seguridad Pública de Veracruz acudieron a la “Bodega y Comercializadora MAGA”, ubicada en la calle Paso Carreta sin número, congregación Vicente Guerrero, en el municipio de Río Blanco, alertados por un presunto robo de cerveza, pero en realidad, los policías fueron quienes robaron $1 millón 509, 067 pesos y violentaron los derechos de los trabajadores de la empresa, para luego, torturar al empleado Juan Miguel Márquez Camacho y a Miguel Ángel May Nasta, sobrino del dueño de la empresa, quienes siguen en la cárcel injustificadamente y su familia exige que los delitos de ultrajes a la autoridad imputados a las dos víctimas cesen y termine esta venganza política en contra de José Antonio May González.

 

En los hechos relatados por ministeriales y policías fantasiosos, colocan a las dos víctimas encarceladas injustamente, como ninjas que manejaban los machetes, pistolas y cuchillos, cuando en videos con comprobada cadena de custodia y estudio científico pericial con verdad histórica, muestran lo contrario y evidencian a las autoridades policiacas perpetrar el abuso y robo, gozar de la tortura y convertirse en ladrones y mentirosos. Un inventado robo de cerveza alertó a las policías para hacer este operativo, que se cae con la adquisición de facturas de manera lícita y fueron hurtadas por los mismos “honestos” ministeriales de la FGE y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Nacional.

Lo que sí se comprueba en los videos, es que el robo de la nómina y pago a proveedores es llevado en maletín custodiado por ministeriales vestidos de civil y con chalecos antibalas, transportándose en camionetas doble cabina con placas XY-01708 y Ford F150 con placas XY00606, propiedad de la Fiscalía General del Estado. La golpiza interminable a la víctima y empleado de José Antonio May, entre patadas en la cara y cuerpo, a ratos cachetadas y a ratos la aplicación de la bolsa de plástico en la cabeza, para tratarlo de asfixiar, con el fin de lograr que la víctima dijera la ubicación de José Antonio May González. Lo curioso y hasta cómico que en declaraciones oficiales, los servidores públicos declarantes aseguran que durante la detención de una de las víctimas, éste era un ninja con machete, cuchillo y pistola, cuando en realidad tres policías gozaban torturarlo y siete restantes observaban el sufrimiento de la víctima, en un claro abuso de autoridad y delincuencia organizada.

Importante decirlo: Existen denuncias por tortura y abuso de autoridad comprobadas y  hasta el cierre de esta columna, la FGE no ha abierto ninguna Carpeta de Investigación en Asuntos Internos y los torturadores, al mando de Rodolfo Astudillo Medina, a quien como premio por su “lealtad” en septiembre del 2021, fue nombrado como Coordinador Regional Zona Sureste de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (UECS) como se dio a conocer con la liga: https://www.masnoticias.mx/la-fge-designa-a-rodolfo-astudillo-como-titular-de-uecs-veracruz-coordinador-regional-zona-sureste/

Curioso que ante los abusos de autoridad liderados por Rodolfo Astudillo Medina y evidenciados en videos, el gobernador de Veracruz aseguró a medios de comunicación con la liga: https://www.pressreader.com/mexico/el-mundo-de-cordoba/20210629/281809991873685 que se investigaría a Astudillo Medina, para luego premiarlo con la Coordinación Regional Zona Sureste de las UECS, cuando hay denuncias interpuestas por abuso de autoridad, robo agravado, delincuencia organizada y tortura, señalando a Rodolfo Astudillo Medina, al policía ministerial apodado Quintín y otro perteneciente al UECS, así como en contra de policías ministeriales de Xalapa, Córdoba y Macario Orozco, policía ministerial activo.

No se debe omitir que en los videos se muestra a ministeriales llevarse los cerebros de las cámaras de video y nunca pensaron que había otro, el cual, cuando había pasado todo el presunto operativo, Antonio May González pidió a la FGE poder entrar a la bodega y esta petición fue aceptada, pensando que no habría problema y con peritos certificados y notarios públicos se detectó este cerebro con cámaras que captaron todo el abuso, robo y tortura a las víctimas. Los victimarios omitieron este “pequeño detalle” que hoy pone en el banquillo de los acusados a estos hoy considerados delincuentes con placa para robar, torturar, golpear y fabricar delitos e imputaciones.

En los videos, la golpiza a una de las víctimas es interminable, grotesca e indignante, por muchos minutos y causa indignación por la constante brutalidad perpetrada por los policías de la FGE, SSP y Guardia Nacional. Las patadas son incontables. De forma cobarde, en los testimonios de los policías, ellos aseguraron que el torturado les dijo: “Perros policías, qué quieren hijos de su puta madre, me los quiero quebrar, no se metan en esto, no es asunto de ustedes, si se meten, se los va a cargar su puta madre”. Curioso pues esta presunta amenaza “la dijo” cuando tenía la bolsa de plástico en la cabeza. La declaración de los policías y ministeriales es fabricada y completamente falsa.

Al ver que se les pasó la mano en la tortura, son tan burdos y les sembraron bolsitas de hierba, al parecer marihuana, mismas, no es justificación para ser encarcelados. Además, también les siembran una vieja pistola, con una sola bala, mostrando en sus dichos que los detenidos son pistoleros a sueldo, cuando es falso el testimonio al ver viejas armas consideradas fierro viejo para la venta por kilo. En el caso del joven Miguel Ángel May Nasta, también le sembraron hierba y una pistola con cachas doradas y otra víctima quien presuntamente portaba un machete. En más de tres horas de grabación de las cámaras ocultas, esto nunca fue comprobado.

La hermana de José Antonio May fue violentada y a punto de ser violada sexualmente por un policía de la Ministerial, quien en el video se observa portar una máscara de la muerte. La vergüenza de la mujer fue tan grande que se resistió a ser tocada, interviniendo su pareja, quien la defendió y los dos fueron  detenidos, para luego, días después se pagó $100 mil pesos de soborno para dejarlos libres. Hoy, la hermana de May González y su familia están fuera de México y llevan un proceso de asilo político por el acoso y persecución del Gobierno de Cuitláhuac García, con comprobados testimonios y material de video.

Las pérdidas en esta bodega en Río Blanco son millonarias.  Mucha de la mercancía es perecedera y la Fiscalía de Veracruz se resiste a entregarla, sin justificar el por qué, en un claro abuso de autoridad y violentando los derechos de José Antonio May, quien ha pagado puntualmente la renta al verdadero dueño de este inmueble, para no afectarlo en esta revancha política. Y se gestionan recursos para que sea entregada esta bodega y quien resulte responsable de pérdidas y robo por más de $13 millones de pesos. Lo interesante es que José Antonio May González es dueño de otras siete comercializadoras, trabajando de manera lícita y sus pagos de impuestos en regla.

 

Este tema es vergonzoso por donde se vea. Dos víctimas en la cárcel por delitos de ultraje a la autoridad sin existir elementos para sustentarlo y familias exigiendo su libertad inmediata, así como pérdidas millonarias en una bodega que inexplicablemente no es entregada.  Ya está interpuesta la denuncia ante la FGR, con la Carpeta de Investigación con el número de expediente FED/VER/CORD/00002225/2021, así como otra Carpeta de Investigación con el número SUIP/DV/541/2021 en la Fiscalía Tercera Investigadora en Delitos Diversos Adscrita a la Subunidad Integral de Nogales, Veracruz, perteneciente a la FGE.

 

Abuso de autoridad, robo agravado, secuestro, tortura e intento de violación sexual, complicidad, asociación delictiva y crimen organizado es lo que se ve en este tema y perpetrado por elementos de la Policía Ministerial, de Seguridad Pública y hasta de la Guardia Nacional, bajo la protección de sus jefes, la fiscal Verónica Hernández Giadans y Hugo Gutiérrez Maldonado, quienes han permitido tanta impunidad y protegidos por una placa… Y todo, por una venganza personal de Cuitláhuac García Jiménez, quien ha podrido a las instituciones FGE y SSP utilizando el poder para perseguir a sus antes amigos patrocinadores, hoy perseguidos políticos.

 

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