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Política Ficción Por: Jorge Marín Barragán/ Estado Criminal (Tercera parte. Calderón, colapso institucional)

Apoyado en una campaña injuriosa en contra del entonces opositor Andrés Manuel López Obrador, con la intromisión grotesca del entonces presidente Vicente Fox y con la ayuda de los poderes fácticos e intereses económicos poderosos, Felipe Calderón se proclamó ganador de la elección de 2006. Después de llevado a cabo el plantón de Reforma, que sirvió para despresurizar el enardecido movimiento social inconforme con los resultados del proceso electoral y, una vez que el Tribunal Electoral declarara validos los resultados que lo daban como ganador, acudiría a la ceremonia protocolaria de toma de protesta al Congreso Federal, en donde los conflictos generados por su falta de legitimidad le obligaron a entrar por la puerta trasera, para en medio de una monumental trifulca tomara por asalto la presidencia.

De entrada ilegitimo, Calderón no podía, por carecer de calidad moral, combatir la corrupción, la impunidad y cualquier clase de delito, era en sí un mal ejemplo que presagiaba el quebranto absoluto de las instituciones. Con esa grave carencia se empeñó en sostener, a cualquier costo, “su Presidencia”, así inició un sexenio de terror y muerte durante el que se escenificaría una guerra entre carteles y donde el uso exclusivo de la fuerza de parte del Estado tomo bando, situación que devasto la tranquilidad de la sociedad en todos los rincones del país. A la par de esta confrontación letal dio inicio una andanada de calumnias y mentiras en contra de todo aquel que se opusiera a sus pretensiones, pero peor, las instituciones y el poder del Estado fueron utilizados para esos perversos fines.

Existen múltiples ejemplos de cómo su administración cometió injusticias en nombre de la justicia y llevó mayor inseguridad donde le demandaban seguridad, por su importancia sobresalen los casos de miembros del ejército señalados de presuntos delitos relacionados a la delincuencia organizada y, por su exposición mediática el caso de Florence Cassez, francesa acusada de pertenecer a una banda de secuestradores y capturada en supuesta flagrancia. Florence Cassez, fue puesta en libertad al haberse viciado su proceso con el montaje grabado para la televisión, con la intención de impactar a la sociedad con ese show mediático, para detener la caída en las encuestas del gobierno de Felipe Calderón, propiciada por la versión filtrada por sus opositores de su supuesto alcoholismo y la acumulación de victimas por el incremento de la violencia durante su periodo. Si en realidad la francesa era culpable, es grave que este libre, si era inocente es aún más delicada la situación.

El jueves 5 de julio de 2013 al ser exonerados alcanzaron su libertad los Generales Roberto Dawe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, además del teniente coronel Isidro Silvio Hernández, acusados por supuestos nexos con la delincuencia organizada. Al salir dijeron ser victimas del sexenio de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico, que la enfrentaba sin tener idea de que se trataba, que lo que les habían hecho era una villanía y que había gente internada injustamente. Antes en abril del mismo año fue puesto en libertad el General de División Tomas Ángeles Dauahare, al presentar conclusiones no acusatorias la Procuraduría General de la República, expondría que las acusaciones del testigo protegido que habían servido para encarcelarlo habían sido falsas. En relación a las pasadas autoridades, el militar declaró que de la administración de Calderón dijo que no había buenos comentarios, por lo que había vivido él y lo que estaban sufriendo otros compañeros militares y una cantidad considerable de internos en todos los penales del país.

Otros casos en donde obtuvieron su libertad algunos acusados durante esa administración fueron: Noé Ramírez Mandujano ex zar antidrogas federal, quien estuvo preso casi cuatro años y medio por supuestos nexos con el narcotráfico, obteniendo su libertad al ser declarado libre de culpa por un juez; la detención en mayo de 2010 del ex alcalde de Cancún, Greg Sánchez, en plena campaña a la gubernatura cuando todo hacía suponer que ganaría, en julio de 2011 habría de recobrar  su libertad al no comprobarse las acusaciones que lo mandaron a prisión; el caso del ex director de la Interpol México, Rodolfo de la Guardia García que tras aproximadamente 3 años de permanecer preso, en enero de 2013 recupera su libertad al no comprobarse las acusaciones en su contra.

Estos hechos evidenciaban que con Felipe Calderón la justicia tuvo un móvil político y tal vez hasta criminal, porque ha quedado demostrado que generales, tenientes y mandos importantes del ejercito, sin sustento y en casos cuando denunciaban colusión entre autoridades y criminales, lejos de reconocer su valor y trabajo, fueron llevados a prisión bajo cargos similares a los que denunciaban, actualmente al no probarse las acusaciones que los vinculaban con la delincuencia, que en muchos de los casos se basaban en versiones de testigos protegidos que mintieron, han sido puestos en libertad. Estos personajes tuvieron la fortuna de contar con recursos para defenderse, la francesa Cassez conto con el apoyo del gobierno Francés, ¿pero qué ocurre con las personas que no contaron con los recursos suficientes ni con respaldos importantes para demostrar su inocencia? y ¿Cuántos inocentes habrá en la cárcel por causa de la distorsión de la justicia del gobierno Calderonista?

Testigo protegido: figura desvirtuada. La figura del testigo protegido originalmente fue creada para proteger la identidad de víctimas de delitos y de personas que fortuitamente presenciaron algún acto delictivo, cuyo testimonio pudiera coadyuvar al esclarecimiento de un caso y llevar a prisión a responsables de esos eventos criminales, generalmente relacionados con la delincuencia, y que por colaborar con las autoridades pusieran en riesgo su vida.

Excepcionalmente se establecían negociaciones para aminorar las penas a personajes vinculados con la delincuencia, a cambio de información y testimonios que ayudaran a combatir estructuras criminales. Durante las administraciones panistas esta figura fue desvirtuada al establecer supuestos convenios de colaboración entre funcionarios públicos y delincuentes, cuyos testimonios sirvieron para encarcelar a figuras públicas que con el tiempo salieron libres al no probarse las acusaciones en su contra, pero más grave ha resultado saber que las mentiras fueron fabricadas en su perjuicio por las propias autoridades.

Testimonio de un funcionario de la corte. En reportaje especial de fecha 8 de agosto de 2013, la revista PROCESO, publicó una entrevista realizada a Juan Carlos de la Barrera Vite, ex titular de la Fiscalía de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, detenido en julio de 2012 cuando estaba por finalizar la administración de Felipe Calderón, acusado de pertenecer a una red de corrupción que filtraba información a una organización criminal. En ella afirmaba que estaba preso por delitos inventados por testigos protegidos y hace una revelación preocupante, cuando dice que la ex procuradora Marisela Morales daba instrucciones para reclutar testigos protegidos para que implicaran en el narco a varios políticos de peso.

Al pedirle nombres la reportera Patricia Dávila, el ex empleado de la corte da una larga lista, donde menciona a Andrés Manuel López Obrador y al propio Enrique Peña Nieto; a Gregorio Sánchez, ex alcalde de Quintana Roo; y los generales Ricardo Escorcia Vargas, Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González entre otros. En su defensa declaraba que lo que le sucedía era una venganza por negarse a fabricar declaraciones en contra de políticos que estorbaban al gobierno.

Guarderia ABC. Con tantos antecedentes de distorsión en la justicia, era más que imposible esperar que una de las desgracias más sentidas por la sociedad, ocurridas durante la administración de Calderón, viera satisfechas su demanda de justicia, es el caso de la guardería ABC en Sonora. El 5 de junio de 2009 un incendio iniciado en una bodega del gobierno del estado de Sonora, alcanzo las instalaciones de la estancia infantil ABC, guardería subrogada del IMSS, en cuya lista de copropietarios se encontraban familiares de integrantes del gabinete del gobernador Eduardo Bours Castelo y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, quien era mencionada como prima de la esposa del Presidente Felipe Calderón.

En los trágicos sucesos murieron 49 pequeños y otros 70 sufrieron graves quemaduras, escenas escalofriantes donde se sacaban los cuerpos inertes de los pequeños estremecieron al mundo, inenarrable la desesperación de los padres que corrían para tratar de salvar a sus hijos, lloraban y gritaban clamando auxilio, con ayuda de voluntarios rompieron ventanas y paredes intentando rescatar a sus pequeños, algunos lo consiguieron otros lamentablemente no lo lograron, encontraron sus cuerpecitos sin vida calcinados o asfixiados, tristes momentos llenos de dolor y drama. La tragedia de la guardería ABC marca con huella imborrable de impunidad la administración de Felipe Calderón, la sociedad ha expresado de muchas maneras su repudio a las autoridades que han actuado como cómplices.

Felipe Calderón pervirtió el sistema de justicia a tal grado que colapsó, la delincuencia institucional que encabezó dejó a las Instituciones a merced de la delincuencia común y organizada. Un dato que no es menor y que exhibe en toda su dimensión esta situación es la liberación de personajes acusados injustamente, entre los cuales se cuentan miembros del ejército, funcionarios y ciudadanos, cuyas evidencias expuestas por su defensa han probado que los juicios que enfrentaron fueron construidos por funcionarios del gobierno de Calderón, con imputaciones falsas y dolosas motivadas por complicidades vergonzosas, tal vez por venganza y en casos por rentabilidad política, donde utilizaron la figura del testigo protegido como herramienta predilecta para enlodar y acusar con mentiras a todo aquel que se atreviera a oponerse a sus fines de permanencia en el poder.

Otro dato, aún más relevante, es el referente a uno de los integrantes del ejército que fue liberado, al comprobarse que el testimonio que sirvió para encarcelarlo era falso, se trata del caso del general Tomás Ángeles Dauaharel, militar cercano al PRI y considerado alguna vez para ser Secretario de la Defensa Nacional, quien se atrevió a criticar los desatinos de la fallida guerra del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Su encarcelamiento fue la respuesta a su atrevimiento y así se mandó un claro mensaje de intolerancia y de traición al ejército mexicano al manchar la reputación de algunos de sus miembros más destacados. Hoy vivimos en todo el país las consecuencias de ese proceder, con ellos nada cambio, por el contrario dejaron comprometido el futuro de los mexicanos.

Tienen mucho que explicar y muy poco que aportar, los resultados de su comportamiento están a la vista. Las evidencias que brotan por todas partes, así como las declaraciones de legisladores de entonces y hoy, así como la liberación de quienes fueron encarcelados injustamente con testimonios de testigos contratados para mentir, tendría que ser prueba suficiente para sentarlos en el banquillo de los acusados para que respondan por la debacle institucional que ha dado paso al Estado Criminal.

JORGE MARIN BARRAGAN
Orizaba, Ver. A 5 de enero de 2020

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