*Diputada Californiana y alcaldesa de Colipa bajo sospecha
*Norte, centro y sur del Estado cobran victimas de extorsión
DEFENDER LO indefendible se ha tornado tarea prioritaria para la Cuarta Transformación que, de pronto, acorralada entre la espada y la pared debido a la podredumbre que emerge de sus entrañas, por esa herencia maldita del fundador de MoReNa y ex Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de cubrir con el manto de la impunidad a sus aliados, pese a haber incurrido en fraudes multimillonarios como Ignacio Ovalle Fernández al frente de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a quien no solo se le exculpó sino que se le promovió a otros puestos, porque según López Obrador, en su papel de Fiscal General de la República, lo engañaron. AMLO abrió el camino a la corrupción e impunidad y, por supuesto, la sucesora ha seguido el mismo camino, al igual que algunos gobernadores de esa filiación. De esa manera, aunque las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, seguros de vida y hasta el número telefónico de la diputada federal de Morena y ex alcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown, se encuentran congelados desde la semana pasada, los MoReNos no dejan de defenderla, y la Presidenta Claudia Sheinbaum asume que Estados Unidos no presentó pruebas suficientes contra la legisladora. Pero un oficio de la Unidad de Inteligencia Financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), revela que el 18 de septiembre se ordenó el congelamiento de todos los bienes financieros de Brown, como parte de una petición directa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esto debido a los presuntos vínculos de la diputada Federal con el Cártel de Sinaloa. La orden se sustenta en el oficio, SIARA UIFB/2025/000938, el cual fue enviado por la UIF y la CNBV a todos los bancos e instituciones integrantes del sistema financiero mexicano el 18 de septiembre, esto, a través de un “requerimiento urgente” en lo que se conoce como Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información y Atención a Autoridades (SITIAA), un portal en el que se incluyen las instrucciones de aplicación inmediata. En esta notificación se destaca la instrucción de remover todo tipo de acceso al sistema financiero a Hilda Araceli Brown Figueredo, orden que también aplica para la cuenta bancaria en la que se le deposita su dieta parlamentaria en el banco Santander, pues al cotizar en la bolsa de Estados Unidos debe atender la orden o enfrentarse a posibles sanciones secundarias. La orden de la UIF parte de la solicitud unilateral del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y no significa que el gobierno mexicano comparta la decisión, aunque la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum debe acatar en función de los acuerdos firmados en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo multilateral del que México forma parte y el cual tiene por meta combatir el lavado de dinero, esto a pesar de que Sheinbaum sostuvo que el gobierno mexicano no encontró elementos para congelar las cuentas de Brown, como lo solicitaba Washington.
HABLAR DEL caso Adán Augusto López Hernández es ya trillado, porque a pesar de que fue jefe directo de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad en su mandato, ahora niega conocer sus relaciones con el grupo criminal La Barredora y, no solo eso: ni como Secretario de Gobernación en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tuvo información privilegiada en torno al ex funcionario, actual preso en el Penal de Máxima Seguridad en Almoloya de Juárez, estado de México, tras ser expulsado por Paraguay donde acudió a refugiarse. Ciertamente, aceptar que algunos MoReNos, incluido López Hernández, estuvieron involucrados con La Barredora, o incluso, que la legisladora Federal, Hilda Araceli Brown estuvo o está involucrada con el Cartel de Sinaloa, al que lavo dinero, es como hacerse el Harakiri, pero es necesario denunciarlo para sanear al Movimiento de Regeneración Nacional, podrido a pocos años de su fundación, esto debido a la aceptación sin ton ni son que se hizo de militantes en aras de fortalecerlo, cuando en realidad solo lo contaminaron.
VERACRUZ NO escapa a la podredumbre, pues tras hacerse público que la Presidenta Municipal de Colipa, Gabriela Alejandra Ortega Molina, habría sido encontrada en un rancho propiedad de José Gil Quintero (sobrino de del narcotraficante preso en Estados Unidos, Rafael Caro Quintero, quien se dio a la fuga junto con sus escotas al ver la presencia de las autoridades), ahora la alcaldesa niega la versión tras más de 24 horas de los acontecimientos, y en ese tenor aduce que, en realidad estuvo enferma, y hasta presentó certificados médicos al Gobierno del Estado, lo que no ha corroborado o desmentido la Fiscalía General de la República que fue quien ordenó el operativo. Solo se concreta a un comunicado en el que revela que, en un operativo realizado en coordinación con corporaciones de seguridad en Colipa y Vega de Alatorre, fue hallada en un rancho la presidenta municipal de Colipa, Gabriela Alejandra Ortega Molina. El cateo respondió a la búsqueda y localización del empresario Neptali González López, desaparecido desde el 18 de julio del 2025 en el Municipio de Vega de Alatorre. De esa manera, los casos de defensa a ultranza de presuntos delincuentes ligados a MoReNa, por la desesperación de no verse avasallados por la crítica y, consecuente caída, son muchos, y acaso sin darse cuenta, quienes buscan tapar el sol con el dedo, coloca a Morena como un movimiento alcahuete que atenta contra los tres principios de ese partido: no mentir, no robar y no traicionar, ya que esa fraseología que la siguen pasando por el arco del triunfo…
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EL NORTE del Estado (también el sur y centro), pese a desmentidos de autoridades, está convertido en una región sin ley, donde el cobro de piso que pasó de ser una amenaza a una agresión armada cuando las víctimas se niegan a pagar lo exigid, hasta los secuestros, asesinatos y feminicidios. En ese tenor, siguen asesinando a taxistas, dueños de bares y cantinas, propietarios de distribuidoras de materiales para para construcción y un sinfín de extorsionados que nadie se atreve a contener. Quizá por esa misma causa es que la noche del domingo, casi en la madrugada del lunes, un comando armado disparó contra el bar Maryboo en Álamo Temapache, matando a una persona de nombre Luis Alberto Bote Álvarez, titular de Transporte Público Estatal en aquella zona, mientras que Efrén “N”, dueño del bar, y un DJ de Poza Rica fueron trasladados de emergencia, gravemente heridos, tras recibir varios impactos de bala. Apenas el sábado, cerca de ahí, un convoy de agentes de Tránsito que participaban en un operativo, fue atacado por hombres armados. Los elementos participaban en un operativo interinstitucional en la comunidad de Entabladero, perteneciente al municipio de Espinal, cuando fueron agredidos, muriendo uno en el lugar de los hechos y otros dos heridos. Tres días antes, el miércoles, el exalcalde de Santiago Sochiapan y excandidato del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de ese municipio, Ignacio Pablo Sánchez, “Nacho Pablo”, fue asesinado a balazos dentro de su empresa. Un día antes, el martes, cuatro mujeres fueron asesinadas en la región de El Totonacapan, zona en que cuatro alcaldes cancelaron las festividades patrias por la creciente ola de violencia en la entidad, pese a que la gobernadora Rocío Nahle reprochó que “no había motivos” para la suspensión. Las ejecuciones ocurrieron en dos acciones distintas: una en el municipio de Papantla, contra dos hermanas mayores de 50 años, y el otro, en el municipio de Coatzintla, también contra mujeres que pasaban los 50 años. La lista de asesinatos es larga, lo que evidencia que Veracruz sigue siendo tierra de nadie, con impunidad y muchos asesinatos de personas. OPINA carjesus30@hotmail.com
