La costumbre de ver la realidad del presente con ojos del pasado merece un certificado de conservador, o simplemente de estar fuera de la realidad, pero como ahora algunos delincuentes del pasado intentan recurrir a la desmemoria de los mexicanos, se intenta revivir aquella añeja versión del preso político que ellos mismo practicaron sin sonrojo alguno.
Porque no tardan en gritar los sobrevivientes de la corrupción que son presos políticos, aunque deberían ser políticos presos por el delito de corrupción.
En el pasado, en regímenes del PRI y del PAN, la conciencia despierta, el activismo, el liderazgo natural, la crítica, eran motivo suficiente no sólo para encarcelar sino para desaparecer a quienes a los presidentes del país no les gustaba escuchar. Se les inventaban delitos, porque el Poder Judicial estaba bajo las órdenes del Ejecutivo. Eran los siervos del presidente.
Ahora, ante la ausencia de presos políticos reales, los delincuentes de cuello blanco quieren ampararse en esa figura del pasado que nunca debió existir en una democracia, pero a la que ellos recurrían como la mejor manera de deshacerse de sus contrincantes políticos, aunque fueran de su mismo partido. Ejemplos hay muchos.
Algunas veces se preguntará más de un mexicano la razón por la cual personajes como Felipe Calderón siguen hablando hasta por los codos contra el presidente López Obrador, contra la administración pública, a pesar de tener una gran carga de delitos y asuntos pendientes con la ley. La respuesta es rápida y ya ha comenzado a mostrarse: quieren aparecer como víctimas por lo que dijeron y evitar ser juzgados por lo que hicieron.
Así, mientras tengan medios para hacer escuchar sus insultos construyen el puente para que sean considerados presos políticos, y hay medios que esperan desde el amanecer hasta el anochecer declaraciones de personajes como Felipe Calderón para darle primera plana y a veces ocho columnas.
El expresidente panista, a pesar de ser señalado por García Luna y Emilio Lozoya como presunto cómplice de muchos delitos, que van desde los más graves hasta los más comunes entre los funcionarios del pasado, sigue diciendo que la justicia y el Presidente en turno le harán los mandados, que a él no le asustan las investigaciones.
Desde luego que para Calderón es de vital importancia seguir hablando para tener la coartada de la persecución por motivos de disidencia o de conciencia.
Así como Calderón, hay muchos que encuentran en las declaraciones contra la actual administración pública, que ven en la categoría de preso político la única salida a la impunidad. Los funcionarios públicos del pasado deben ser audaces y hasta estridentes a la hora de referirse al actual gobierno, porque mientras más insultan y mienten, más llaman la atención y tienen en ese insulto lo que han querido denominar como libertad de expresión y contrapesos discursivos con el actual poder.
No son pocos los funcionarios públicos que tienen en la posibilidad de ser considerados presos políticos la única manera de salvarse de la cárcel y, al mismo tiempo, capitalizar su disidencia para tratar de aparecer como blancas palomas. No lo son, tienen cuentas pendientes con la justicia y se les juzga por hechos y no por dichos. PEGA Y CORRE. – La oposición se desgarra las vestiduras por las muertes a causa de una pandemia mundial, que no pueden evitarse, pero son incapaces de reconocer que en México hay actualmente 73,201 personas no localizadas, que desaparecieron en sus gobiernos, según datos proporcionados por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la secretaría de Gobernación. Las desapariciones son un acto premeditado, a veces encubierto por autoridades, las muertes por la pandemia nadie pudo evitarlas… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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