Cuando México entró a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el 18 de mayo de 1994, el país comenzaba su ruta hacia su enésimo abismo, de la mano de Carlos Salinas de Gortari, que no pudo cumplirnos aquello de que ingresaríamos al Primer Mundo.
Por otra parte, nunca me ha quedado claro qué hace México en el G-20, grupo donde están las economías más grandes del planeta. Pero ahí lo empotraron; como el vecinito pobre junto a sus amiguitos ricos.
¿Para qué nos ha servido estar en la OCDE? Para que tiro por viaje nos digan nuestras verdades, por ejemplo: que México es último lugar entre los miembros de ese organismo en materia educativa y en servicios de salud. Que México es el país con menor crecimiento económico de la OCDE; calificación que se ha hecho costumbre los últimos cuatro años. Y que México es el país con mayor número de niños desnutridos de la OCDE.
Pero ahí seguimos.
Esta vez la OCDE, vía Transparencia Internacional, dio a conocer que México retrocedió dos puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción en 2022, al caer del lugar 124 al 126 de 180 países evaluados. Es decir, mientras más se baja, más corrupto se es.
Pero la información agrega un dato bárbaro: “Entre los 38 países que integran la OCDE, México ocupó la última posición. Y en el llamado G-20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y Rusia ocuparon los últimos lugares”.
Lo anterior reafirma y confirma que la corrupción no se acaba por decreto.
¿Y cómo anda Veracruz en corrupción?
Futa…
Si tomamos como parámetro que los funcionarios estatales llegaron al poder con una mano atrás y otra adelante y ahora viven en zonas exclusivas, conducen autos de lujo, comen en buenos restaurantes y poseen abultadas cuentas bancarias, saca tus conclusiones, lector.
¿Todos son así? No, claro que no, hay honrosas excepciones. Pero en poco más de cuatro años el grueso de ellos pasó de pránganas a millonariazos saltándose sin el menor rubor las etapas intermedias.
Y casi nadie se mantiene al margen del jaleo de la rapiña.
En diciembre pasado, el diputado del PRI, Marlon Ramírez Marín, denunció ante el Congreso local el caso de Araly Rodríguez, una maestra de escuela con plaza en Cosoleacaque que percibe un salario de 7 mil 200 pesos, pero que aparece como proveedora del DIF estatal, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública con contratos que sobrepasan los 100 millones de pesos. Araly es proveedora de sillas de ruedas para el DIF, aparatos auditivos para la secretaría de Salud y uniformes para los policías de la SSP.
Agarrado de bajada por la denuncia, el gobernador Cuitláhuac García no respondió en un principio, pero ayer reconoció el hecho y dijo que su administración “está investigando” a la mujer.
“Ella no es un fantasma, ella es real y, en efecto, tiene esos contratos y los estamos investigando. Nosotros pensamos que es prestanombres de otra empresa… Pero eso sería lo de menos, nosotros queremos ver si no están evadiendo impuestos. Ya se le llamó, se le dijo ‘a ver, ¿qué pasó ahí?’ Y confesó ‘yo soy sólo representante de esa empresa, no soy dueña’”, indicó el gobernador.
En entrevista con el diario Reforma, el también líder estatal del PRI advirtió que el de Araly Rodríguez es solo un ejemplo, la punta del iceberg de las irregularidades que desde el inicio de esta administración se registran en la entidad en materia de contratos.
Dijo que han detectado Registros Federales de Contribuyentes de nueva creación y empresas que se conformaron a partir del inicio de este gobierno, que tienen el grueso de los contratos de obra pública.
Marlon Ramírez finalizó diciendo que ya presentaron la queja formal ante la Contraloría General del estado no sólo por el caso Araly, sino por una serie de contratos otorgados por asignación directa. Pero hasta el momento la Contraloría “no nos ha dicho nada”.
Ni les dirán lector.
Si antes hubo corrupción, no llegó a extremos de tener a México como el país más corrupto del mundo, “logro” que hay que apuntarle a la 4T. Y en ese sentido, Veracruz no se anda por las ramas como uno de los estados más corruptos del país.
Aumentan los ingresos y aclara Lima Franco
El 2022 fue un buen año para la recaudación de ingresos en la entidad ya que aumentaron en un 20 por ciento en relación al año anterior, al recaudarse 13 mil 400 millones de pesos, declaró el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco.
En entrevista con un portal de noticias el funcionario indicó: “Hemos visto la evolución de los ingresos propios y afortunadamente este 2022 que cerró, traemos una estimación cercana a los 13 mil 400 millones de pesos, comparado con los cerca de 10 mil 800 del 2021, hay un aumento de más del 20 por ciento”.
Lima Franco dijo que esto se debió a los beneficios y alternativas que se ofrecieron a los contribuyentes, como el programa de condonación a aquellas personas que hicieron el canje de placas, también las facilidades que se ofrecieron a las personas que tenían adeudos de impuesto de nóminas, etc.
Indicó que estos recursos permitirán al gobierno estatal hacer más obra pública, así como el aumento salarial que propuso el presidente de la República a los docentes estatales que no estaba presupuestado en las finanzas.
Si se toma como base que en los últimos años la recaudación había disminuido de manera preocupante, la noticia que dio el joven funcionario es excelente para el gobierno estatal, pero sobre todo para los veracruzanos.
En otro orden de ideas y como es de todos sabido, cuando Javier Duarte dejó la gubernatura también dejó embarcados a los alcaldes a quienes quedó a deber recursos federales por una multimillonaria cantidad. En aquel entonces los alcaldes tomaron el Palacio de Gobierno, hicieron plantones y nomás no les pagaron, por lo que recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que falló a favor de los municipios.
El problema es que no hay dinero y los alcaldes están acusando al gobierno estatal de retener esos recursos por lo que el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco salió a dar la cara.
Dijo que es falso lo que dijeron los alcaldes de que esos recursos los tiene el gobierno estatal y no les quiere pagar. “Es falso, son recursos que no tiene el estado, que no sabemos si se los gastaron, si se desviaron para otra cosa, lo cierto es que no los tenemos”, manifestó el funcionario.
Agregó que el tema lo están tratando de la mano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a quién le corresponde definir lo que procederá, pero no echó el problema al olvido al asegurar que atenderán las indicaciones y las sentencias que están siendo emitidas por la SCJN.
Expuso que si se llegan a dar nuevas sentencias, el gobierno estatal tendrá que tomar recursos del presupuesto de 2023 para saldar los adeudos que provienen de los ejercicios fiscales 2015, 2016, e incluso de años anteriores.
Una papa caliente que sin duda enfriará el joven funcionario.
