Como parte de las comparecencias de organismos autónomos, diputados del Grupo Legislativo del PAN participaron en el ejercicio de rendición de cuentas realizado por la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, quien informó sobre las 11 mil 292 solicitudes de intervención recibidas durante el año 2017, las 880 quejas atendidas, las 56 recomendaciones emitidas, y la recomendación general realizada en materia de desaparición de personas.
Durante la primera ronda de preguntas y respuestas, el diputado Gregorio Murillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso del Estado, pidió conocer el número de casos de recomendaciones emitidas por el delito de desaparición forzada y el estado que guardan. Así como el seguimiento que se da a las recomendaciones emitidas a las instituciones.
La titular de la CEDH reveló que durante el año 2017 se emitieron 9 recomendaciones por desaparición y 3 por desaparición forzada, de las cuales 2 llevan un avance de 34 por ciento, y la restante, avance de 68 por ciento. Detalló que el avance se va midiendo por el cumplimiento de puntos en la recomendación emitida, en caso de omisión se recomienda a los peticionarios, interponer recurso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En la segunda ronda de preguntas y respuestas, cuyo orden es determinado por insaculación, el diputado José Luis Enríquez Ambell preguntó ¿cuántas recomendaciones han sido dictadas por tortura? ¿Qué instituciones son las que más infringen en éste acto? ¿Qué intervención ha tenido la CEDH en la investigación y erradicación de la tortura? Y ¿cuál ha sido el apoyo brindado a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas?
Al respecto, Namiko Mazumoto detalló que se han emitido 3 recomendaciones por tortura, dos de ellas emitidas a la Fiscalía General del Estado y una a la Secretaría de Seguridad Pública, donde una tiene un 22 por ciento de grado de cumplimiento, otra 68 por ciento, y la tercera 37 por ciento de cumplimiento. Indicó que la CEDH coadyuva en la capacitación de funcionarios públicos para informar y prevenir la tortura. En el caso de los colectivos de búsqueda, se les respalda con orientaciones jurídicas, acompañamientos y gestiones de diversa índole.
El legislador José Manuel Sánchez solicitó conocer las acciones implementadas en beneficio de la población en los Centros de Rehabilitación Social (CERESOS) de Veracruz, las medidas implementadas para disminuir los casos de uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas, el número de quejas interpuestas por periodistas y sus resoluciones, la cantidad de personas con discapacidad que se encuentran en los CERESOS y las medidas tomadas por la CEDH para garantizar el respeto a sus derechos humanos.
La compareciente indicó que se realizan visitas periódicas a los CERESOS de Veracruz, donde se reciben quejas y se han realizado 6 gestiones de amparo, 24 gestiones por situación jurídica, 4 de solicitud de traslado y más de 300 solicitudes de preliberación. En los CERESOS existen 165 personas con discapacidad, entre las medidas tomadas se encuentra la supervisión de estancia digna, inclusión en las actividades de los reos, facilidad de desplazamiento y tratamientos médicos.
Abundó que en 2017 se recibieron seis quejas por violación al derecho de libertad de expresión y 31 solicitudes de intervención de antecedentes, gestorías y orientaciones, realizadas por periodistas. En relación a las manifestaciones públicas, se ha capacitado a más de mil funcionarios públicos con un contenido denominado “uso excesivo de la fuerza pública” realizado por la Comisión a su cargo.
La comparecencia fue dirigida por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables: Gregorio Murillo Uscanga, presidente; Lourdes García González, secretaria; y Amado Cruz Malpica, vocal.
