Se advirtió que le caló, que le cala la crítica. Al presentar –es un decir porque echó por delante a los secretarios de despacho para que ellos dieran el informe por áreas– su sexto y último informe de gobierno, Cuitláhuac García Jiménez, soltó una frase dominguera: “Dirán lo que digan nuestros adversarios y uno que otro incrédulo, ahí están las obras, las acciones y los resultados de la Cuarta Transformación”.
Fue lo más relevante que expresó en una despedida sin pena ni gloria, con lo que trató de justificar que el mayor tiempo frente al micrófono lo consumieron sus colaboradores, con el propósito, dijo, de romper el protocolo a fin de que no solo él rindiera cuenta a los veracruzanos.
Para empezar, la regla clásica es que un protocolo nunca se puede romper; luego, el responsable del gobierno ante los veracruzanos es él pues a él lo eligió el voto popular y él es quien estaba obligado a darle cuenta a los gobernados; y tercero, sí, tiene resultados pues algo tenía que haber hecho en seis años, ni modo que solo se la pasara cobrando.
Él es quien debió haber hecho el recuento de lo que se hizo, de lo que queda a medias y de lo que no se pudo hacer y haber explicado por qué; los secretarios son sus empleados, ya que él los nombró, y como responsables de sus áreas deben rendirle cuentas, administrativamente, a él, pero, además, se olvida que para eso son las comparecencias ante el Congreso local para, a través de los diputados, informar al pueblo el estado de cosas que guardan sus dependencias. Ya terminó su gobierno y ni él ni sus asesores ni sus colaboradores aprendieron nunca qué es y para que sirve un protocolo, que hay mecanismos e instancias legales para proceder y que en aras de parecer novedoso no se puede improvisar y romper las normas ya establecidas.
Y la incongruencia que lo ha caracterizado quedó también de manifiesto. Atrás de él había una leyenda que decía: “6tº Informe de Resultados. Gobierno de la Transformación 2018-2024”. Se supone, pues, que ya era el último y definitivo pero, de pronto, soltó: “Pueblo de Veracruz, les informo que hemos decidido hacer una breve descripción del trabajo que durante casi un sexenio hemos venido realizando. No es el informe formal de este año, porque aún no acaba y ese lo he de entregar puntualmente como la Constitución local me obliga, el 15 de noviembre de los corrientes (sic) ante el Congreso, sin embargo, los tiempos se aceleran, son inéditos”.
O sea, sí rindió, según la leyenda, su sexto y último informe (lo rindieron los secretarios), pero resultó, según dijo, que no fue “el informe formal” sino solo “una breve descripción” porque el último y definitivo lo entregará el 15 de noviembre al Congreso local, y justificó su batidillo diciendo que porque los tiempos “se aceleran, son inéditos”, en lugar de ser directo y aceptar que el acelerado es él porque se muere de ansias por botar su responsabilidad e irse como funcionario burócrata de cuarto nivel al gobierno federal, que no al gabinete presidencial ni al equipo cercano a Claudia Sheinbaum. En los hechos, será, pues, el único gobernador en la historia de Veracruz que presente ¡siete informes de gobierno!
Se supone que el de ayer fue el formal porque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo representar por la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, Edna Elena Vega Rangel, una funcionaria de bajo nivel, lo que dio idea de la importancia que le concedió AMLO al informe y que le da a Cuitláhuac al final de su administración. Tampoco asistió la gobernadora electa, Rocío Nahle.
Dijo, pues, que todavía no se va, que lo seguiremos viendo en los últimos meses de su periodo de gobierno. “No me despido, nos seguiremos viendo”.
Presumió de resultados, pero no dijo que hay de resultados a resultados: deja el estado con las carreteras destrozadas, con un sistema de salud con muchas carencias, con alta cifra de víctimas de la violencia y desaparecidos (hombres y mujeres) así como de feminicidios, con altas tasas de desempleo, con una impunidad de 100 por ciento de las policías, pues nunca se castigó a quienes atropellaron a la población, con un sistema de grúas para robar a la población, con policiales viales que asaltan a conductores con cualquier pretexto, con cero casos de corrupción castigados, con un escandaloso subejercicio de recursos devueltos a la Federación, sin devolver ni aclarar a dónde fueron a parar los 300 millones de pesos que según la fiscal general del estado y él encontraron escondidos en la fiscalía, en fin.
Tampoco aclaró ni justificó por qué en lugar de atender necesidades prioritarias optó por obras que no urgían, como la reconstrucción del estadio de futbol Luis “Pirata” de la Fuente, lo que equivalió a lo que tanto criticaron los de Morena, las obras de relumbrón de los gobiernos priistas, ni dijo a los veracruzanos por qué no exige cuentas a las empresas que construyeron carreteras de muy mala calidad que con las primeras lluvias quedaron peor que como estaban.
Tanto cacareó que se iría en forma anticipada y ahora sale con que todavía va a enviar su séptimo informe en noviembre, último mes de su sexenio; o sea, sí, pero no, una inestabilidad que pinta lo que realmente ha sido y será su gobierno hasta el día en que se vaya.
Crítico de Cuitláhuac, asistió Manuel Huerta
Quien estuvo presente fue el senador electo Manuel Huerta, el único crítico de Morena al gobernador saliente.
Todavía el sábado el diario Notiver publicó que el exdelegado de Bienestar criticó que mientras que en Oaxaca se construyeron cuatro mil kilómetros de caminos artesanales, no se observó lo mismo en el estado, ya que se construyeron solo 60 kilómetros.
Insistió en el caso del estadio “Pirata” de la Fuente: “Yo, con sinceridad, creo que hay muchas prioridades; lo he manifestado, no entiendo qué necesidad teníamos de tirar el “Pirata” Fuente y volverlo a levantar; si era necesario, todavía no se ve claro que regresen los Tiburones”.
Se pronunció a favor de que se practique una auditoría por la controversia que generó la inversión de 1,660 millones de pesos que se destinó a la obra.
Gómez Cazarín sí fija fecha para irse
El que sí dio fecha definitiva para solicitar licencia al cargo de diputado local fue Juan Javier Gómez Cazarín: a más tardar el 15 de septiembre, o sea, a solo 15 días de que termine su gestión.
El dos veces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local confirmó que aceptó la invitación para integrarse al nuevo gobierno federal.
