Reforma al Poder Judicial ¿y a policías y fiscalías cuándo?

’18/12/2024’
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*Son infinidad de atrocidades cometidas por la GN y la FC

*En Veracruz gobierno solapa ilícitos de policías y tránsitos

 

MAS QUE una reforma al Poder Judicial Federal y de los Estados, lo que el País necesita es una urgente depuración de los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, entiéndase esto último por una limpieza a fondo en las Fiscalías locales y, por supuesto en la general de la República, y que decir de los cuerpos policiacos como la Guardia Nacional –traducida en Fuerza Civil en el Estado de Veracruz que no acaba de desaparecer, cometiendo, pese a la promesa gubernamental un sin fin de desmanes que a la fecha siguen cobrando vidas y, lo peor, es que Cuitláhuac García Jiménez ya no cuenta con dinero para nada, por lo que agentes policiacos y de tránsito buscan como completar el bono de retiro, extorsionando a ciudadanos a los que amenazan y despojan. Aclaramos: no todas las corporaciones están podridas ni todos los elementos, pero al percatarse algunos que el mandatario Estatal solapa por comodidad lo que sea, sobre todo cuando va en contra de sus adversarios, pues simple y llanamente, hacen de las suyas-. Y esto mismo ocurre, incluso, en instancias Federales, como la tan aclamada Guardia Nacional, la que un día sí y el otro, también, forman parte de las ocho columnas de los principales medios debido a la anarquía con la que conducen sus actos, y el más reciente acaba de ocurrir durante un operativo realizado en el cuartel de la 70 Compañía de la GN en Tepatitlán, Jalisco, donde a cinco elementos les encontraron más de un millón de pesos en maletas y uniformes, esto, luego que un inspector de la Guardia Nacional recibió informes sobre la posible comisión de un delito. Los cuatro involucrados resultaron ser: el suboficial Héctor “N” quien tenía cinco mil dólares; suboficial Pedro “N” con un cargador de pistola 9 milímetros y una pistola de gas (Balinés). Al oficial Jaime “N” le localizaron seis mil pesos y al suboficial Nancy “N” le encontraron cinco mil dólares y tres mil 500 pesos, mientras que al suboficial Javier “N” le detectaron en el interior de una maleta, debajo de la malla protectora, 30 mil dólares y 100 mil pesos, y en un uniforme gris la cantidad de 54 mil pesos y dos mil 820 dólares. En la misma inspección se detectó una bolsa color rosa con cuatro armas de fuego y un cargador.

 

LOS MILITARES que rindieron el informe señalan a los involucrados como miembros de la extinta Policía Federal, aun cuando todos pertenecen a la Guardia Nacional provengan de donde fueren, y en ese tenor reconocen que no sucede así cuando atrapan a un elemento de la GN y es de procedencia de la Secretaría de la Defensa Nacional o Marina. En ese contexto asumen que se violentaron los derechos de los integrantes al permitir la difusión de sus datos personales, por dar a conocer las credenciales oficiales, tratando de inculpar a una extinta institución para liberar a la Guardia Nacional, cuando la realidad es que, sean de donde fuere, son miembros de la GN. También se rompió la cadena de custodia desde el momento en que los militares no utilizaron guantes al tocar el numerario y las armas, no permitieron la intervención de un perito del Ministerio Público (MP). Peor aún, se desconoce si contaban con una orden de cateo o lo sembraron, pues cabe mencionar que uno de los elementos que mencionan estaba ese día de descanso.

 

COMO FUERA, lo cierto es que la Guardia Nacional no es tan sacrosanta como lo pregona el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo demuestran las incontables atrocidades en las que ha ocurrido, como la del 14 de junio de este año, cuando elementos del Ejército detuvieron a los cinco agentes de la Guardia Nacional que días antes entraron a una casa en León, Guanajuato, cinco minutos antes del asesinato de cuatro mujeres, un niño de dos años y un bebé. La aprehensión se dio, cuando al Gobierno Federal no le quedo de otra antes las evidencias que quedaron grabadas en una cámara de video, por lo que el Presidente López Obrador explicó que se les investiga para deslindar si estuvieron implicados en la matanza y la detención fue por protocolo. Los policías federales se encuentran bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero a la fecha nada se sabe si se procedió contra ellos o se les dejó en libertad como suele ocurrir en muchos casos. Como bien se recuerda, aquel domingo una ráfaga de disparos rompió la calma de la colonia Industrial de León, Guanajuato. En la calle Pénjamo, un grupo de sicarios entró a una casa y asesinó a Naomi, Aracely, Nayeli y Ana Cristina. Tampoco hubo piedad para los niños que había con ellas: un bebé de meses y un niño de apenas dos años, pero el caso se volvió más complejo un día después, cuando las grabaciones de una cámara de seguridad mostraban que minutos antes de la masacre cinco agentes de la Guardia Nacional habían estado en esa casa. Estuvieron siete minutos en el edificio, del que salieron con una bolsa negra llena. Cinco minutos después, los sicarios se bajaron de la camioneta y entraron a la casa para cometer la masacre, como si los hubieran puesto.

 

EN VERACRUZ el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez anunció desde el pasado 24 de Junio la extinción de la Fuerza Civil, una dirección especial de la policía Estatal, esto tras la brutal represión de una manifestación de agricultores en Totalco, Perote, Veracruz que acabó con la muerte de dos campesinos. La desaparición de esa corporación se enmarcó en un momento de máxima tensión entre los grupos de defensa del agua de la región de Perote y la Administración estatal, que había cambiado su posición pública en los últimos días. El 20 de junio, el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental inició como una nueva protesta en la carretera federal que une Veracruz y Puebla. Los agricultores tenían un mensaje claro: que las granjas Carroll dejaran de acaparar el agua. Como antes habían protestado contra empresas como Audi o Driscoll, ese jueves el objetivo era aquella compañía porcina, que tiene 18 granjas entre Veracruz y Puebla. Los campesinos argumentan que las concesiones de la Comisión Nacional de Agua benefician a la empresa, mientras ellos no cuentan con líquido para regar sus campos. Además de la sobreexplotación de los pozos, los pobladores denuncian el desecho de aguas negras contaminadas con residuos biológicos y químicos por parte de la empresa.

 

PEROTE Y sus alrededores, como bien se sabe, se encuentran en sequía extrema. La falta de lluvias, unido al aumento constante de las temperaturas, ha acabado con las cosechas de los agricultores, que ven en contraste la situación privilegiada de acceso al agua por parte de las grandes empresas. Con ese lema, los campesinos cortaron la carretera. Hasta allá llegó la Fuerza Civil de Veracruz, corporación surgida en 2014 bajo la Administración de Javier Duarte, y fue presentada como una agrupación de élite dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, y en un momento de la protesta los agentes lanzaron gases lacrimógenos y terminaron abriendo fuego contra los manifestantes. Además de los heridos, perdieron la vida Jorge y Alberto Cortina Vázquez, de 37 y 27 años. La familia de las víctimas ha relatado que su tractor fue utilizado en el plantón y que cuando los hermanos trataron de quitarlo porque la policía había empezado a disparar al aire, también les dieron a ellos “a quemarropa”. Gabriela, una de las viudas, señaló que los dos cuerpos habían recibido múltiples disparos. Y esos son solo algunos casos de como los cuerpos que deberían garantizar la a seguridad ciudadana cometen asesinados o incurren en hechos delictivos, pero para ellos no hay reforma ni depuración, solo para el Poder Judicial que estorba a los planes de la Cuarta Transformación y en un acto de revanchismo será desaparecido, en tanto México se debate en masacres, feminicidios, extorsiones como en Tamaulipas que ha motivado el cierre de miles de negocios. Algo no encaja en los planes de seguridad de AMLO para el País. OPINA carjesus30@homail.com

 

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