Si por años estuvieron semiocultos y agazapados, de 25 años a la fecha ha salido del closet una interminable cauda de ladrones bandidos y corruptos, que han dejado a Veracruz en la más vil de las inopias. No es que antes no los hubiera (siempre han existido); con la salvedad de que antes no eran tan cínicos ni descarados “y robábamos poquito” según un clásico.
De 1998 al 2023 el atraco al erario ha sido consistente y ha crecido exponencialmente. En el gobierno de Miguel Alemán fue de 3 mil 500 millones de pesos; en el de Fidel Herrera fue de 14 mil millones; en el de Javier Duarte fue de 33 mil; en el de Miguel Ángel Yunes fueron 4 mil millones porque nomás gobernó dos años. Y falta saber lo que se llevaron en el gobierno de Cuitláhuac García, porque aún no se ha revisado la cuenta pública del 2024.
Pero esto no ha sido privativo del Poder Ejecutivo, también se registra en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo.
El caso más reciente son las 50 tablets que compró en el 2020 el Congreso local para igual número de diputados. Las tablets cuyo precio en el mercado oscila entre los 1,700 y 2 mil 600 pesos las más baratas, y entre los 19 mil y 22 mil las más caras, fueron compradas por 7 millones de pesos, lo que quiere decir que cada una costó 140 mil pesos.
¿Pues qué saben hacer?
Esto trae muy asoleado al presidente de la Jucopo, Esteban Bautista Hernández, que dijo que emprenderá acciones legales contra la empresa que las vendió y está bien. Pero y los que las compraron, qué.
¿Acaso no cotejan costos en el Congreso y compran a lo tarugo y a lo buey?
Comparar precios es hasta elemental lector. Si vas a una tienda a adquirir una camisa y te la venden cara, pero en otra tienda esa misma camisa te cuesta menos, no regresas a la primera camisería a pagar más por ella.
Pero en Morena se les hace muy chic comprar caro. La bronca es que lo hacen con recursos del erario.
No creo que el precio unitario de una Tablet en Publicontenidos Kapitel sea de 140 mil pesos. De entrada, todo huele a que pudo haber contubernio entre la empresa y el Congreso para inflar los precios.
El asunto será saber quiénes son los embarrados.
El diputado Bautista dijo que varios de los que hicieron el presunto chanchullo ya se fueron. Pero tan sencillo como ir por ellos ¿o no?
Ahora, quien ordenó que se pagara ese dineral fue Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Jucopo en ese tiempo y actualmente delegado de la Secretaría del Bienestar en la entidad. Pero de volada contestó que como presidente de la Jucopo fue objeto de cuatro auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación y obtuvo reconocimientos “por el manejo transparente de los recursos”.
No pus que bien.
Salvo tu mejor opinión lector, todo pinta para que se arme un enredo mediático, burocrático y judicial que terminará desvaneciéndose en las sombras del tiempo. Acaso entamben a un par de segundones y ya. Pero del dinero malversado no se volverá a saber nada.
Y es que si de Miguel Alemán a Miguel Ángel Yunes desaparecieron en números redondos 58 mil 500 millones de pesos (y si digo desaparecieron es porque nadie los ha vuelto a ver), ¿qué se puede esperar del destino de 7 millones para comprar unas tablets?
Ante tantas facilidades, los ladrones bandidos y corruptos seguirán saliendo del closet para multiplicarse como la verdolaga.
